El tripartito se rompe tras dos años de luces y sombras

Miembros del PSOE, IU, OSP y Podemos, escenificaban su cohesión tras el primer acuerdo para aprobar el presupuesto. :: josele-lanza
Miembros del PSOE, IU, OSP y Podemos, escenificaban su cohesión tras el primer acuerdo para aprobar el presupuesto. :: josele-lanza

Se ha liquidado toda la deuda privada y reducido la pública un 28% tras refinanciar los pagos a la JuntaEl gobierno de Bernal deja un legado de logros en gestión económica y transparencia, y asignaturas pendientes como limpieza y el desbloqueo de los grandes proyectos

MÓNICA PÉREZ

DOS años de un gobierno que deja luces pero también sombras. Una gestión económica que ha permitido acabar con la deuda privada del Ayuntamiento, levantar el plan de ajuste y convocar bolsas de empleo. Un entendimiento con la Junta de Andalucía para refinanciar la deuda, y unos índices de transparencia y participación reconocidos dentro y fuera de la ciudad. La radiografía del Ejecutivo tripartito que OSP ha hecho saltar por los aires con una moción de censura de la mano del PP sitúa en el otro lado de la balanza la limpieza en la ciudad y el desbloqueo de los grandes proyectos como principales asignaturas pendientes. El análisis de la gestión ofrece caras bien distintas en función del color político con el que se mire y, sobre todo, de la posición que se ocupe a tres días del pleno en el que se formalizará, salvo sorpresa, la moción de censura que volverá a apear al PSOE de la Alcaldía de Marbella a la que llegó en 2015 tras cuatro mayorías absolutas del GIL, 14 meses de comisión gestora tras la disolución de la Corporación municipal en 2006 y dos mayorías absolutas del PP con Ángeles Muñoz al frente.

El Ejecutivo tripartito ha sacado pecho de su gestión en materia económica llegando a afirmar que con ella ha salvado de la bancarrota al Ayuntamiento. Quienes le precedieron en la casona de la Plaza de los Naranjos, el Partido Popular, no tardaron en defender su legado en el área económica, «muy alejado de una situación de bancarrota», incidiendo en el acuerdo alcanzado con el Estado para la refinanciación de la deuda de más de 300 millones de euros con la Seguridad Social y Hacienda que heredaron de la 'era GIL'.

Al PP no le salen las cuentas y ponen el acento en la «incapacidad» del tripartito de ejecutar el presupuesto municipal. De las invesiones contempladas en 2016 apenas se gastó el 38%. El gobierno municipal, sin embargo, viene defendiendo que se han realizado obras en barrios en los que el PP no había movido un ladrillo y cifran en 21 millones de euros lo gastado en actuaciones en barriadas en dos años.

Nuevas bolsas de trabajo

Una cifra de paro por debajo de 10.000 desempleados, un dato que no se registraba en el municipio desde hace una década. Este es uno de los argumentos más repetidos por los miembros socialistas del gobierno de Marbella a la hora de hacer balance, despedida y cierre de gestión. Ya sea por la labor desarrollada a nivel municipal o por el cambio de tendencia de la economía española en general, lo que sí se le reconoce al tripartito en materia laboral es la apertura de las bolsas de trabajo de las que tirar a la hora de contratar a personal eventural en el ayuntamiento. Fue una petición nacida del grupo de CSSP-Podemos y materializasa por el tripartito, que a finales del año pasado anunciaba la apertura de estos registros para contratar a 508 personas en las áreas municipales con mayor déficit de personal.

De forma paralela, el Ejecutivo ha defendido como uno de sus caballos de batalla en esta área el lograr la integración del personal de los organismos autónomos locales en la plantilla del Ayuntamiento. Un proceso destinado a acabar con situaciones como que dos trabajadores que realizan la misma tarea perciban sueldos diferentes. El compromiso anunciado por José Bernal sitúa en el 1 de enero de 2020 la equiparación salarial total entre estos dos grupos de empleados. El tripartito selló además la «paz social» con los sindicatos con la firma del último convenio.

