El movimiento contra el deslinde critica al juez Dívar tras archivar el 'caso PGOU' y exige su reapertura

Reunión celebrada ayer en un hotel de Marbella / Josele-Lanza -

La plataforma denuncia «el desgobierno» de la ciudad y exige que se investigue la cesión de terrenos a Benahavís «con fines personales»

PABLO COLLANTES MARBELLA.

Después de una temporada de aparente calma, la llegada del nuevo equipo de gobierno y el archivo provisional, durante el pasado mes de agosto, del polémico 'caso PGOU', ha reactivado al movimiento ciudadano 'Ni un metro de Marbella para otra población', que se reunió ayer para decidir qué acciones legales y ciudadanas tomará tras este hecho. «No podemos consentir que se deje de investigar un Plan General falseado de principio a fin», explica la abogada y portavoz del movimiento, Cristina Falkenberg.

En este sentido, el movimiento ciudadano sostiene que el bipartito, que tiene previsto la aprobación del texto refundido del PGOU, ya redactado en su forma original, en el pleno del día 29, ha incluido una serie de correcciones en las que «se da luz verde a una alegación que traza una línea que confirma el deslinde, sin que dichas correcciones se hayan expuesto públicamente», por lo que estudian tomar medidas legales.

En relación al archivo del caso, la plataforma ciudadana, que ayer contó entre otros, con el secretario general de Podemos en Marbella, Manuel González, 'Lolo', y la edil de este mismo partido, Victoria Mendiola, cree que el juez Dívar ha estudiado el caso «con celeridad» aunque denuncian el hecho de que sea este juez el que se haya encargado de todos los casos judiciales en los que está implicado el Partido Popular. «No es normal que todos le toquen a él». Por ello, el movimiento exigirá a Dívar que «se abstenga de continuar en el procedimiento y sea otro letrado el que tome las riendas del caso, de confirmarse finalmente su reapertura tras el recurso presentado por la Fiscalía y el PSOE durante este mismo mes».

«No ve lo evidente. El auto presentado en el mes de agosto está plagado de errores y no se corresponde con lo que realmente consta en el PGOU de 1986», mantuvo Falkenberg. «Que un juez sostenga que el deslinde es legal es insultar a la inteligencia de todo un pueblo».

Una denuncia en 2016

Además, la plataforma vuelve a mostrarse contraria a admitir el deslinde con Benahavís. Ya en 2016, el movimiento presentó una denuncia por un presunto delito de falsificación del PGOU en la que señalaban una alteración del documento realizada el 28 de julio de 2009, el día posterior a la comisión de Urbanismo en la que se entregó toda la documentación a los concejales y en la víspera del pleno extraordinario que se celebraría el miércoles 29 de julio para la aprobación provisional del PGOU y su remisión a la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva. En total se señalaban diferencias en 22 planos.

En dicha denuncia, el movimiento aseguraba que el cambio producido en las lindes beneficiaba a Ángeles Muñoz y su familia, ya que se da la circunstancia de que la exalcaldesa tiene su vivienda en la zona que cambia de término municipal según se aplicara uno u otro mapa, y que su familia es propietaria de otras dos parcelas en el mismo sector.

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