El pliego para la licitación del nuevo PGOU de Marbella estará en seis meses

Josele-Lanza -

El equipo jurídico contratado por el Ayuntamiento para desbloquear el urbanismo comenzará a trabajar esta semana

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

El pliego para la redacción del nuevo PGOU de Marbella estará terminado en seis meses y a partir de ese momento el Ayuntamiento podrá licitar los trabajos. Ese es el plazo con el que cuenta el equipo jurídico compuesto por cuatro catedráticos de Derecho Administrativo que ganó en abril el concurso convocado por el Consistorio y que la semana pasada firmó el contrato que lo liga al Ayuntamiento durante un año.

Así lo ha explicado esta mañana la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, que aseguró que la ciudad está dando pasos firmes y sólidos en la recuperación de la normalidad urbanística, alterada con la anulación del PGOU en noviembre de 2015.

El equipo, que ganó bajo el paraguas de la Universidad de Málaga un concurso convocado por el Ayuntamiento al que se presentaron nueve propuestas, está integrado por Diego Vera Jurado, catedrático de la UMA; Luciano Parejo, de la Universidad Carlos III de Madrid; José María Baño León, de la Universidad Complutense de Madrid, y Manuel Rebollo Puig, de la Universidad de Córdoba. Están considerados entre los mayores expertos urbanistas en España y su contratación supondrá para el Ayuntamiento una factura de 170.000 euros. Un 15 por ciento de esta cantidad quedará para la Universidad de Málaga, que aportará al trabajo sus fondos documentales.

Además de elaborar el pliego para licitar los trabajos, ese equipo -que trabajará con el apoyo de otros ocho expertos- tendrá como principal objetivo sentar las bases para la elaboración del nuevo PGOU, que el equipo de gobierno tiene previsto licitar en 2018. Además, deberá elaborar una propuesta en relación a la solución que se debe adoptar con las viviendas irregulares.

Según Pérez, una de las posibilidades que se abre es que el equipo jurídico aporte también una solución intermedia que permita avanzar hasta tanto esté concluido el nuevo Plan, así como que informe sobre la cuestión de las lindes con Benahavís, ya que las recogidas en el Plan vigente no coinciden con las históricas.

Según se desprende de las condiciones con las que se convocó el concurso, el equipo jurídico deberá realizar un dictamen de la actual situación urbanística de la ciudad y señalar las líneas estratégicas a seguir tanto en relación con el Plan actualmente en vigor, el aprobado en 1986, como en referencia al PGOU futuro. Para ello, tendrán que analizar las sentencias dictadas en relación al PGOU de 2010, especialmente las que lo anularon, y también los pronunciamientos judiciales referidos a acuerdos de concesión de licencias.

El informe que elaboren también tendrá que analizar la incidencia de la anulación del PGOU de 2010 sobre los actos administrativos sustentados en él e incluir una propuesta sobre los edificios construidos al margen de ordenación.

Finalmente, el trabajo deberá establecer criterios de ponderación y valoración de las propuestas que se presenten cuando salga a licitación la redacción del nuevo Plan General.

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