Los 33 jueces que apoyaron el derecho a decidir de Cataluña no serán sancionados

El acuerdo de archivo señala que la actuación de los magistrados queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión, artículo 20 de la Constitución Española, aunque les reprocha éticamente su actuación.

El Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, magistrado del Supremo, señala que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, en el manifiesto, aisladamente considerado y en función de los datos en poder del Promotor, no puede apreciarse que los firmantes persigan una finalidad diferente que el mero traslado a la ciudadanía de una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político, actuación que queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión consagrados por el artículo 20 de la Constitución Española.

Añade que, en definitiva, "dan su opinión jurídica en defensa del derecho del ciudadano a participar en asuntos públicos, de decidir sobre posibles jurídicos, conducta que, como se acaba de adelantar, debe quedar amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión.

Por todo ello, el Promotor concluye que no se puede mantener la imputación de ilícitos sancionadores y archiva la información previa.

No obstante, Fonseca-Herrero considera que, en el plano de la deontología profesional, la actuación de los jueces y magistrados es censurable en la medida en que su actuación viene a menoscabar la confianza de los ciudadanos en la judicatura, esencialmente porque parten de una afirmación que carece de todo apoyo normativo y contradice la doctrina constitucional cuando, en forma implícita, vienen a reconocer a Cataluña la cualidad de sujeto jurídico y político soberano al afirmar tajantemente que: Hay que partir de un hecho que pensamos- no admite discusión: Cataluña es una nación Este hecho la realidad nacional de Cataluña- radica en la base de la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía de 1979 y 2006.

El acuerdo ha sido notificado tanto a los firmantes del manifiesto como al denunciante, Miguel Bernad, que actuó en representación del Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias.