Nueva condena contra Julián Muñoz por fraude y prevaricación urbanística

SUR

málaga. El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha sido condenado a un año y un mes de prisión y siete años y tres meses de inhabilitación por un delito de fraude y otro de prevaricación urbanística por las irregularidades cometidas a través de la firma de dos convenios con la sociedad Lorcrimar.

En la sentencia también se condena al empresario de la sociedad como autor de un delito de fraude a la pena de seis meses de prisión y se absuelve al exasesor urbanístico del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca.

El Tribunal explica en la sentencia que aunque las primeras gestiones las realizó el empresario con el fallecido Jesús Gil, con el que mantenían amistad previa, fue Muñoz como alcalde accidental la persona que firmó los convenios «con perfecto conocimiento de su contenido».

En los fundamentos de derecho los magistrados destacan que Muñoz realizó la firma de los convenios «no solo contrarios a ley sino con un informe en contra de técnicos y con ausencia de informes jurídicos».

La Sala considera probado que el acuerdo lo efectuó Gil y el empresario pero lo «materializan» Muñoz y el acusado, con conocimiento de que en la confección del acuerdo y en su contenido se omitía la documentación oportuna, la valoración previa, los informes técnicos y jurídicos y que ello no beneficiaba a las arcas públicas, sino a las del otro contratante.

Respecto a Roca, que ha recibido su tercera sentencia absolutoria, el Tribunal señala que no tuvo ninguna actuación en la confección del convenio, en la negociación del mismo ni en su ejecución ni desarrollo. La Sala considera que «ni en los convenios ni en el decreto de reparcelación realizado ni en el otorgamiento de diversas licencias expresadas tiene actuación alguna ni capacidad de dirección o gestión Juan Antonio Roca», que tiene con ésta tres sentencias absolutorias.

En este sentido, «no constando acreditado que en la confección del convenio, en la negociación del mismo, en su ejecución ni en su desarrollo haya tenido actuación alguna, participación, conocimiento previo, ni control de actos», el Tribunal le absuelve de los delitos por los que era acusado, los mismos que los otros dos procesados.

«Ninguna prueba existe de participación del mismo en los delitos reseñados, pues sólo se le relaciona con el hecho de que el convenio de agosto de 2000 fue tasado posteriormente por una persona que también trabajaba para la entidad planeamientos 2000», indica la sentencia, que añade que «ninguna relación se acredita que tenga con las licencias».

En cambio, la Sala estima que «se ha producido un concierto o acuerdo de voluntades», en el que «utilizando un artificio --la no tasación previa, escaso valor otorgado, ausencia de informes técnicos y jurídicos o no registro del acuerdo--, se defrauda a las arcas públicas», de lo que responsabiliza a Muñoz y al empresario, a quienes les impone el pago al Ayuntamiento marbellí de 172.156 euros de indemnización como responsabilidad civil.

El Tribunal considera que Muñoz «materializa» los convenios y, además, «con conocimiento de su injusticia --sin los informes necesarios-- aprueba en votación de la comisión de gobierno, planeamientos, proyectos, parcelación y licencias, en diversas ocasiones» en relación con los acuerdos firmados.

En el relato acusatorio, Anticorrupción mantuvo que desde que Jesús Gil ganó las elecciones en 1991 dejó de firmar documentos para no comprometerse en las ilegalidades que se sucederían, y los responsables municipales gestionaron el patrimonio público «en su propio beneficio».

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