La oposición denuncia una nueva privatización con la venta del subsuelo de Estepona

Sesión plenaria celebrada ayer en Estepona. :: charo márquez

El equipo de gobierno aprueba la modificación de la ordenanza del subsuelo que pasa de demanial a patrimonial

Charo Márquez
CHARO MÁRQUEZ

Pérdida de patrimonio municipal, privatización, negocio con terrenos públicos. Fue la denuncia que realizaron ayer los partidos de la oposición ante la propuesta del equipo de gobierno de modificar la ordenanza municipal reguladora del uso del subsuelo de dominio público local. La teniente de alcalde Ana Velasco explicó que el objetivo era mantener el carácter de dominio público en la superficie y cambiar la calificación jurídica a patrimonial, en el caso del subsuelo, para permitir su uso para aparcamientos.

La portavoz del PSOE, Manuela Benítez, reprochó al equipo de gobierno que pretenda, con esta venta de subsuelo, arreglar «un problema que ustedes han generado con la peatonalización del centro de la ciudad y la eliminación de aparcamientos».

Rosario Luque, representante de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), lamentó que esta modificación supone una nueva privatización «como muchas que han llevado a cabo de los servicios municipales, que beneficiará a unos pocos y se perderá el control del subsuelo».

Por su parte, el concejal de IU, Valentín Berrocal, puso en duda los beneficios de esta medida para los ciudadanos. «Es mentira que la privatización abarate los servicios. Si se hacen parkings privados no será rentable hacer otros públicos y al final lo tendrán que pagar los vecinos».

PSOE, IU y CSSP apuntaron que la modificación podría «esconder» la privatización del aparcamiento subterráneo de la plaza de Antonia Guerrero que se supone tendrá un precio de un euro al día.

En materia económica el PP aprobó un expediente de suplemento de crédito que permitirá pagar, según el concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, la totalidad de los 33,5 millones de euros de facturas de gastos realizados, hasta junio de 2011 por gobiernos socialistas, que el edil denominó «facturas en los cajones». El equipo de gobierno destinará 12,8 millones de euros del superávit económico de la liquidación del presupuesto de 2016 para acabar de forma definitiva con esta deuda en diciembre de 2017.

Coalición

Los portavoces del PSOE e IU aclararon que su gobierno de coalición sólo duro tres años «y no creemos que fueran los únicos que generaran la deuda actual», apuntó Manuela Benítez. Aguilar reiteró que el 99,96% de la deuda a proveedores en 2011, cerca de 100 millones de euros, correspondía al último gobierno socialista «que no pagaba nada».

El centro comercial del Gran Bulevar también fue tratado en la sesión ya que el PP acordó destinar una partida de 1,9 millones de euros reservada para este proyecto a la mejora de infraestructuras, equipamientos y asfaltado a la espera de que la Junta de Andalucía dé las correspondientes autorizaciones para el inicio de este proyecto. Los socialistas puntualizaron que la Junta de Andalucía no concede los permisos por tratarse de un proyecto «que nunca se ha ajustado a la legalidad» y junto a IU y Costa del Sol Sí Puede solicitaron al PP que modifique el proyecto «y dejen de jugar con la ilusión de los vecinos».

El PSOE presentó una moción para crear algún acceso a lo largo de los 21 kilómetros de litoral para pequeñas embarcaciones y motos acuáticas ya que a lo largo de toda la costa los propietarios de estos barcos no tienen posibilidad de llegar al mar. Propuesta que contó con el voto a favor de la corporación que estudiará el acceso más adecuado. El alcalde también considero oportuno el ruego de Rosario Luque de ceder algún local municipal para poner en marcha un centro de interpretación de Sierra Bermeja.

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