Nueva condena a Julián Muñoz por fraude y prevaricación urbanística

Imagen de archivo de Julián Muñoz.
Imagen de archivo de Julián Muñoz. / EFE

Ha sido condenado a un año y mes de prisión y siete años y tres meses de inhabilitación

EFE

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha sido condenado a un año y mes de prisión y siete años y tres meses de inhabilitación por un delito de fraude y otro de prevaricación urbanística por irregularidades urbanísticas a través de la firma de dos convenios con la sociedad Lorcrimar.

En la sentencia también se condena al empresario de la sociedad como autor de un delito de fraude a la pena de seis meses de prisión y se absuelve al exasesor urbanístico del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.

El Tribunal explica en la sentencia que aunque las primeras gestiones las realizó el empresario con el fallecido Jesús Gil, con el que mantenían amistad previa, fue Muñoz como alcalde accidental la persona que firmó los convenios "con perfecto conocimiento de su contenido".

En los fundamentos de derecho los magistrados destacan que Muñoz realizó la firma de los convenios "no solo contrarios a ley sino con un informe en contra de técnicos y con ausencia de informes jurídicos".

La Sala considera probado que el acuerdo lo efectuó Gil y el empresario pero lo "materializan" Muñoz y el acusado, con conocimiento de que en la confección del acuerdo y en su contenido se omitía la documentación oportuna, la valoración previa, los informes técnicos y jurídicos y que ello no beneficiaba a las arcas públicas, sino a las del otro contratante.

Respecto a Roca, que ha recibido su tercera sentencia absolutoria, el Tribunal señala que no tuvo ninguna actuación en la confección del convenio, en la negociación del mismo ni en su ejecución ni desarrollo.

En el relato acusatorio, Anticorrupción mantuvo que desde que el fallecido Jesús Gil ganó las elecciones en 1991 dejó de firmar documentos para no comprometerse en las ilegalidades que se sucederían, y los responsables municipales gestionaron el patrimonio público "en su propio beneficio y lucro personal".

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