La Fiscalía presenta la querella contra Mas por cuatro delitos en el 9-N
El departamento de Torres-Dulce acusa al presidente catalán, a Joana Ortega y a Irene Rigau de los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones
Mateo Balín
Viernes, 21 de noviembre 2014, 12:26
La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella criminal contra el presidente de la Generalitat, ... Artur Mas, la Vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, y la Consejera de Educación, Irene Rigau, para que se investigue la presunta comisión de cuatro delitos por la celebración de la consulta participativa del 9 de noviembre.
Se trata de los delitos de prevaricación administrativa continuada, desobediencia grave cometido por autoridades públicas, usurpación de funciones a la Justicia y malversación de caudales públicos, que conllevaría inhabilitación, según el artículo 432 del Código Penal.
En la querella, de 30 folios, se relata que el pasado domingo 9 de noviembre se celebró en Cataluña, así como en otras ciudades situadas fuera del territorio nacional, una consulta "planificada, auspiciada y financiada" por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Dicha convocatoria se articuló a través de la página web www.participa2014.cat que ha servido de órgano institucional de referencia, en el que se animaba a los ciudadanos a participar en la consulta.
Esta convocatoria, denominada proceso de participación, había sido suspendida, y así se recuerda en el escrito, por el Tribunal Constitucional reunido en Pleno el 4 de noviembre.
Conducta ilegal
La querella afirma: El Gobierno de la Generalitat, personado como parte en dicho proceso, y conocedor de sus obligaciones, desplegó sin embargo una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución, pues el proceso prosiguió hasta su consumación del día 9 de noviembre de 2014. En los actos de impulso han participado de manera personal y directa los querellados.
El fiscal considera que el Gobierno de la Generalitat (...) con el único y exclusivo fin de eludir el control jurisdiccional que hasta entonces se lo había obstaculizado, adoptó una nueva estrategia: la de impulsar el mismo proceso mediante actos jurídicos no formalizados y actos materiales de impulso, estableciendo una vía de comunicación con la ciudadanía por medio de la página web institucional www.participa2014.cat.
La querella relata diversas actuaciones del Gobierno encaminadas todas ellas a la celebración del mencionado proceso de participación ciudadana, como por ejemplo la existencia de la ya citada página web, mantenida activa en todo momento, así como la elaboración por parte de internos de un Centro Penitenciario de las papeletas de votación, así como la distribución de urnas asignadas a los respectivos centros de votación.
Los presos desarrollaron voluntariamente jornadas de doce horas de trabajo tanto el sábado 18 de octubre como el domingo 19 de octubre, urgidos por el Gobierno autonómico. El 30 de octubre el Gobierno exigió, vía correo electrónico, a las emisoras de radio privadas que emiten en Cataluña y a las cadenas privadas de televisión con sede en esa Comunidad que difundieran gratuitamente los anuncios de la campaña informativa de la consulta.
Preparación
La víspera del 9 de noviembre se franqueó el acceso a un número no determinado de Institutos de enseñanza media, Colegios y centros oficiales dependientes de la Generalitat.
La Generalitat de Cataluña ha incurrido igualmente en gasto de fondos públicos al poner a disposición de la realización de la consulta suspendida funcionarios públicos y al cuerpo de los Mossos d'Esquadra.
Igualmente, una empresa de mensajería distribuyó buzón por buzón la propaganda electoral con la que el Gobierno autonómico pretendía animar a los ciudadanos catalanes exhortándoles a pronunciarse sobre el futuro político de nuestro país el 9-N.
La cuantificación del dinero público gastado en la preparación y ejecución de la consulta suspendida deberá ser objeto de esclarecimiento en el procedimiento judicial.
El querellado Artur Mas, en el momento de depositar su voto, hizo constar ante los medios de comunicación que el responsable de la jornada era él mismo y su gobierno. Asimismo, ese día la querellada Joana Ortega compareció en varias ocasiones de manera oficial en su calidad de Vicepresidenta del Gobierno para dar cuenta ante los medios de comunicación de los datos de participación y resultados del procesos suspendido.
El conjunto de esas decisiones y actos jurídicos y materiales llevados a cabo por el Gobierno de la Generalitat han producido, a juicio de la Fiscalía, la completa ineficacia de los mandatos de suspensión cautelar contenidos en las providencias dictadas por el Constitucional los días 29 de septiembre y 4 de noviembre de 2014.
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