Muñoz aduce que Jesús Gil «hacía lo que le daba la gana» y que él carecía de competencia alguna

Julián Muñoz. :: D. P. / EFE
Julián Muñoz. :: D. P. / EFE

Visto para sentencia el juicio por las irregularidades en la compra y alquiler de locales en el puerto deportivo

EFE MÁLAGA.

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz aseguró ayer en la última sesión del juicio que el fallecido Jesús Gil «hacía lo que le daba la gana» en Marbella y que él no tenía competencias para nada.

En su último turno de palabra, Muñoz ha dicho que no solo no tenía competencias sino que Gil no se lo hubiera permitido y ha negado haber firmado decretos con conocimiento de que estuviera cometiendo alguna irregularidad.

«Me acusan de todo tipo de delitos y los estoy pagando desde hace veinticinco años, pero físicamente no estoy bien», ha dicho Muñoz, al tiempo que ha destacado que se le abren las carnes cada vez que le siguen acusando por un nuevo caso.

Anticorrupción ha rebajado su petición de pena de cuatro años y seis meses de prisión a tres años y seis meses para Julián Muñoz por por malversación de caudales y prevaricación administrativa.

Alternativamente, el fiscal pide para el exalcalde fraude en vez de malversación y en este caso le bajaría la pena a dos años de cárcel.

En el banquillo de los acusados también están sentados el exsecretario y un empresario acusados junto a Muñoz de irregularidades en la compra y alquiler de unos locales del puerto deportivo.

En la anterior sesión, el 27 de junio, Anticorrupción retiró la acusación siete exconcejales del GIL por lo que hoy no han tenido que comparecer tras dictar el Tribunal sentencia absolutoria in voce a dichos procesados.

El fiscal durante su informe ha mantenido que los acusados realizaron una actuación caracterizada por la «arbitrariedad y el abuso de poder» y que administraron los bienes y efectos públicos con ausencia de cualquier control desviándolos de los fines públicos en beneficio de los intereses particulares de terceros o propios.

Julián Muñoz en este procedimiento firmó, como alcalde accidental, un convenio de compra en 1996 de tres locales comerciales en el puerto y fijó como forma de pago la cesión de un lote de cuatro parcelas en una urbanización, con un reconocimiento de deuda.

Comisión de gobierno

Años más tarde, en el 2000, el empresario acusado solicitó alquilar dichos locales y Muñoz dictó un decreto para elevar a la comisión de gobierno el acuerdo de arrendamiento.

El fiscal mantiene que el exregidor eligió y negoció «sin publicidad ni concurrencia», beneficiando a un interesado y perjudicando los intereses del Ayuntamiento, que se vio privado de otras posibles ofertas mas beneficiosas.

Para la acusación pública hubo un trato de favor hacia el acusado que quiso alquilar los locales y un perjuicio a las arcas públicas.

El letrado de Muñoz ha negado la acusación que pesa sobre su cliente y ha asegurado que el precio de los locales se ajustó a derecho, que su patrocinado no elaboró ningún contrato, que nunca se reunió con nadie y que solo firmó un contrato porque tenía el visto bueno de los técnicos.

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