El pasado mes de julio, sin embargo, la Junta de Personal, que representa a los cerca de 800 funcionarios de la plantilla municipal, comparecía públicamente pidiendo al gobierno tripartito un cambio de rumbo en la política de recursos humanos. Denunciaron lo que consideran su marginación por la política de personal del equipo de gobierno, al privilegiar en la estructura de mando a empleados nombrados o promovidos a dedo sobre los funcionarios de carrera.

La reactivación del sector de la construcción en Marbella como municipio considerado motor económico de la provincia se topaba hace dos años con la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella del año 2010 por el Tribunal Supremo. Ha sido una de las patatas calientes para el tripartito que tuvo que poner en marcha un complicado engranaje en una de las áreas municipales con más peso del gobienro, la de Urbanismo, y al que le costó arrancar.

Hoja de ruta del urbanismo

El departamento dirigido por la socialista Isabel Pérez tuvo que diseñar una hoja de ruta para devolver la seguridad jurídica al urbanismo de la ciudad en la que aún se sigue trabajando. A partir de ese momento era el plan general aprobado tres décadas atrás, en 1986, el que debía tomarse como base. Su actualización, su adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la aprobación de unas normas urbanísticas, y el trabajo paralelo para echar a andar la redaccion de un nuevo plan ha consumido los dos años de gobierno. El Ejecutivo local ha esgrimido en más de una ocasión el «desbordamiento» de trabajo en el área, alegando además falta de personal para responder a las críticas puestas de manifiesto por empresarios de la construcción debido a la demora de los tiempos para la concesión de licencias, lo que ha derivado incluso en que inversores hayan querido esquivar la problemática del urbanismo en Marbella poniendo el foco en zonas cercanas como Estetepona, Benahavís o Mijas.

Pese a todo, no se han dejado escapar dos importantes inversiones destinadas a ampliar la oferta turística de Marbella. De un lado, la futura construcción del Hotel W Marbella en la zona de Las Chapas. La cadena hotelera perteneciente a Marriott-Starwood y el grupo inversor Platinum Estates firmaban en marzo de este año un acuerdo de gestión para 30 años. La inversión en este caso asciende a 300 millones de euros para la construcción de un hotel cinco estrellas. También se ha concretado el proyecto para la repaertura del hotel Don Miguel de la mano de Club Med y del grupo Magna Hoteles, con una inversión prevista de unos 70 millones de euros. La gestión municipal en materia turística ha tratado de estrechar lazos entre el sector privado y el público y para que todos ellos estuvieran implicados en los proyectos de ciudad se constituyó el Foro de Innovación y Promoción Turística.

Ni Bajadilla ni hospital

Pese a los esfuerzos, los grandes proyectos de ciudad no han conseguido desbloquearse. La ampliación de La Bajadilla sigue su curso judicial tras el recurso presentado por la empresa concesionaria a la rescisión del contrato acordado por la Junta ante los incumplimienos de la sociedad en la que participa el jeque Al Thani. Menos avances, al menos que se hayan hecho públicos, ha tenido la paralización de la ampliación del Hospital Costa del Sol.

Las obras comprometidas por la Junta de Andalucía, y recogidas como compromiso en el pacto de gobierno, tampoco han dado el salto. Solo la construcción del paso elevado sobre la carretera de Ronda tiene empresa constructora asignada y presupuesto. El Instituto de Secundaria prometido sigue lidiando con los problemas urbanísticos del suelo objeto de la cesión. En cuanto al centro de salud, aún se está trabajando en la actualición del proyecto. El tripartito llegó a plantear el adelanto del prespuesto para su construcción, una oferta finalmente desestimada.

Si hay una puerta por la que más quejas han llegado al gobierno local, esa es la del área de Limpieza. El esfuerzo en la dotación de más material y personal ha llegado al final de los dos años de mandato, mientras los grupos de oposición y vecinos han tenido en este departamento el objetivo de buena parte de sus críticas.

