El monitor acusado de abusos a niños en Marbella tiene antecedentes por pedofilia y corrupción de menores

Agentes de la Policía Nacional, junto al detenido por supuestos abusos. / SUR

El joven, de 22 años y en prisión incondicional, habría realizado tocamientos a menores en la ONG donde era voluntario

Juan Cano
JUAN CANOMálaga

Estaba considerado «un chico normal» con –aparentemente– la «conciencia social» que requiere el voluntariado. Así lo definen en una de las ONG con las que colaboraba, donde desconocían por completo su lado oscuro: dos antecedentes policiales por corrupción de menores y pedofilia. Esta semana ha sumado el tercero. La policía lo ha detenido por presuntos abusos sexuales a cuatro niños a los que daba clase como monitor en el Centro de Inserción Socioeducativa (CIS) La Patera, gestionado por la asociación Horizonte Proyecto Hombre de Marbella.

Ayer, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad decretó, a petición de la Fiscalía, su ingreso en prisión investigado por cuatro supuestos delitos de abusos sexuales agravados, aunque la policía no descarta que haya más víctimas, dado el tiempo que el joven ha estado participando en las actividades del centro, en el que lleva como voluntario desde el 14 de octubre de 2013. Firmó un contrato «de compromiso» con la asociación para colaborar como monitor de manera altruista.

La investigación arrancó solo unas horas antes de su arresto, el martes pasado, cuando una mujer se presentó en la comisaría de Marbella para denunciar que su hijo había sufrido abusos sexuales por parte de uno de los monitores del CIS La Patera. Mientras los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) indagaban en el caso, otros tres padres acudieron a las dependencias policiales para denunciar tocamientos hacia sus hijos por parte del mismo individuo. Las víctimas, según las fuentes consultadas por este periódico, tienen en torno a siete años.

El detenido colaboraba como monitor dando clases de refuerzo a grupos de menores de entre 6 y 14 años, ayudándoles a hacer los deberes o en actividades deportivas, un recurso de «prevención selectiva» que la asociación presta a familias con escasos recursos o con un entorno social deprimido. Para cometer los supuestos abusos, que habrían tenido lugar de manera individual con cada uno de los niños, el sospechoso hacía salir de la clase a una de sus víctimas y, según la investigación, la hacía pasar a una habitación del centro que se utiliza como almacén. Allí, tras cerrar la puerta a sus espaldas, las habría desnudado y les habría realizado los tocamientos que denuncian los padres.

Registro en su casa

Tras su detención, que se produjo el martes por la tarde en el propio centro, los agentes se desplazaron al domicilio del joven, que al parecer vive con sus abuelos, y efectuaron un exhaustivo registro en el que intervinieron un teléfono móvil cuyo contenido está siendo analizado por los especialistas del Grupo de Delitos Tecnológicos. Una vez terminado el registro, lo condujeron a las dependencias policiales, donde permaneció hasta ayer.

Aunque su pasado era un secreto para sus compañeros de trabajo, no era la primera vez que pisaba la comisaría. Según fuentes del caso, en su historial consta una reseña policial por corrupción de menores de julio de 2014 que aún se investiga en un juzgado de Marbella, y otra por posesión de archivos de contenido pedófilo de febrero de este año. La pregunta es: ¿cómo podía estar trabajando con menores con esos antecedentes? En primer lugar, cuando firmó su contrato como voluntario en 2013, su expediente no tenía mácula. Posteriormente, la Ley 26/2015 de 28 de julio modificó el sistema de protección a la infancia y la adolescencia e introdujo la obligatoriedad de acreditar una certificación negativa de antecedentes penales por delitos sexuales para todas aquellas personas que trabajan con menores, sea cual sea el ámbito.

El 1 de marzo del año pasado, el Ministerio de Justicia puso en marcha el Registro Central de Delincuentes Sexuales, lo que obligó a decenas de miles de profesionales a pedir un certificado negativo de antecedentes; en Málaga, hasta enero, ya lo habían solicitado 24.500 personas. Según el director de Horizonte Proyecto Hombre, Jaime Álvarez, el monitor investigado aportó dicho documento, que no reflejaba sus antecedentes, ya que estos son policiales y no penales, puesto que, por ahora, no ha sido condenado en ninguna de las causas abiertas contra él.

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