razones de una decisión

OSP abordó su continuidad en el pacto de gobierno con más dudas que certezas, pero el descontento no fue suficiente para decidir un cambio de rumbo

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

Toda la atención política de la ciudad, en especial de los dos partidos mayoritarios, estuvo concentrada durante algunas semanas en cómo dar satisfacción a los reclamos de Opción Sampedreña. Más allá de la justicia o injusticia de estos, resulta fácil suponer que en el imaginario colectivo del 70 por ciento de los vecinos de Marbella, todos los que no residen en San Pedro, ha quedado la sensación de que sus intereses pasaron a un segundo plano. No se trata, sin embargo, de un reproche que pueda ser esgrimido en el futuro como munición de los dardos que PP y PSOE se seguirán lanzando con la frecuencia habitual; ambos participaron con similar ahínco en esta carrera por seducir a la fuerza que tenía en sus manos la posibilidad de inclinar la balanza y decidir quién gobernaría Marbella hasta 2019.

Durante algunas semanas, los concejales de OSP volvieron a vivir la experiencia de 2015, cuando fueron cortejados a izquierda y derecha y dejaron que la puja fuera subiendo mientras ellos decidían a quién daban su apoyo y con él, el bastón de mando municipal. En aquellos días hubo quienes incluso creyeron ver una teatralización excesiva con la que permitieron que la subasta continuara aún cuando la decisión ya se había tomado.

Es posible que llevados por la inédita sensación de estar en la cresta de la ola, en OSP albergaran la expectativa de ocupar durante los cuatro años siguientes el centro de la escena política, alimentados por el hecho de ser el único partido al que su indefinición ideológica permite mirar a izquierda y a derecha con posibilidad de llegar a acuerdos sin sentimiento de culpa ni temor a reproche electoral.

Pero esa esperanza de interpretar durante cuatro años el papel protagónico, si es que existió, sólo pudo ser consecuencia de una lectura deficiente del mapa político que arrojaron las elecciones de 2015 y de la naturaleza de las fuerzas que lo componen, porque la lógica geométrica de izquierda, centro y derecha no es la única que impera en política.

Es posible que en OSP vivieran como una sorpresa desagradable el limitado compromiso de Podemos con la estabilidad del equipo de gobierno que habían contribuido a investir y su independencia de criterio a la hora de apoyar cuestiones fundamentales como los presupuestos municipales o la hoja de ruta para superar el bloqueo urbanístico. Esa independencia –o falta de compromiso con la gobernabilidad, como se lo quiera llamar– puso durante gran parte de lo que llevamos de mandato municipal a la formación morada, y no a los sampedreños, en el centro del poder de decisión en el Ayuntamiento.

Es precisamente en la pugna entre Podemos y OSP por ocupar ese espacio decisivo donde deben buscarse gran parte de los motivos que llevaron al partido sampedreño a dudar acerca de si seguir en el gobierno municipal y a lo ajustado de la votación por la que se decidió continuar. La diferencia entre el 24-3 por el que su Consejo Consultivo optó por investir a José Bernal como alcalde en 2015 y el 16-12 por que el descartó echarlo con una moción de censura en 2017 se explica en gran medida por esa situación de incomodidad frente al protagonismo de Podemos.

Hay una segunda cuestión, que reside en el desencanto o en el baño de realidad –también en esta cuestión el lector puede elegir el término que más le encaje– en relación con las actuaciones pendientes de la Junta de Andalucía en San Pedro que supusieron un factor decisivo a la hora de decantarse hacia la izquierda tras las elecciones de 2015.

Cumplido el ecuador del mandato, los responsables de OSP vieron cómo ninguna de las tres actuaciones comprometidas hace dos años había siquiera comenzado a materializarse. Ni la pasarela peatonal en Las Medranas, ni el centro de salud, ni mucho menos el instituto. Los ediles del partido sampedreño creyeron, seguramente con una importante carga de ingenuidad o inexperiencia, que su apoyo decisivo para que el PSOE recuperara una Alcaldía relevante en la provincia de Málaga después de años de ostracismo político iba a ser suficiente para revertir la histórica falta de compromiso del Gobierno andaluz con Marbella. Pero hay inercias que parecen inapelables y los concejales de OSP pudieron comprobarlo en sus propias carnes cuando tuvieron que dar cuentas a su parroquia de por qué el Gobierno andaluz no cumplía con lo que el PSOE había firmado.

