El Estado cofinanciará con las comunidades el aumento de beneficiarios de la justicia gratuita

El Gobierno ha anunciado que el Estado cofinanciará el futuro aumento de beneficiarios de la justicia gratuita con las comunidades autónomas, que han valorado esta medida, pero han pedido al Ejecutivo que aclare de qué manera las tasas judiciales van a contribuir a financiar este servicio.

Esta ha sido la principal cuestión que se ha tratado en la conferencia sectorial, que ha presidido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y a la que han asistido todos los representantes de las autonomías con transferencias en materia judicial, salvo el consejero catalán, Germá Gordó.

En rueda de prensa, Catalá ha destacado que el Gobierno cofinanciará con las comunidades autónomas el incremento económico que conllevan los futuros beneficiarios de la justicia gratuita, cuya reforma está en tramitación parlamentaria, mediante una enmienda a los presupuestos generales del Estado (PGE).

Las comunidades autónomas del PP han valorado este compromiso del Gobierno, pero han pedido al ministro que concrete cómo se producirá esa cofinanciación, al igual que Asturias, Canarias y País Vasco que han solicitado al Ejecutivo que aclare como se llevará a cabo esta medida.

Otros, como el representante de Aragón, han avanzado que si finalmente la enmienda a los PGE no se presenta o no se ajusta a su petición, acudirán a los tribunales como ya habían anunciado para reclamar lo que se les debe.

También el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en nombre de la Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Cantabria y La Rioja, ha transmitido al ministro la necesidad de que el Gobierno les devuelva parte del dinero que previamente han recaudado con las tasas judiciales.

Más crítico ha sido el consejero canario que ha explicado que cuando se aprobó la ley de tasas ésta tenía como finalidad financiar la asistencia jurídica gratuita que prestan las autonomías. Sin embargo, ha dicho, "no hemos recibido ni un sólo euro" por dicha prestación.

Ley de Tasas Judiciales

En cuanto a la Ley de Tasas Judiciales, Catalá ha reconocido la "tensión" que genera este asunto entre el Estado y las comunidades autónomas, a las que ha trasladado su intención de analizar el actual sistema para ver si "procede alguna modificación". Una iniciativa que "satisface" a los consejeros populares, pero que según el representante canario debe ser "urgente" y "profunda", mientras que País Vasco aboga por "un ajuste de las cuantías de las tasas que las haga proporcionadas".

Respecto al Registro Civil, cuya reforma estará lista en julio de 2015, el Gobierno ha trasladado a los consejeros autonómicos el mantenimiento de los puestos de trabajo, funcionarios e interinos, en todo el territorio nacional, incluidas las regiones que tienen transferidas las competencias en la materia. No obstante, Asturias, País Vasco y Canarias han mostrado su oposición a la misma porque consideran que "es una privatización encubierta del servicio".

Asimismo, los consejeros han destacado que el ministro les ha confirmado el mantenimiento de los partidos judiciales y los juzgados de paz, que era una reclamación de todas las comunidades autónomas, aunque se introducirán sistemas alternativos de reparto de las cargas de trabajo entre juzgados. Entre otros asuntos, el ministro ha dicho que se extenderá la implantación de la Oficina Judicial a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y que se destinarán 55,5 millones de euros para la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

Todos los consejeros han expresado el "cambio de talante" que se ha producido con la llegada de Rafael Catalá al frente del departamento, que se ha comprometido a mantener un mayor diálogo y consenso con las comunidades autónomas. Además, los representantes autonómicos han valorado la rapidez con que el ministro ha celebrado la reunión así como la próxima convocatoria de la Conferencia Sectorial, que tendrá lugar en las primeras semanas del próximo año.