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Sáenz de Santamaría y Fernández Díaz.
El Gobierno crea un registro único de fundaciones

El Gobierno crea un registro único de fundaciones

Estos organismos estarán obligados a publicar sus cuentas en sus respectivas webs como parte del principio de transparencia

María Eugenia Alonso

Viernes, 29 de agosto 2014, 14:24

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El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Fundaciones en el primer Consejo de Ministros del curso político tras el descanso estival. Según ha explicado Soraya Sáenz de Santamaría, el texto contempla la creación de un registro único -ya que actualmente hay siete-, que será público y estará en el Ministerio de Justicia. "Así lo pedían buena parte de los afectados", ha asegurado la vicepresidenta.

En su intervención ante los medios tras la reunión del Ejecutivo, Santamaría ha indicado que la nueva norma aprobada nace de la colaboración de los ministerios de Hacienda, Justicia, Educación y Sanidad, para cumplir con el artículo 34 de la Constitución. El objetivo de la misma, ha dicho, es "garantizar un mejor ejercicio del derecho de fundación, basado en el principio de transparencia".

Asimismo, Santamaría ha confirmado la creación de "un protectorado único", que es el órgano encargado de velar por el correcto funcionamiento de las fundaciones, y "se fomentarán las prácticas y códigos de buen gobierno". En este sentido, se requerirá que las entidades "publiquen en sus webs" los datos más relevantes sobre su actividad, cuentas anuales y cargos del patronato, como subvenciones y ayudas públicas recibidas.

Lucha contra el fraude

Por último, la vicepresidenta ha explicado que se impulsarán medidas de "lucha contra el fraude" para certificar que las ayudas y subvenciones "se destinan a las fundaciones adecuadas" y evitar así que estas organizaciones se utilicen para desarrollar actividades que no tienen que ver con los fines para las que fueron constituidas.

Además, se introduce un régimen sancionador que corresponderá aplicar al este protectorado. Los sujetos responsables serán los patronos y el secretario del patronato que no se encuentre entre los primeros, si se determina su responsabilidad individual en la infracción cometida.

Estas se dividirán entre leves, graves y muy graves y serán sancionadas con un abanico que va desde la amonestación a multas de entre 1.000 y 30.000 euros, pérdida del cargo de patrono o del órgano de gobierno que ocupe e inhabilitación para desempeñar esos puestos de entre cinco y diez años.

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