El TSJA paraliza cautelarmente el nombramiento de directores generales en el Ayuntamiento de Marbella

El TSJA paraliza cautelarmente el nombramiento de directores generales en el Ayuntamiento de Marbella

La decisión se adopta a instancias del recurso planteado por el grupo socialista contra el procedimiento de selección y el reglamento

Mónica Pérez
MÓNICA PÉREZMarbella

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado la suspensión cautelar del nombramiento de los directores generales en el Ayuntamiento de Marbella. La decisión se produce a instancias del recurso planteado el pasado mes de febrero por el grupo municipal socialista contra el procedimiento seguido por el equipo de gobierno bipartito (PP-OSP) para la elección de once directores generales y un adjunto a la dirección general.

La Sala estima, según el auto al que ha tenido acceso SUR, la medida de suspensión cautelar «del acto impugnado con imposición de costas a la Administración demandada hasta el límite de 300 euros». En concreto, el grupo socialista había solicitado la suspensión cautelar de la Disposición Adicional Tercera del Reglamento de Coordinadores y Directores Generales, en la que se recoge el catálogo de los puestos de directores con los requisitos exigidos, y también del acuerdo que aprobaba las bases para su nombramiento.

La decisión judicial, contra la que cabe recurso de reposición, deja por tanto sin la figura de director general al Ayuntamiento. La mayoría de ellos (6 de los 11) habían ocupado previamente puestos de asesores del equipo de gobierno, por lo que queda por ver si ahora regresarán a su anterior cargo. Hace solo unas semanas se formalizaba el nombramiento de los 11 cargos y un adjunto a la dirección general.

Los socialistas basaban su recurso en un argumento claro. Entienden que en dicho procedimiento «no se han respetado los principios igualdad, mérito y capacidad que fijan la Constitución y las leyes». El concejal y exalcalde José Bernal aseguraba que las bases «están hechas a medida y dirigidas». Por ello decidieron presentar un recurso contencioso administrativo ante la sala del TSJA contra el acuerdo de pleno de septiembre pasado en el que se dio luz verde al reglamento y al acuerdo de Junta de Gobierno local de 2 enero en el que el Ejecutivo local aprobó las bases de la convocatoria. En su recurso argumentaban que se contraviene el apartado 3 del artículo 130 de la Ley de Bases de Régimen Local, pero además el artículo 7 del propio reglamento. Referido al primer punto, en el que se recoge que deben respetarse los principios de igualdad y capacidad, el PSOE hace referencia al hecho de que para optar a iguales puestos, para unos se exija ser funcionario y para otros no. El concejal José Bernal exponía en rueda de prensa un ejemplo de ello. El caso del director general de Cultura en San Pedro para el que no se exigió a los candidatos ser funcionarios, mientras que para el mismo cargo en Marbella sí se exigió. Entienden los recurrentes que la excepción de no ser funcionario debe ser generalizada entre los mismos puestos «y no para unos sí y otros no dentro de la misma función».

La batalla entre PSOE y PP en torno al reglamento para contratar a directores generales en el Ayuntamiento suma de esta forma un nuevo capítulo que acaba, otra vez, en los tribunales. Los populares aprobaban en septiembre pasado, tras la moción de censura, el documento de reglamento de directores generales que el anterior gobierno tripartito había empezado a tramitar y que tanto la Abogacía del Estado como el propio PP recurrieron. Si bien la ley establece que las direcciones generales deben ser ocupadas por funcionarios, igualmente recoge que ello será así «salvo que el reglamento orgánico municipal permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición». El gobierno tripartito quiso introducir esa excepcionalidad en el reglamento para todos los cargos. Al grupo municipal del PP no le convencía entonces –estando en la oposición– esa idea y llegó a presentar un recurso contencioso administrativo. Previamente la Abogacía del Estado también había presentado un recurso por entender que no se ajustaba a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.

El reglamento que finalmente salió adelante en septiembre recogía esa excepcionalidad pero con una novedad, incluyendo un catálogo con la denominación de los cargos a los que se les aplicará la excepción. Desde el PP se viene defendiendo que el planteamiento del proceso de selección seguido es «calcado pero con correcciones al diseñado en su día por el PSOE» . «Se justificaron las posibles excepciones a la regla general de que todas las plazas deben ser cubiertas por funcionarios, mientras que para los socialistas la excepción era general y todas las plazas podían ser ocupadas por no funcionarios»; y, en segundo lugar, «se incluyó un órgano asesor integrado por técnicos encargados de la selección».

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