EL PUERTO EN SU LABERINTO

EL PUERTO EN SU LABERINTO

La nueva sentencia sobre el puerto de La Bajadilla obliga a retrotraer al punto de partida todo el proceso. El destino de la ampliación ha escapado del ámbito político y se resolverá en los tribunales. Cuando toque.

HÉCTOR BARBOTTA

EL Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia que anula desde el principio todo el proceso por el que se concedió al jeque Al-Thani la ampliación y gestión del Puerto de La Bajadilla. La sentencia es del pasado 28 de septiembre y el acto que suprime -la mesa de contratación en la que se aceptó como licitadora a la UTE formada por una sociedad del jeque y el Ayuntamiento de Marbella- se celebró el 31 de marzo de 2011.

Como es sabido, aunque el nuevo puerto ya debería estar construido, en todo este tiempo el concesionario no movió una sola piedra. Cabe preguntarse qué hubiese pasado con esta sentencia, que llega seis años después, si los plazos se hubiesen cumplido y la inversión se hubiese efectivamente realizado. El lío sería mayúsculo.

Pero también cabe otra pregunta: ¿Cual sería ahora la situación si la justicia hubiese sido diligente y el jeque hubiese sido situado en su lugar -es decir, fuera del proyecto del puerto- sin haber dispuesto de seis años, y los que quedan, para tomarle el pelo a las instituciones y a los vecinos de Marbella?

Estaría bien que algún día los miembros del estamento judicial se vieran obligados, ellos también, a rendir cuentas por las consecuencias de sus acciones y también de su lentitud e indolencia.

La sentencia tiene, en una primera lectura, dos efectos. La primera es que pone de manifiesto que todo el proceso se llevó mal desde el principio y confirma que el momento en el que el jeque Al-Thani se interesó por la ampliación del puerto de La Bajadilla supuso una calamidad para la ciudad de Marbella. La segunda es que añade complejidad a la situación. No porque la sentencia no sea diáfana en cuanto a la exposición de motivos y conclusiones, sino porque seguramente será recurrida y la posible ampliación del puerto seguirá bloqueada en los tribunales. Si la Sala de lo Contencioso del TSJA tardó seis años en resolver, resulta difícil vaticinar cuánto puede demorar un eventual recurso ante el Supremo.

La sentencia del TSJA supone un varapalo en toda regla a la alianza entre el jeque y el Ayuntamiento de Marbella. Esta operación, en la época en que los políticos de todo signo daban codazos para aparecer en una fotografía al lado de Al-Thani, fue presentada en su día como un acto de generosidad del jeque hacia la ciudad y un éxito político de Ángeles Muñoz.

Pero en realidad, además de un profundo error que la entonces y actual alcaldesa haría bien en reconocer, no fue otra cosa que una estratagema planteada para permitir que el jeque pudiera acudir a un concurso público para el que no reunía los requisitos.

La sentencia es clara en ese sentido. Sostiene que la sociedad montada por Al-Thani para acudir al concurso no reunía las condiciones de solvencia económica acreditada, ya que su sociedad era de reciente creación y no atesoraba el umbral mínimo de facturación durante los tres años anteriores exigidos en el pliego de condiciones. Tampoco podía acreditar experiencia en la gestión de puertos deportivos, otro de los requisitos imprescindibles para poder concursar.

Sólo el deslumbramiento por el gasto desaforado que Al-Thani venía realizando sin ton ni son en el Málaga Club de Fútbol explica que el Ayuntamiento de Marbella, en una operación cuyo diseño se atribuye al entonces director de Urbanismo, Juan Carlos Fernández Rañada, firmara una alianza en la que la institución municipal aportaría los requisitos de solvencia que el jeque no reunía y que el Ayuntamiento se prestó a concederle.

No caben dudas de que sólo la expectativa cierta de una lluvia de millones que nunca llegó pudo inspirar aquella operación que ahora el TSJA ha descalificado de una manera tan rotunda.

Las miradas críticas se dirigen en estos días al equipo de gobierno municipal y la oposición, en su papel, no ha demorado en lanzar sus dardos. Pero la crítica estaría incompleta si no tomara en cuenta que la Junta de Andalucía dio en su día el visto bueno a la operación -la sentencia lo que hace es anular la decisión del Gobierno andaluz de admitir al jeque como licitador-, y que nada de esto hubiese pasado si la propia Junta hubiese optado por afrontar con sus propios recursos la ampliación del puerto, como ha hecho y hace a lo largo de todo el litoral de la Comunidad Autónoma, en lugar de dejar a Marbella a expensas de los caprichos del inversor-especulador de turno, tal y como también sucede con la ampliación del hospital.

Así, el puerto se encuentra ahora ante una doble situación de bloqueo. Por un lado, la sentencia conocida semanas atrás que suspende provisionalmente la decisión de la Junta de resolver el contrato de la concesión y apartar al jeque de La Bajadilla, lo que aborta cualquier posibilidad de que la ampliación vuelva a salir a concurso. Por el otro, esta última sentencia que anula todo el proceso de adjudicación desde el comienzo. Si la Junta estuviera dispuesta a desembarazarse del jeque seguramente no tendría más que aceptar la nueva sentencia, no recurrirla y volver al punto de partida. Aunque es posible que la UTE entonces desplazada reclame que se le adjudique la concesión y que sea el propio Al-Thani quien recurra su exclusión, será interesante conocer cuál es el próximo movimiento judicial del gobierno andaluz. Servirá, al menos, para conocer sus intenciones.

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