El PSOE lleva a los tribunales el proceso de selección de directores generales en el Ayuntamiento

La formación cree que no se respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad y que la mayoría de las 13 plazas tienen nombre y apellidos

MÓNICA PÉREZ MARBELLA.

Lo habían advertido la pasada semana y finalmente este lunes el grupo municipal socialista ha llevado a los tribunales tanto el procedimiento abierto por el equipo de gobierno para la contratación de 13 directores generales como el reglamento -aprobado en pleno en septiembre del pasado año- sobre el que se sustenta dicha convocatoria. La formación solicita además medidas cautelares que, de ser aceptadas, supondrían la paralización del proceso justo cuando acaba de finalizarse el plazo de presentación de candidaturas.

Los socialistas basan el recurso en un argumento claro. Entienden que en dicho procedimiento «no se están respetando los principios igualdad, mérito y capacidad que fijan la Constitución y las leyes». El concejal y exalcalde José Bernal asegura que las bases «están hechas a medida y dirigidas». La formación ya defendía la pasada semana que muchos de los puestos «ya tienen nombre y apellido».

Por ello han decidido presentar un recurso contencioso administrativo ante la sala del TSJA contra el acuerdo de pleno de septiembre pasado en el que se dio luz verde al reglamento y al acuerdo de Junta de Gobierno local de 2 enero en el que el Ejecutivo local aprobó las bases de la convocatoria. Según explica Bernal, «entendemos que se contraviene el apartado 3 del artículo 130 de la Ley de Bases de Régimen Local, pero además el artículo 7 del propio reglamento». Referido al primer punto, en el que se recoge que deben respetarse los principios de igualdad y capacidad, el concejal hace referencia al hecho de que para optar a iguales puestos, para unos se exija ser funcionario y para otros no. Es el caso, ha dicho, del director general de Cultura en San Pedro para el que no se exige a los candidatos ser funcionarios. Para el mismo cargo en Marbella sí se exige. «A nadie se le escapa que esos dos puestos tienen nombre y apellidos, pero se está incumpliendo esa ley, ya que la excepción de no ser funcionario debe ser generalizada entre los mismos puestos y no para unos sí y otros no dentro de la misma función».

Entienden los socialistas que el procedimiento puesto en marcha por el equipo de gobierno incumple el propio reglamento en cuanto a que «el documento dice que las propuestas de las plazas deben venir de las delegaciones municipales y no de la Junta de Gobierno Local, como se ha hecho».

Sobre la petición de medidas cautelares para que se paralice el procedimiento, Bernal explica que «no pretendemos bloquear el procedimiento, sino que entendemos que sería lesivo para el Ayuntamiento, pero también para las personas concurrentes, seguir adelante».

Una larga batalla

La batalla entre PSOE y PP en torno al reglamento para contratar a directores generales en el Ayuntamiento suma de esta forma un nuevo capítulo que acaba, otra vez, en los tribunales. Los populares aprobaban en septiembre pasado, tras la moción de censura, el documento de reglamento de directores generales que el anterior gobierno tripartito había empezado a tramitar y que tanto la Abogacía del Estado como el propio PP recurrieron. Si bien la ley establece que las direcciones generales deben ser ocupadas por funcionarios, igualmente recoge que ello será así «salvo que el reglamento orgánico municipal permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición». El gobierno tripartito quiso introducir esa excepcionalidad en el reglamento para todos los cargos. Al grupo municipal del PP no le convencía entonces -estando en la oposición- esa idea y llegó a presentar un recurso contencioso administrativo. Previamente la Abogacía del Estado también había presentado un recurso por entender que no se ajustaba a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.

El reglamento que finalmente salió adelante en septiembre recogía esa excepcionalidad pero con una novedad, incluyendo un catálogo con la denominación de los cargos a los que se les aplicará la excepción de que sus titulares no reúnan el requisito de ser funcionarios. Y además, se añade a cada puesto una justificación. Es la defensa que desde entonces viene haciendo el PP sobre el asunto y que ayer reiteraba el portavoz Félix Romero. «El planteamiento del proceso de selección es calcado al que hizo el PSOE en su día, salvo porque nosotros hemos corregido y perfeccionado dos cuestiones esenciales: en primer lugar, justificar las posibles excepciones a la regla general de que todas las plazas deben ser cubiertas por funcionarios, mientras que para los socialistas la excepción era general y todas las plazas podían ser ocupadas por no funcionarios; y, en segundo lugar, hemos incluido un órgano asesor en virtud del cual participa en el proceso de selección un órgano enteramente funcionarial, cosa que ellos no hacían», explica. «Están criticando las excepciones concretas, que es precisamente lo que establece la ley y lo que ellos no cumplían», resalta Romero.

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