2012, pacto fiscal; 2017, independencia

Rajoy menospreció en un primer momento el movimiento soberanista y ahora afronta la mayor crisis de estado El sentimiento secesionista vivió una explosión inicial para estancarse a continuación y ahora retrocede

RAMÓN GORRIARÁN MADRID.

Tal día como mañana de 2012 se celebró la primera Diada multitudinaria por las calles de Barcelona. La Moncloa no le dio importancia; era, se pensaba en los despachos gubernamentales, una tormenta de verano que como viene, se va, un suflé que ya bajaría. Cinco años después, hay un referéndum de autodeterminación convocado para el 1 de octubre, un presidente de la Generalitat que puede ir a la cárcel con todo su Gobierno y un jefe del Ejecutivo central se encuentra ante el mayor reto de la reciente historia democrática.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Es la pregunta que corre de boca en boca. ¿Cómo es posible que lo que parecía una pataleta nacionalista, una más, se haya convertido en una crisis territorial de incierto desenlace? Es posible que la respuesta esté en el cúmulo de intransigencias, silencios y desprecios mutuos de este lustro. Nada hacía pensar que se llegaría hasta aquí cuando el entonces presidente catalán Artur Mas se presentó hace cinco años en la Moncloa con la reclamación bajo el brazo de un pacto fiscal para Cataluña, una suerte de concierto económico como el de Euskadi y Navarra. Mariano Rajoy respondió con un portazo. En aquel momento, y pese a gobernar con una rotunda mayoría absoluta del PP, pensó que no podía descubrir un flanco que generaría un rosario de agravios comparativos.

Fue la chispa que avivó unas brasas aún calientes tras la estocada jurídica del Tribunal Constitucional, que un 28 de junio de 2010 resolvió un recurso del PP y declaró ilegales 14 artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, un texto que había sido aprobado por el Parlament, el Congreso, el Senado y refrendado en referéndum por la sociedad catalana en 2006. El partido de Rajoy se opuso casi en solitario al texto estatutario, y organizó una campaña de recogida de firmas por todo el país contra el Estatut. Aquello, la decisión del Constitucional y la campaña de firmas, fue un catalizador para que el sentimiento independentista prendiera entre los catalanes como nunca. De ser reclamada por menos del 10% de la población, la independencia pasó a ser defendida por el 50%. Pero ahí se ha estancado, e incluso retrocedido.

De vuelta a cinco años atrás, Artur Mas, acuciado por las movilizaciones callejeras contra sus duros recortes del gasto (tuvo que entrar en helicóptero al Parlament ante el asedio de los indignados), se subió al caballo de la independencia, y un político que nunca se había distinguido por veleidades soberanistas se convirtió en el primer separatista. Espoleado por la multitudinaria Diada de 2012, adelantó las elecciones convencido de un triunfo aplastante. No fue así, CiU perdió 12 escaños, pero el nacionalismo, gracias a Esquerra, retuvo la mayoría absoluta en el Parlament. En diciembre de 2013, Mas anuncia la celebración de un referéndum el 9 de noviembre de 2014 para ejercer el derecho a decidir. Rajoy pensaba y decía que todo era un despropósito; Convergencia, con la que había negociado innumerables veces, se decía a sí mismo, «era de gente de orden». Además, el PP había sido el socio del Gobierno de Mas entre 2010 y 2012. En su cabeza no entraba que fuera en serio, su concepción de la política no contemplaba semejante escenario. Los hechos, sin embargo, estaban ahí hasta que el Constitucional anuló la consulta.

El 9-N

Mas cambió el nombre de referéndum por proceso participativo y mantuvo la fecha. La Moncloa ninguneó y hasta ridiculizó la iniciativa mientras mantenía contactos por debajo de la mesa con el Gobierno catalán con la confianza de que el «sentido común» se impondría. Llegó el 9-N, se celebró, 2,3 millones de catalanes votaron, la tercera parte del censo, y arrolló el sí a la independencia. El Gobierno central había desdeñado un «simulacro estéril» y se encontró en la mesa con un desafío en toda regla.

De nuevo envalentonado por los números, el presidente catalán convocó elecciones anticipadas para el 27 de septiembre de 2015 con el marchamo de plebiscitarias. Para su sorpresa, la alianza de Junts pel Sí, (Convergència y Esquerra) vuelve a retroceder, aunque el soberanismo salva los muebles gracias a la irrupción de la CUP, que con sus diez escaños, permite al soberanismo retener la mayoría absoluta en el Parlament, aunque no la tenga en la calle, pues no llegó al 50% de los votos.

Otra vez un 9 de noviembre, pero de 2015, el Parlamento catalán aprueba una declaración de inicio del proceso hacia la independencia de Cataluña en 18 meses. Pero la CUP presenta una factura elevada por su apoyo, quiere que Mas no sea el presidente. Se resiste, pero cede y el 10 de enero de 2016 Carles Puigdemont es nombrado presidente de la Generalitat y ocho meses después anuncia el referéndum para la secesión. En junio pasado, pone fecha, el 1 de octubre.

Para entonces, el Gobierno de Rajoy ya ha calibrado la dimensión del desafío y los tribunales han condenado a Mas y tres de sus consejeros por la organización del 9-N. Pero el soberanismo ya no cede ni escucha. Su única agenda es «referéndum sí o sí». La Moncloa ya no tiene cartas que jugar ni nada que contraponer al órdago separatista. Salvo poner en marcha todos los mecanismos constitucionales y legislativos para impedir la votación. La Generalitat se declara insumisa y el Parlamento de Cataluña aprueba este 6 de septiembre la ley del referéndum y Puigdemont firma el decreto de convocatoria.

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