El TSJA no ve justificación para autorizar las 57 cámaras de videovigilancia solicitadas para Banús

La avenida de Julio Iglesias es uno de los puntos en los que se ha autorizado por el TSJA la instalación de cámaras. /Josele-Lanza -
La avenida de Julio Iglesias es uno de los puntos en los que se ha autorizado por el TSJA la instalación de cámaras. / Josele-Lanza -

La Comisión de Garantías se opone a algunas de las ubicaciones al entender que no responden a los criterios de «idoneidad e intervención mínima en la privacidad»

Mónica Pérez
MÓNICA PÉREZMarbella

La Comisión de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no ve justificada la instalación de la totalidad de cámaras de videovigilancia incluidas en el expediente remitido por el Ayuntamiento de Marbella y que habla de un centenar de unidades, 57 de ellas solo en Puerto Banús. El órgano judicial apela a los principios de «idoneidad, intervención mínima y proporcionalidad» que deben regir la instalación de cámaras de seguridad en cualquier espacio público, como determina el Real Decreto 596/1999, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/1997 sobre la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. Entiende que tanto en el caso del proyecto municipal para Banús como para el Puerto Deportivo, solo se cumplirían en parte. Así consta en el acta de la Comisión a la que ha tenido acceso este periódico y en la que se analizan cada una de las cuatro zonas en las que el Consistorio marbellí ha previsto la dotación de videovigilancia.

El proyecto municipal, diseñado sobre el criterio policial (tanto del Cuerpo de la Policía Local como de la Policía Nacional) teniendo en cuenta las estadísticas de delitos, planteaba la instalación de 57 cámaras en la zona de Puerto Banús. La Comisión de Garantías de la Videovigilancia del TSJA ha emitido informe favorable respecto de aquellas unidades señaladas para las zonas del Muelle de Ribera, plaza Antonio Banderas, avenida de Julio Iglesias y el puerto. En estos puntos, recoge el acta, «tanto el número de infracciones penales detectadas como la gravedad de las mismas justifican la instalación de dichas cámaras atendiendo a los principios de idoneidad, intervención mínima y proporcionalidad». El dictamen no es favorable respecto de las restantes cámaras (sin especificar puntos de localización) al no quedar justificada, indican, «la procedencia de su instalación tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista prospectivo de las infracciones y delitos que pudieran cometerse en las zonas respecto de las que se emite este dictamen desfavorable».

La situación es similar para la dotación de la videovigilancia en el Puerto Deportivo de Marbella. Para este punto se han llegado a solicitar un total de 19 cámaras. El TSJA cree que solo tienen justificación sobre la base de las estadísticas de delitos y bajo los criterios de intervención mínima en la privacidad, aquellas planteadas para la zona del puerto anexa a la dársena.

El TSJA indica que la alerta terrorista y la afluencia de turistas no justifican por sí solos instalar 100 cámaras en Marbella Se ha dado luz verde a las 11 unidades para los accesos a La Cañada y a las 13 de Elviria

No pone objeciones la comisión al planteamiento que desde la ciudad se hace al proyecto de videovigilancia en la zona de accesos al Centro Comercial La Cañada, donde se van a instalar 11 cámaras, ni tampoco al referido a la zona del Centro Comercial de Elviria, para donde se han solicitado 13 cámaras.

Justificación

El informe del TSJA pone de manifiesto con carácter previo que «no basta la referencia a la alerta terrorista y a la incidencia del turismo para posibilitar la instalación de las 100 cámaras de seguridad solicitadas para el municipio de Marbella», e incide en que la autorización administrativa que debe conceder caso por caso la Delegación del Gobierno Central en Andalucía, una vez obtenido el dictamen favorable de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, «únicamente puede concederse observando el principio de proporcionalidad en su doble versión de idoneidad e intervención mínima».

Fuentes municipales apuntan a que las cámaras que han recibido el dictamen desfavorable del TSJA representan unas 15 unidades repartidas entre los dos puertos del total de 76 unidades solicitadas para ambos recintos.

El expediente municipal debe aún seguir su tramitación. La comisión del TSJA deja abierta la puerta a la posibilidad de que se pueda volver a solicitar autorización para las cámaras con dictamen no favorable con los pertinentes informes emitidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que justifiquen su instalación.

El proyecto de la videovigilancia se ha convertido en una prioridad para el Ejecutivo local bipartito del PP y OSP, que ya cuenta con 1,5 millones de euros para echar a andar la esperada iniciativa, fondos procedentes del Plan de Inversiones Sostenibles recién aprobado en pleno.

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