El pleno aprueba las normas urbanísticas que servirán de base para el nuevo PGOU de Marbella

Un momento del pleno de ayer durante una de las votaciones de los grupos/Josele-Lanza -
Un momento del pleno de ayer durante una de las votaciones de los grupos / Josele-Lanza -

El texto abre la puerta a la realización de obras en edificios que quedaron fuera de ordenación o a la ampliación de hoteles

Mónica Pérez
MÓNICA PÉREZMarbella

La hoja de ruta hacia la normalización del urbanismo en Marbella tras la anulación del PGOU de 2010 pasa una nueva página con la aprobación inicial de las nuevas normas urbanísticas, un documento que viene a ‘actualizar’ el plan de 1986 vigente a día de hoy y que se tomará como base para redactar el nuevo PGOU que necesita la ciudad. El trámite, que salió adelante en pleno con los votos a favor del equipo de gobierno (PP y OSP) y del PSOE, y en contra de IU y de Costa del Sol Sí Puede, debe completarse ahora con la remisión del texto a la delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta para que emita informe preceptivo. Posteriormente pasará de nuevo por pleno para su aprobación definitiva.

En la sesión de ayer se resolvieron las 181 alegaciones presentadas por 78 personas físicas o jurídicas. De ellas, 81 fueron informadas por los servicios técnicos y jurídicos desfavorablemente, 43 favorablemente, 36 como parcialmente favorables, 15 han sido dictaminadas como improcedentes y 6 se encontraban fuera de plazo.

En la práctica, y como expuso la concejala de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, se ha modificado, entre otros, el régimen «de fuera de ordenación, que afecta a muchas viviendas», por lo que ahora «se permitirán ampliaciones, mejoras y reformas» en edificios que quedaron fuera ordenación tras anularse el plan de 2010.

La financiación público-privada de La Bajadilla, un «experimento» de la Junta de Andalucía

Cree la alcaldesa Ángeles Muñoz que la Junta «siempre experimenta en Marbella» y que fue eso lo que hizo planteando una fórmula de financiación público-privada para dos importantes obras que llevan años paralizadas: la ampliación del Hospital Costa del Sol, y la del puerto de La Bajadilla, y ahí está la clave, según la regidora del fracaso del proyecto. «La financiación público-privada era algo novedoso. La Junta siempre experimenta en Marbella», dijo Muñoz durante su comparecencia en el pleno, defendiendo que la Junta y el Ayuntamiento «estábamos absolutamente convencidos de la solvencia de un proyecto y de una financiación que la propia Junta valoró como el mejor». Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Javier Porcuna, lamentó que la alcaldesa optara por apoyar el proyecto de Al-Thani «frente al de otros empresarios, que se sintieron traicionados viendo cómo se asociaba al jeque, dándole la solvencia económica y técnica que le faltaba». El concejal de IU, Miguel Díaz, instó a la alcaldesa a explicar qué consecuencias puede tener para el Consistorio la anulación del TSJA y qué proyecto hay ahora para el puerto. El edil de CSSP, José Carlos Núñez, instó a la Corporación «a preguntarse si ese puerto, con esos tintes de pelotazo urbanístico que cambiaba la fisonomía de esa aparte de Marbella, era lo que los vecinos querían», y abogó por hacer una consulta pública.

Otro cambio afectará a los suelos en los que a día de hoy no se pueden otorgar licencias de obra porque no existían proyectos de urbanización aprobados conforme al plan del 86 «pese a que la realidad es que están parcialmente urbanizados». En estos casos, la norma común abre la puerta a que se puedan desarrollar presentando un proyecto de obra de urbanización, «que es menos complejo y se tramita en menor tiempo».

Las nuevas normas autorizarán el uso de hostelería en las primeras plantas de viviendas del Casco Antiguo y que los establecimientos hoteleros puedan ampliar sus instalaciones con parcelas colindantes aunque el uso de las mismas no sea hotelero.

Caracuel lamentó en su exposición la «deficiente gestión del urbanismo que realizó el anterior equipo de gobierno». «Este expediente podría estar aprobado definitivamente hace tiempo porque fue hace ya 19 meses cuando se trajo por primera vez a pleno».

Desde la bancada socialista, la edil Isabel Pérez defendió la gestión urbanística de su grupo durante los dos años de gobierno repasando los pasos que se dieron tras la anulación del plan. El PSOE apoyó el punto «por responsabilidad y porque no se puede obstaculizar el trabajo realizado».

Más críticos fueron los portavoces de IU, Miguel Díaz, y Podemos, Victoria Mendiola, quienes coincidieron en señalar que algunas de las modificaciones introducidas a las normas urbanísticas «lejos de defender el interés general favorecen el particular». Ambos grupos criticaron que se favorece a los intereses de las grandes superficies en detrimento de las pequeñas empresas, y que supondrá el incremento de los alquileres de la vivienda y la expulsión de los residentes del centro.

Suelos urbanos consolidados

También en el ámbito urbanístico, el pleno acordó, con los votos a favor del equipo de gobierno, en contra de IU y CSSP, y la abstención del PSOE, la propuesta de la concejala de Ordenación del Territorio para la incorporación al planeamiento urbanístico de los suelos urbanos consolidados declarados así por sentencia judicial firme, por declaraciones administrativas, por actos propios, por acuerdos plenarios o por la Junta de Gobierno Local. La edil insistió en que, no suponiendo cambios estructurales, no se requiere de un nuevo periodo de exposición pública del documento, tal y como se había solicitado por el resto de grupo municipales.

En otro orden de cosas, la Corporación municipal dio luz verde por unanimidad a la propuesta del teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, de instar a la Junta a que, «ante las necesidades urgentes de escolarización», inicie los trámites para la construcción de un instituto de enseñanza Secundaria en la zona sur de San Pedro. En su intervención explicó que los servicios jurídicos han recogido en un informe que, pese a que la parcela no cuenta con proyecto de urbanización, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) permite que se otorguen licencias de obra en los casos de infraestructuras y servicios públicos. En este punto, se aceptó además una enmienda del PSOE para que se aporte a la Junta el proyecto de urbanización. «Hay que hacer todos los trabajos que sean necesarios para terminar ese proyecto de urbanización que dejamos iniciado nosotros», defendió el concejal socialista Manuel Morales, quien reiteró que la Junta de Andalucía «es la primera interesada en que se haga esa obra».

Otra petición que se lanzará a la Junta hace referencia a la búsqueda de una ubicación para la Ciudad de la Justicia que necesita Marbella. El portavoz popular Félix Romero, como había hecho el día anterior ante el Parlamento andaluz, defendió que es «una necesidad para la ciudad» y aplaudió que la consejera de Justicia tendiera la mano para buscar una solución. El socialista Javier Porcuna arremetió contra el «anuncio» del equipo de gobierno del posible ofrecimiento a la Junta del edificio que perteneció a Juan Antonio Roca, ubicado junto al hospital. Según expuso el edil, «detrás de ese anuncio no hay nada, porque el edificio está en pleito y no es propiedad municipal».

El pleno aprobó, entre otros puntos, la propuesta de IU para crear una red de viales que conecten las urbanizaciones entre Bello Horizonte y Elviria, formando una trama de 10 kilómetros que permitirá generar una alternativa a la «siempre colapsada e insegura» autovía A-7.

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