El pleno aprueba destinar 11,5 millones del superávit al pago a proveedores

El concejal de Hacienda. Manuel Aguilar, durante su intervención. /Charo Márquez
El concejal de Hacienda. Manuel Aguilar, durante su intervención. / Charo Márquez

La oposición reprochó al PP los numerosos expedientes extrajudiciales de crédito, de los que ya advirtió el interventor

Charo Márquez
CHARO MÁRQUEZ

Los asuntos económicos centraron gran parte de la sesión plenaria celebrada ayer en el Ayuntamiento de Estepona. Así se aprobó un expediente para destinar 11,5 millones de euros procedentes del remanente positivo de tesorería de la liquidación del ejercicio económico de 2017 a pagar deudas pendientes.

En concreto, con esta cantidad, el equipo de gobierno va a cancelar un 16% de la deuda con proveedores contraída durante el gobierno socialista en los años 2008-2011, amortizando de forma anticipada el Plan de Pago a Proveedores. Asimismo, se va a reconocer 10 millones de euros de deuda heredada con la Tesorería de la Seguridad Social; se va a regularizar la situación con el Patronato de Recaudación Provincial, con el abono del último millón de euros de la deuda heredada de 12 millones, y se van a destinar más de 100.000 euros a eliminar en su totalidad los 33 millones de euros de lo que el concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, denominó «facturas en los cajones dejadas por el anterior gobierno socialista».

Aguilar explicó que el Ayuntamiento destina este superávit «a lo establecido por ley» e insistió en que y que el equipo de gobierno «está poniendo orden en las cuentas municipales, además de dar estabilidad económica a la ciudad; solventando los problemas que se siguen arrastrando de la nefasta gestión económica llevada a cabo por los socialistas en la ciudad».

Por otra parte se aprobaron varios expedientes extrajudiciales de crédito. Uno de ellos para hacer frente a obras que se realizaron con cargo al canon de mejora para el abastecimiento de agua. Aguilar comentó que correspondía a obras que pagaron los ciudadanos pero que el gobierno del PSOE no contabilizó.

La portavoz del PSOE, Manuela Benítez, recordó el reciente informe del interventor municipal advirtiendo de que los expedientes extrajudiciales de crédito « se están convirtiendo en algo habitual en este Ayuntamiento y les ha pedido que los reduzcan». Además reprochó a Aguilar que de forma permanente achaque las deudas al anterior gobierno socialista. «No es comparable porque ustedes tienen mayoría absoluta aplastante y pueden sacar adelante las cuenta, pero el último gobierno socialista estaba en minoría y ustedes impidieron la gestión».

El portavoz de IU, Valentín Berrocal, también afeó al PP que los órdenes del día de las sesiones plenarias contengan expedientes extrajudiciales de crédito «para que ustedes sigan hablando de la deuda que le dejaron otros gobiernos».

Para cerrar el tema, el concejal de Hacienda señaló que «se ha pasado de los 2.000 expedientes extrajudiciales de crédito a tan sólo 150».

Por otra parte el PP no apoyó la urgencia de sendas mociones del PSOE para abordar mejoras en la barriada Blas Infante-Picasso y el arreglo de los accesos al colegio Juan XXIII donde la madre de un alumno cayó recientemente en una isla ecológica que no estaba cerrada. «Ha pasado un mes desde este accidente y no se ha hecho absolutamente nada».

El alcalde, José María García Urbano, respondió que las citadas barriadas están incluidas en el nuevo programa de 100 actuaciones previsto por el PP y que además, este asunto no era para debatir en pleno, sino, simplemente, para trasladarlo a los servicios operativos. Respecto a la situación de los accesos al colegio Juan XXIII, el regidor aclaró que esta urbanización no está aún recepcionada por el Ayuntamiento y que corresponde la Junta de Compensación de este área solventar las deficiencias que presente.

El PP si apoyó mociones de la oposición para instar a la Junta de Andalucía a la mejora de las condiciones térmicas en los centros educativos y de los servicios sanitarios a través de la adecuada dotación de ambulancias. Así como a instar a los grupos de la comisión europea a desistir de la aprobación del nuevo producto paneuropeo de pensiones individuales, moción presentada por IU y PSOE.

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