Por eso no fue casualidad que la semana en que, en su enésimo regate, la Junta rechazara firmar el acuerdo para que el Ayuntamiento adelantara la financiación del centro de salud, OSP estallara, reclamara un gobierno de concentración y tomaran estado público las reuniones que venían manteniendo con el Partido Popular para explorar las posibilidades de un cambio de gobierno. El resultado fue, tras arduas gestiones del secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, que la Junta asumiera la ejecución del proyecto y que la flamante consejera de Salud, Marina Álvarez, se estrenara en el cargo con una visita a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, donde firmó un convenio en el que su departamento asumía ese compromiso y cuya eficacia habrá que comprobar en los próximos meses.

Estas dos cuestiones –la incomodidad ante el obligado protagonismo de Podemos, un partido del que algunos miembros de OSP separa un abismo ideológico, y el desencanto con el Gobierno andaluz– fueron los que determinaron que los sampedreños tuviesen un debate de verdad, y no un mero paripé, antes de decidir si seguían formando parte del tripartito.

A un nivel al menos parejo con los dos anteriores estaba el asunto que se puso sobre la mesa, la falta de medios para ejercer la autonomía. La franqueza con la que se planteó este asunto revela la inexperiencia y también, en buena medida, la ingenuidad con la que los ediles de OSP plantearon hace dos años la recuperación plena de la autonomía de San Pedro y la falta de conocimiento sobre los laberintos y las trampas que esconde la gestión pública para quienes nunca antes han tenido experiencia de gobierno.

En OSP no ocultan su convencimiento de que el mapa político de Marbella no sufrirá cambios sustanciales en el futuro y que su papel de partido bisagra no es cuestión de solo un mandato. Por eso había responsables que opinaban que era necesario que se los empezaran a tomar en serio y que para eso había llegado el momento de dar un puñetazo sobre la mesa.

Pero hay imágenes que perduran más allá de cualquier argumento. La del concejal de OSP sacado arrastrado del salón de plenos por agentes de la Policía Local que cumplían órdenes de la entonces alcaldesa Ángeles Muñoz es posible que no se haya borrado aún de la retina de algunos de los miembros de ese partido. La de una dirigente con media cabeza puesta en Marbella y la otra media, en Madrid, es posible también que aún perdure. Que Muñoz se haya encontrado a 600 kilómetros cuando en Marbella sus posibles aliados debatían si la volvían a sentar en el puesto de mando no contribuyó a erradicar esa idea y debilitó la posición de quienes, en el seno de OSP, defendían la oportunidad de una moción de censura.

Starlite

Quienes creían que superado el capítulo de la decisión de OSP y confirmada la continuidad del gobierno tripartito la vida política entraría en su habitual estado de hibernación estival se vieron sorprendidos el viernes con el terremoto Starlite.

Desde que los promotores del festival decidieran este año quitar el nombre de Marbella a su logotipo se sabía que las relaciones con el Ayuntamiento no eran las mejores y el estallido era sólo cuestión de tiempo.

Algunos de los hechos que antecedieron al comunicado del viernes en el que la empresa arremetió contra el Ayuntamiento invitan a pensar que hubo más que un mero cúmulo de casualidades. El insistente interés de los promotores de la denuncia contra la empresa para que la noticia de una ampliación de la misma saliera publicada con gran despliegue durante el pasado fin de semana, la reunión de los ediles de Podemos con el alcalde reclamando rigor en el cumplimiento de los horarios, la Policía Local presentándose esa misma noche en el festival, la creciente presión de los empresarios que se sienten perjudicados por la extensión de horarios... Todo ello invita a pensar que estamos ante algo más que frente a la acción de un grupo político que ha convertido a sus ataques a lo que considera un festival para ricos en su principal actividad de verano. Hay intereses cruzados y es posible que algunos de los más entusiastas protagonistas de esta batalla ignoren qué clase de guerra están librando.

Las normas están para cumplirse y no existe coartada que pueda justificar su incumplimiento. Y es en ese marco en el que se debe trabajar para conseguir objetivos. En este caso, tiene que haber un pronunciamiento claro del Ayuntamiento. Ni a la ciudad le conviene que Starlite se vaya y a Starlite tampoco le interesa irse. A partir de ahí es donde hay que buscar una solución. Con liderazgo político.

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