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Sábado, 23 de septiembre 2017, 00:15
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El primer juzgado que se ha pronunciado sobre causas pendientes de Carlos Fernández en el proceso para su posible extradición desde Argentina ha emitido un auto que beneficia los intereses del exconcejal y corrobora la tesis de su defensa. Se trata del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, donde se abrieron en 2005 unas diligencias previas contra siete exediles, entre ellos Fernández, un empresario y el entonces secretario municipal, Leopoldo Barrantes, por malversación de caudales públicos, fraude, falsedad, prevaricación y uso de información privilegiada. El titular del juzgado considera que se trata de una causa prescrita.
En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, se señala que el exedil fue citado el 4 de mayo de 2007 para tomarle declaración en calidad de imputado por los supuestos delitos de fraude y prevaricación administrativa, cuyas máximas penas contempladas en el Código Penal suponen tres años de prisión y 10 de inhabilitación.
En la causa estaban imputados la exalcaldesa Marisol Yagüe, y los exediles Isabel García Marcos, Pedro Pérez, Maricarmen Revilla, José Jaén, Tomás Reñones, Rafael Calleja y el propio Carlos Fernández, así como el secretario municipal y el empresario Antonio Codías.
Los autos de este procedimiento abreviado para la celebración del juicio oral fueron emitidos el pasado 3 de mayo, sin que en todo el tiempo Fernández fuese puesto a disposición del juzgado.
El juez señala que al haber transcurrido diez años, procede la extinción de la responsabilidad criminal por la prescripción del delito y su archivo.
La representación legal de Fernández asegura que la resolución viene a confirmar la tesis sostenida por la defensa desde un principio en relación a la prescripción de los delitos investigados en las causas que implican al exconcejal.
Por otra parte, el juez federal argentino que entiende en la causa se negó ayer a conceder la excarcelación a Carlos Fernández, que deberá esperar en prisión a que se resuelva sobre su extradición a España.
La decisión del Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal número 2 de San Juan, sigue el criterio del fiscal, Francisco José Maldonado, que se había pronunciado en ese sentido tras la solicitud de excarcelación presentada por la defensa de Carlos Fernández.
El letrado del exedil la había solicitado en base a tres argumentos: el arraigo acreditado en la ciudad de San Juan, donde lleva varios años residiendo y donde ha formado una familia con mujer y dos hijos de corta edad, que cuenta con trabajo y que existe en consecuencia nulo riesgo de fuga.
La defensa pretendía que el exconcejal de Marbella, que permanece ingresado en la prisión de Chimbas desde el pasado sábado, sea excarcelado y espere en su domicilio a que se resuelva su situación.
Según fuentes de su defensa, se trata de una petición que forma parte de la normalidad procesal.
Fernández está ingresado desde el pasado sábado en la prisión de Chimbas en un pabellón en el que se aloja a presos federales que no registran peligrosidad. La mayoría son internos de edad avanzada.
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