Pensamiento único

Pensamiento único
La lupa

Las diferencias que los partidos muestran cuando están en el gobierno y en la oposición desaparecen cuando se trata de seducir al caladero de votos de los trabajadores municipales

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

EL cambio de gobierno tras la moción de censura en el Ayuntamiento de Marbella ha permitido confirmar algo que ya se sospechaba: hay discursos que se mantiene inalterables. No es que se mantengan inalterables porque los partidos políticos son entidades de fuertes principios que sostienen la misma posición independientemente de que en ocasiones les toque estar en el gobierno y en otras, en la oposición. No. Si fuera así habría poco que reprochar. Los discursos que se mantienen inalterables son los que hace el gobierno, cualquiera sea el partido que lo conforma, y los que hace la oposición, cualquiera sea su composición. Se comprenderá que así las cosas, el personal se mantenga en un permanente estado de confusión, de incertidumbre y, en consecuencia, de lógico desinterés por la vida política municipal.

Uno de los argumentos que más se repite cuando se produce un cambio en el gobierno del Ayuntamiento es el que remite a los cargos de confianza, los que nombra un gobierno nada más llegar para gestionar algunas cuestiones clave de la vida municipal que raramente se asignan a un funcionario o a un empleado del Ayuntamiento. Las direcciones generales en determinadas áreas (los números 2 de los concejales, para entendernos), la dirección de la comunicación municipal o la coordinación de la Alcaldía son los lugares que se suelen ocupar por personas de confianza de los gobernantes que llegan y que, cuando estos se van, abandonan, o deberían hacerlo, el Ayuntamiento.

El mal llamado juego de la política, que es en realidad una inercia en la disputa partidaria que viéndola en perspectiva no es otra cosa que una tomadura de pelo reiterativa hacia los electores, marca que todo gobernante que llega nombra cargos de confianza y todo partido que está en la oposición critica el nombramiento de esos cargos con el argumento de que se trata de casos de enchufismo. Si se recuperaran los argumentos que en su día se esgrimieron desde el PP contra el tripartito sobre el nombramiento de cargos de confianza y se utilizaran las mismas palabras, sólo cambiando el nombre de los partidos a los que se alude, por las críticas del PSOE al actual bipartito nos saldría algo asombrosamente parecido.

Es más: hace poco más de dos años el Partido Popular recurrió contra un reglamento aprobado por el Ayuntamiento en el que se sostenía el nombramiento de directores generales del tripartito. Ahora, ya en el gobierno, el PP ha anunciado que retira ese recurso para poder hacer uso de ese mismo decreto, al que se le maquillarán un par de artículos para salir del paso más o menos dignamente.

Suele haber otros argumentos en el que los partidos se prestan mutuamente los argumentarios según ocupen los escaños del gobierno o los de la oposición, pero el del enchufismo suele ser el más recurrente.

Por eso debería llamar la atención, o posiblemente en realidad no, que en el caso de enchufismo más resonante que ha tenido en sus historia el Ayuntamiento de Marbella, por volumen y cantidad, los partidos mantengan una asombrosa unanimidad. No para denunciarlo, sino para consagrarlo.

Durante los años del GIL, cuando esa organización a la que no se puede llamar partido construyó una mayoría social que le permitió controlar el Ayuntamiento de Marbella para poder saquearlo con impunidad durante 15 larguísimos años, una de las estrategias fundamentales utilizadas se basó en la contratación discrecional de trabajadores municipales. Como la legislación garantista que impera en España impide el nombramiento de funcionarios sin que los aspirantes superen un proceso selectivo en igualdad de condiciones con otros eventuales aspirantes, los cerebros grises del gilismo, encabezados por el abogado José Luis Sierra, idearon la creación de empresas municipales que bajo la coartada de la agilidad en la gestión lo que hacían era articular una estructura municipal paralela que permitiera evitar cualquier tipo de control en la gestión del dinero público. Quien quiera profundizar en cómo, de qué manera, durante cuánto tiempo y con qué consecuencias se montó esa red puede recurrir al sumario y a la sentencia del conocido como ‘caso Saqueo 2’, donde viene perfectamente explicado.

Esa estructura permitió contratar servicios inexistentes, vaciar las arcas municipales sin control alguno y también disponer de los recursos públicos para la contratación discrecional de personal. Así fue como en 15 años Marbella pasó de tener poco más de 700 funcionarios a más de 3.000. Quien crea que aquello no tuvo relación alguna con las cuatro mayorías absolutas consecutivas obtenidas por el GIL durante aquellos años debería impartir un máster de ingenuidad política.

La herencia de aquellos trabajadores que entraron a la función pública por la ventana es una de las más pesadas que dejaron aquellos años nefastos.

En 2006, cuando se disolvió la corporación municipal y una gestora se hizo cargo del Ayuntamiento, el entonces presidente de ese órgano, Diego Martín Reyes, intentó poner orden en el área de personal municipal pero se encontró con una férrea oposición. La entonces candidata a la Alcaldía por el PP, Ángeles Muñoz, se apresuró a anunciar que garantizaba la estabilidad a los trabajadores municipales, eufemismo con el que adelantaba que todas las contrataciones del gilismo se darían por buenas. Rápidamente el resto de los partidos se preocuparon en no desmarcarse de esa doctrina, que se convirtió en expresión del pensamiento único.

Es más, desde entonces se inició una batalla no por intentar corregir aquella injusticia histórica, que cierra las puertas por muchos años a quienes quieran acceder a la función pública municipal en justa competencia con otros aspirantes, sino a consumarla igualando el estatus de quienes fueron contratados a dedo con el de la minoría que entró a trabajar en el Ayuntamiento superando unas oposiciones.

En esto, todos los partidos que integran la corporación municipal, desde el Partido Popular hasta Podemos, fueron la más clara expresión de lo que se ha dado en llamar el ‘pensamiento único’. El argumento es que quienes hacen una misma función deben estar en igualdad de condiciones y disfrutar de las mismas prerrogativas. Da igual que entraran por la puerta o por la ventana.

Durante años, Gil contrató con criterios electorales y no de gestión. Mucho menos de idoneidad. Aquella estructura de personal se ha heredado y eso explica que hoy Marbella tenga un empleado municipal cada 46 vecinos y sin embargo la explicación para la falta de limpieza en las calles o para el retraso en la concesión de licencias de obra sea siempre la misma: «Falta personal».

El gilismo acabó hace 11 años y desde entonces ningún partido se ha atrevido no ya a ejecutar, sino ni tan siquiera a plantear la verdadera naturaleza de este problema.

El pasado viernes, en el pleno extraordinario del Ayuntamiento, se acordó con acuerdo de todos los partidos, acelerar la equiparación salarial y la integración en la plantilla del Ayuntamiento de los trabajadores de los oales, los Organismos Autónomos Locales, herederos de aquellas empresas públicas. Es que son muchos y, al igual que en la época del GIL, siguen votando.

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