Piden cuatro años de prisión para el alcalde de Manilva por El Hacho

Mario Jiménez, en el centro, durante un pleno. :: charo márquez

Se le acusa de prevaricación y malversación al conceder préstamos a la entidad urbanística El Hacho en contra de los informes

CHARO MÁRQUEZ MANILVA.

La Fiscalía de Marbella ha pedido en su escrito de acusación de una de las piezas separadas del 'Caso Manilva', la que afecta a los pagos realizados por el Ayuntamiento a la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Complejo Residencial El Hacho, 4 años de prisión para el actual alcalde de Manilva, Mario Jiménez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, y 9 años de inhabilitación por otro presunto delito de prevaricación.

En este mismo escrito, al que ha tenido acceso SUR, se pide para la entonces alcaldesa del municipio, Antonia Muñoz, 8 años de prisión y 15 de inhabilitación para cargo público por los mismos delitos.

Los hechos denunciados se remontan al año 2008 cuando se constituyó la Entidad de Conservación El Hacho, la mayor urbanización del municipio, situada junto al puerto La Duquesa. La entonces alcaldesa presentó su candidatura como presidenta de dicha entidad, dado que la junta directiva de este organismo debía tener entre sus miembros un representante del Ayuntamiento.

El fiscal señala en su escrito que, tanto la alcaldesa, como algunos miembros de la junta de gobierno del Ayuntamiento, entre los que se encontraba el actual regidor, «con pleno conocimiento de la extralimitación en sus funciones y a pesar de la oposición de la tesorería municipal, de la intervención municipal , así como de la Tesorería General de la Seguridad Social, ordenaron operaciones por las que se financiaba con dinero el Ayuntamiento de Manilva a la Entidad Urbanística de Conservación El Hacho».

La Seguridad Social informó en marzo de 2009 al Ayuntamiento de Manilva que se debía embargar cualquier cantidad que el Consistorio tuviera que abonar a El Hacho.

Mario Jiménez manifestó ayer al conocer este escrito que confía en la justicia, aunque ha mostrado su oposición al escrito del fiscal. Sostiene que se trató de unos préstamos «puntuales que ya han sido devueltos a las arcas municipales, con sus respectivos intereses y que existen los comprobantes». Añade que se aprobaron estos préstamos «porque el Puerto La Duquesa vivía unos momentos graves con familias que llevaban sin cobrar 5 meses». Jiménez no entró a valorar los informes contrarios tanto de la tesorería como de la intervención municipales aconsejado por su abogado que ya prepara el escrito de defensa. Y recalcó que en este caso «no hubo enriquecimiento de nadie».

Antonia Muñoz ordenó el pago de hasta 113.422 euros; el entonces asesor jurídico del Ayuntamiento, secretario del entidad de conservación y asesor personal de la exalcaldesa y actual gerente de Urbanismo Aitor Menoyo, también investigado en esta causa, reclamó también el pago para El Hacho de cerca de 60.000 euros. Mientras que el actual alcalde, junto con otros ediles, como el concejal de ASM Emilio López Berenguer, solicitaron el pago de 35.559 euros a la misma entidad.

En todos estos casos el fiscal entiende que los cargos municipales actuaron «a sabiendas de la ilicitud de las mismas y a pesar de los reiterados informes de la Tesorería e Intervención municipales oponiéndose a dichas transferencias de dinero público».

Este escrito de acusación de la fiscalía corresponde a la tercera pieza separada del 'Caso Manilva'. El primero de ellos investigaba casos de contratación de familiares en el Ayuntamiento y el segundo, contrataciones del Consistorio con empresas de familiares de la exalcaldesa.

En esta pieza también están acusados Paqui López -antes en IU y ahora edil en el equipo de gobierno con Compromiso Manilva-, Diego Díaz -antes en IU- y Antonio de Haro exconcejal de ASM. Todos ellos formaron parte de la Junta de Gobierno Local que aprobó el abono de un préstamo a la entidad El Hacho.

En mayo de 2016, durante las diligencias previas que sigue por este casoel Juzgado Número 5 de Estepona, ya acudieron a declarar los investigados, aunque Antonia Muñoz se acogió a su derecho a no declarar. También asistió su hija, en calidad de testigo por haber sido contratada en esta entidad de conservación.

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