El proyecto de PGE prevé que Marbella se quede con patrimonio embargado por corrupción

Ángeles Muñoz, ayer en el Ayuntamiento. /Josele-Lanza
Ángeles Muñoz, ayer en el Ayuntamiento. / Josele-Lanza

El Ayuntamiento cierra un acuerdo con Hacienda a la espera de que el Congreso apruebe el documento

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

Marbella ha dado una nueva vuelta de tuerca en el proceso de recuperación de los bienes embargados por los casos de corrupción que sucedieron en la ciudad. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha presentado el Gobierno incluye una cláusula que establece que la ciudad podrá quedarse con bienes inmuebles embargados en los diferentes procedimientos para convertirlos en equipamientos públicos.

El proyecto de Presupuestos incluye entre sus disposiciones finales un acuerdo al que han llegado el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda para modificar un acuerdo anterior que ya había sido incluido en los PGE de 2012. En aquella ocasión se incluyó en los Presupuestos la refinanciación a 40 años con un interés del 1 por ciento de la deuda millonaria que el Ayuntamiento mantiene con la Seguridad Social y Hacienda, con la cláusula de que todos los bienes que la ciudad fuese recuperando por el cobro de sentencias por casos de corrupción irían al pago de esa deuda, cercana a los 280 millones de euros y acumulada durante los años del GIL. Aquel acuerdo, según la alcaldesa, Ángeles Muñoz, «evitó la quiebra del Ayuntamiento y garantizó su viabilidad económica».

Ahora, el proyecto de Presupuestos de 2018 incluye otra disposición que modifica ese acuerdo y establece que el Ayuntamiento podrá quedarse con algunos de esos bienes embargados, sin que vayan a rebajar la deuda, y que el Ministerio de Hacienda financiará las obras para adaptar esos inmuebles a la prestación de servicios públicos con dinero procedente del cobro de multas correspondientes a esos mismos procedimientos. De esta manera, los bienes y patrimonio incautados a personas implicadas en esas causas podrán tener un doble destino: por un lado incrementar el patrimonio inmobiliario de la ciudad y por el otro, la financiación de las obras necesarias para que esos inmuebles se adapten a la prestación de servicios públicos. El acuerdo, según la alcaldesa, «refleja la sensibilidad del Gobierno central con nuestra ciudad y devuelve a Marbella al protagonismo en el ámbito nacional»

Muñoz, que ayer dio a conocer el acuerdo, ha explicado que a los dos proyectos que el Ayuntamiento tiene en cartera -la construcción de un centro deportivo en la finca La Caridad y la adaptación a Ciudad de la Justicia de un edificio situado junto al Hospital Costa del Sol- se podrían sumar otros acogiéndose a esta disposición.

«Queríamos dar un giro que permitiera que parte de lo que estábamos recuperando en esas operaciones, que estaban en poder de la administración judicial y que iban a pasar a formar parte del patrimonio del Estado se quedara en Marbella», indicó.

Según Muñoz, esta disposición permite a la ciudad quedarse con el patrimonio que salió de la ciudad, con el compromiso por parte del Ministerio de suscribir un compromiso que le permita financiar esas infraestructuras.

Convenio

La medida, incluida como disposición final vigésimo cuarta del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, prevé que una vez aprobados estos se podrá formalizar un convenio entre Hacienda y el Ayuntamiento para financiar la ejecución de proyectos que tengan por objeto el fomento de actuaciones de utilidad pública o social mediante el destino de los importes reconocidos en favor de la Administración General del Estado en sentencias de procedimientos relativos a la corrupción en Marbella.

«Vamos a poder quedarnos con ese patrimonio y además invertir en esas infraestructuras necesarias para la ciudad», subrayó.

Muñoz destacó también las inversiones previstas por el Gobierno central en el proyecto de PGE de este año, con partidas previstas para la mejora de la A7, el transporte ferroviario, la ampliación del Museo del Grabado Español Contemporáneo o los proyectos de estabilización de las playas, «que aunque sean inversiones que no están municipalizadas, sí que existe un compromiso claro del Ejecutivo nacional», aseguró.

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