Señalada para el 29 de este mes la vista en Argentina por la extradición de Carlos Fernández

Fotos de la ficha policial de Carlos Fernández en Argentina. /Sur
Fotos de la ficha policial de Carlos Fernández en Argentina. / Sur

Un fiscal federal del país austral representará al Gobierno de España en la audiencia, que no será pública

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

El exconcejal de Marbella Carlos Fernández se enfrentará el próximo miercoles 29 de noviembre en Argentina a la audiencia en la que se decidirá sobre su posible extradición a España. El juez Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal número 2 de la provincia de San Juan, ha fijado para ese día la vista en la que se confrontarán las posiciones del Gobierno español y de la defensa del exedil, que rechaza ser repatriado para responder por las causas judiciales pendientes en el país.

La audiencia se desarrollará a puertas cerradas y los argumentos de las autoridades españoles serán expuestos por el fiscal federal argentino Francisco Maldonado, según han explicado a este periódco fuentes del país austral.

Fernández, detenido el pasado 15 de septiembre en una localidad cercana a San Juan, capital de la provincia homónima situada a 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires, se encuentra desde entonces encarcelado en la prisión provincial de la localidad de Chimbas y a la espera de que se resuelva su futuro. Huido desde junio de 2006, el exconcejal lleva más de una década en Argentina, donde se ha casado y ha tenido dos hijos.

De acuerdo a lo establecido en el tratado de asistencia jurídica recíproca firmado por los gobiernos de España y Argentina en 1987, en este proceso se deberá determinar si los delitos por los que se reclama a Fernández se encuentran prescritos tanto de acuerdo a la legislación española como a la argentina.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros remitió a la Argentina la solicitud de extradición del exconcejal, a quien se reclama por seis causas judiciales cuya responsabilidad penal, según la posición de los juzgados españoles, aún no se ha extinguido. Las más relevantes son una causa que se tramitó en la Audiencia Nacional –la conocida como ‘caso Saqueo 2’– por la que se imputan al exconcejal los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, y el ‘caso Malaya’, instruido en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, en la que se lo acusa por un presunto delito continuado de cohecho.

Existen otras cuatro causas por las que se solicita la extradición del exconcejal. El Juzgado de Instrucción número 5 lo reclama por un procedimiento por un presunto delito contra la ordenación del territorio en el que Fernández está acusado de votar de forma favorable en 2003 por la concesión de licencias urbanísticas contrarias a la normativa vigente.

Causas urbanísticas

Asimismo, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella ha presentado dos solicitudes, ambas por delitos contra la ordenación del territorio. En la primera de ellas, los hechos se remontan al 14 de abril de 2004, cuando se aprobó el proyecto de ejecución de la entidad Renta 95, S.L. para edificar nueve bloques de viviendas plurifamiliares, si bien el reclamado conocía la imposibilidad legal de dicha decisión al exceder la edificabilidad permitida en una zona calificada como unifamiliar exenta. La segunda, corresponde a la aprobación el 5 de febrero de 2004 de otro proyecto similar de construcción de 42 viviendas unifamiliares por parte de la promotora TAU Tres, S.L., existiendo las mismas limitaciones normativas.

Fernández se encuentra encarcelado en Argentina desde el 15 de septiembre

La última de las ampliaciones de solicitud de extradición corresponde al Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella por supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial cometidos el 1 de abril de 2004 como miembro de la Junta de Gobierno Local. En esa fecha se aprobó un supuesto proyecto de instalación eléctrica e iluminación del Puerto Deportivo de Marbella por un importe cercano a los 480.000 euros a través de un contrato ficticio con una entidad denominada Entidad Mapulsur S.L. En realidad, dichas obras habían sido ejecutadas con anterioridad a costa de las arcas municipales, creando así una apariencia administrativa inexistente para apoderarse de capitales públicos.

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