Marbella estudia si hay encaje legal para viviendas turísticas que no reúnan los requisitos urbanísticos

Asistentes a la reunión de la Mesa del Turismo presidida por el consejero de Turismo y el alcalde. :: josele-lanza
Asistentes a la reunión de la Mesa del Turismo presidida por el consejero de Turismo y el alcalde. :: josele-lanza

La Junta da autonomía a los ayuntamientos para que emitan, si es posible, un documento equivalente al exigido para inscribir a estos alojamientos en el registro regional

MÓNICA PÉREZ MARBELLA.

La anulación del PGOU de 2010 deja a la mayoría de las viviendas turísticas de Marbella sin licencia de primera ocupación, uno de los requisitos que debe cumplir este tipo de alojamiento para operar con uso turístico. El problema, que afecta igualmente a otros municipios, llevaba hace unos días a la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía a reclamar una solución a esta «barrera» urbanística. El Ayuntamiento de Marbella se ha puesto manos a la obra con el asunto y ya estudia si existe un posible encaje legal de estas viviendas que a día de hoy incumplen los requisitos normativos del decreto de la Junta de Andalucía para la inscripción y regulación de estos alojamientos turísticos. Así lo anunció ayer el alcalde, José Bernal, durante la reunión de la Mesa del Turismo -órgano de interlocución integrado por los sindicatos UGT y CC OO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)-, que estuvo presidida por el consejero de Turismo de la Junta, Francisco Javier Fernández. El regidor incidió en que, en cualquier caso, los pasos que se den «cumplirán escrupulosamente la ley». «Estamos trabajando para buscar soluciones. Todo lo que tenga encaje en la ley se desarrollará y lo que no, no se hará. Lo que no vamos a permitir es que algunos busquen un subterfugio para saltarse la ley».

En este sentido, el Consistorio marbellí ha dado ya algunos pasos para conocer si debe ser el propio Ayuntamiento el que emita un certificado que, siguiendo los criterios exigidos, garanticen la estabilidad, la salubridad y condiciones de habitabilidad de las viviendas sobre las que no existe una licencia de primera ocupación, o si ese documento puede emitirlo un técnico competente en la materia. Así lo puso de manifiesto la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, durante el último pleno.

Sobre este asunto, el consejero de Turismo, por su parte, insistió en que desde el Gobierno andaluz se dará «total autonomía» a los ayuntamientos para que busquen las fórmulas para emitir «un documento que sea equivalente al que exige la normativa». «Todo lo que sea un documento que equivalga legalmente y administrativamente al documento exigido se va a admitir. Lo que no podemos hacer es que, al margen de la normativa de los ayuntamientos, este decreto sea una forma de regularización urbanística». Ante este escenario, incidió, «si el ayuntamiento no tiene la capacidad de emitir ese documento que legalmente sea equiparable al que exigimos, estas viviendas no podrán inscribirse».

Buena parte de estas viviendas carecen de licencia de primera ocupación

Francisco Javier Fernández explicó que la Junta, a través del decreto de viviendas turísticas, no pretende «poner a los ayuntamientos en un aprieto para que tengan que emitir un documento que no sea válido. Respetamos las soluciones que se adopten y que cada uno tenga autonomía para definir, en base a la ley, la planificación y los permisos».

Por otro lado, el responsable regional de Turismo recordó la obligación que tienen los gestores de este tipo de alojamientos de inscribirse en el registro habilitado hace ya un año para ello y advirtió de que el Gobierno regional actuará «con las fórmulas que nos permita la ley» contra los portales de comercialización que ofrezcan viviendas turísticas que carezcan de número de registro. En este sentido, el consejero pide la «colaboración contra la clandestinidad y contra aquellos que no cumplen». «Es la calidad de lo que ofrece Andalucía la que necesita que la vivienda con finalidad turística cumpla un mínimo de requisitos que garantice esa calidad y le dé seguridad al consumidor», indicó, añadiendo que el consumidor tiene que tener la seguridad «de que, si va a una vivienda que está registrada y que tiene un número de registro, tiene un control y una serie de necesidades cubiertas que no tendría fuera de esa legalidad». En eso, añadió, «tenemos que pedir la colaboración de los portales de comercialización».

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