Una de las exigencias planteadas desde las filas de OSP para cerrar el pacto de gobierno hace dos años contemplaba la recuperación de la tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara con la que el PP había acabado. La dotación de más competencias y más medios, sobre todo humanos, ha sido una reivindicación en estos dos años y uno de los puntos que finalmente ha hecho decantarse al consejo consultivo de OSP por la oferta planteada desde el PP, que ha puesto sobre la mesa 18 millones de euros del prespuesto municipal a gestionar por la tenencia de Alcaldía.

En manos de los sampedreños quedó el área de Cultura, envuelta en más de una polémica en estos dos años, como la que terminó enfrentando a patronos de la Fundación del Museo del Grabado y al propio Ayuntamiento. Los familiares del promotor de la pinacoteca llegaron a acusar al Ejecutivo local de no atender las necesidades del museo. A favor del departamente de Educación de Gema Midón está haber conseguido mantener el aula de la UNED en Marbella.

En materia de medio ambiente ha destacado, sobre todo, el empeño de la delegación dirigida por el edil de IU Miguel Díaz para blindar el entorno protegido de las dunas y mantener a ralla el cumplimiento de la legalidad en las concesiones de playas.

También dirigida por la coalición de izquierdas, el área de Participación abrió la puerta a los prespuestos participativos y ha conseguido elevar los niveles de transparencia en la gestión. Así al menos lo ha reconocido el último informe de la ONG Transparencia Internacional que ha otorgado una puntualización global de 95,80 puntos sobre 100 frente a los 46,70 que dejó el PP. Pese a ello, los populares han presentado en estos dos años decenas de denuncias al ver vulnerado su derecho a la información para fiscalizar al gobierno como grupo en la oposición, al no ser atendidas por el gobierno local sus peticiones para acceder a informes y expedientes.

Precisamente la materia judicial ha generado debate, y mucho, en estos dos años. El denominado 'caso PGOU', en el que se acusaba al gobierno del PP y a Ángeles Muñoz en particular de modificar la cartografía del plan general del 2010 acaba de ser archivado, con posibilidad de recurso. Este caso derivó de la polémica a raiz del expediente para el cambio de lindes abierto por la Junta y que el tripartito frenó, no sin pocas acusaciones a Muñoz de tener intereses personales en el deslinde.

A los juzgados fueron también las contrataciones de una docena de cargos de confianza y de alta dirección del PP que fueron despedidos y que han tenido que ser readmitidos con el nuevo gobierno tripartito ya que presuntamente sus contratos se produjeron «en fraude de ley».

Pero si hay dos casos que han hecho saltar a la escena nacional al goberno tripartito esos son sin duda las polémicas derivadas de la crisis en el seno de la Policía Local, y la que ha terminado abriendo una sombra de incertidumbre sobre la continuidad del Festival Starlite en Marbella.

El primero de los casos puso en el punto de mira al anterior jefe del cuerpo policial, José Andrés Montoya, en comisión de servicio en Marbella desde Vélez Málaga. Las desavenencias con el concejal Javier Porcuna quedaron el descubierto y Montoya quedó al pie de los caballos, nunca mejor dicho, al tener que asumir, al menos públicamente, la responsabilidad por la presencia de la unidad ecuestre de la policía en la boda de un cargo del PSOE. Luego llegaría el expediente abierto para investigar la supuesta implicación de agentes en el cobro de un aparcamiento no autorizado para un concierto en San Pedro.

Precisamente otro de los asuntos que acabó costándole el puesto a Montoya fueron las diferencias de criterio en torno de los horarios de cierre de Starlite tras la denuncia presentada por un un abogado de Podemos que acabado en manos de la Fiscalía. El 'caso Stalite' alcanzaba su momento de mayor tensión en este año, cuando había de renovarse el convenio sobre la cesión del auditorio de la cantera de Nagüeles, debido fundamentalmente a las diferencias ente la organización yel Ayuntamiento a cuenta del canon a pagar. El acuerdo alcanzado elevó esa cantidad anual de los 7.000 a los 121.000 euros.

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