Marbella alega contra la nueva ley urbanística andaluza al entender que recorta competencias

Oficinas de la delegación municipal de Urbanismo en Marbella. /Josele-Lanza -
Oficinas de la delegación municipal de Urbanismo en Marbella. / Josele-Lanza -

El equipo de gobierno critica que se prevea la creación de planes de ordenación estructural «que estarán por encima de los PGOU de los municipios»

Mónica Pérez
MÓNICA PÉREZMarbella

El Ayuntamiento de Marbella alegará al anteproyecto de la Ley para un Urbanismo Sostenible de Andalucía, que tramita el Ejecutivo andaluz y que se encuentra en fase de exposición pública, al entender que recorta competencias a los ayuntamientos y, en el caso concreto del municipio, puede llegar a ser «perjudicial». La Junta de Gobierno Local daba ayer luz verde al documento de alegación en el que el Consistorio, a lo largo de 15 páginas, argumenta los 'inconvenientes' detectados en la nueva normativa urbanística. «Esta ley es una nueva oportunidad perdida por la Junta para aclarar la situación urbanística de nuestra comunidad y, particularmente, de nuestra zona», explicó el portavoz municipal Félix Romero, quien reclama que se «arbitre una solución que devuelva la seguridad jurídica a todos los andaluces y a los ciudadanos de Marbella y San Pedro con una normativa que sea mucho más sencilla que la anterior, ya que hasta ahora cada vez hay más complicaciones, más recortes de competencias y más problemas incubados».

El Ayuntamiento de Marbella sostiene en su alegación varios argumentos. Uno de ellos hace referencia al hecho de que la futura ley prevea la elaboración de planes generales de ordenación estructural «que estarán por encima de los planes generales de ordenación urbanística que elaboran los ayuntamientos» y que, según la versión de Romero, «establecerán una ordenación pormenorizada de lo que se puede realizar en cada municipio, lo que va a implicar que el diseño de la ciudad se decida en Sevilla, en la Junta de Andalucía», reprochó el concejal reproduciendo el contenido del documento de alegaciones. «Se trata de un atropello ya que la ordenación es una competencia municipal y debería seguir siéndolo».

Entienden desde el equipo de gobierno local en Marbella que lejos de simplificar el urbanismo, el anteproyecto de ley plantea «aún más complicación». «Lo que se espera es más simplificación, sin que eso implique una ausencia de garantías y obligaciones por parte de esos propietarios. Por el contrario, nos encontramos con una nueva norma que es más compleja que la anterior Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía». El edil y parlamentario andaluz del PP explica que «desde 2003 la Junta ha ido dando palos de ciego con no menos de diez modificaciones legislativas, lo que demuestra hasta qué punto ninguna de esas modificaciones ha sido suficiente para solventar la problemática urbanística de Andalucía».

«Nos encontramos con una norma con trámites más complejos que la LOUA»

Critican desde Marbella que se creen nuevas clasificaciones y tipologías de suelo, «ya que las normas deben ser pocas y muy claras y lo que no deben es complicar más la situación actual», a lo que añaden que el documento «no reconoce el principio de autonomía local». En este sentido, Félix Romero ha avanzado que se trasladará este asunto tanto a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Otro de los argumentos defendidos desde el Consistorio marbellí es que el anteproyecto de ley «funciona sobre un modelo de planificación decimonónica y que empuja a la población fuera de los cascos urbanos. «En Marbella tenemos un casco urbano maravilloso y queremos que esté habitado», aseguran, al tiempo que se pone el acento en que «no tiene en cuenta los pocos recursos de las haciendas municipales». En este sentido, detallan que el documento «mantiene sistemas como los aprovechamiento y las cesiones obligatorias a los ayuntamientos, con lo que se consiguen consistorios con un gran patrimonio de suelo pero sin recursos ni para desarrollarlo ni para volcarlo en los servicios públicos».

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