Málaga es la provincia española con mayor competencia entre taxis y coches con chófer

Una VTC, en la zona de precontratación de la estación María Zambrano situada junto a la parada de taxis. 
/  FRANCIS SILVA
Una VTC, en la zona de precontratación de la estación María Zambrano situada junto a la parada de taxis. / FRANCIS SILVA

El desembarco de VTC en la Costa no para de crecer y ya suponen 1 por cada 4 taxis pese a que la ratio por ley es de 1/30, sin contar las que vienen de otras provincias en verano

FRANCISCO JIMÉNEZ MÁLAGA.

La Costa del Sol se ha convertido en un filón para los vehículos de transporte con conductor (VTC), que son esos furgones que tradicionalmente se dedicaban a trasladar turistas del aeropuerto a los hoteles y que en los últimos años han proliferado en las ciudades con berlinas de alta gama y de color oscuro que prestan servicios urbanos a través de compañías como Cabify y que traen de cabeza al taxi de toda la vida. Las licencias para prestar este servicio se ha triplicado en los últimos cuatro años en la provincia hasta situarse en 683, según el último balance publicado a comienzos de marzo por el Ministerio de Fomento, que es el que regula la actividad aunque son las comunidades autónomas las encargadas de concederlas. Con estas cifras, que no paran de crecer (604 en noviembre del año pasado; 571 en julio o apenas 240 en 2014), Málaga sólo se ve superada en número de autorizaciones por Madrid (2.933) y Barcelona (920).

Así es en términos absolutos, aunque si se compara con los 2.741 taxis que operan en la provincia según el Instituto Nacional de Estadística (las tablas de Fomento únicamente recoge los 2.583 que tienen autorización para prestar servicios interurbanos), Málaga es la provincia española que más se aleja de la proporción de una VTC por cada 30 taxis que marca el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Actualmente, hay una por cada 4 (1/5 en Madrid, 1/12 en Barcelona o la ratio 1/10 a nivel nacional). Es decir, que para ajustarse al marco legal deberían estar operativas únicamente 86 VTC o, visto desde el otro lado, 20.490 taxis.

A esta realidad, que no se da en otros destinos turísticos, se suman otras dos circunstancias que aumentan más si cabe la competencia. La primera, que en Andalucía hay otras 456 licencias (161 en Sevilla) que puedan operar con plena libertad por toda la geografía regional, siempre previa contratación. Prueba de ello es que Cabify, que además de en Málaga está presente en Sevilla, Barcelona, Madrid y Valencia, trabaja con un centenar de conductores (son autónomos) que se mueven indistintamente por las dos provincias andaluzas en función de la demanda. Ahora hay más por Sevilla pero en verano se desplazan a la Costa del Sol para ampliar el servicio que habitualmente se presta en la capital y Marbella a otras localidades eminentemente turísticas como Torremolinos o Benalmádena.

Y la segunda, que la normativa estatal permite que las otras 5.759 que hay autorizadas en el resto del país puedan trabajar fuera de su comunidad autónoma siempre que no rebasen el 20% de la facturación por trimestre. Precisamente el desembarco de varias decenas de vehículos procedentes de Madrid para aprovechar el tirón de la Feria de Málaga fue el detonante del tenso conflicto que protagonizaron los taxistas el pasado agosto. En la provincia hay una treintena de empresas de transporte que gestionan estos vehículos, a los que hay que sumar conductores autónomos que trabajan para touroperadores, agencias de viaje o aplicaciones como Cabify, según las cifras que maneja la Unión Nacional de Autoturismos (Unauto-VTC).

¿Qué ha pasado para que esa proporción de 1/30 salte por los aires? El origen de este desfase está en la liberalización del sector aprobada por el último Gobierno del PSOE, que eliminó esta limitación entre 2009 y 2013 abriendo la puerta a numerosas licencias. Con la llegada del PP a La Moncloa en 2013 se trató de poner freno con un cambio legal, pero su desarrollo en forma de reglamento se demoró dos años, por lo que la vuelta a la ratio 1/30 no volvió a entrar en vigor hasta noviembre de 2015.

Vacío legal

Ante tal proliferación, la Junta de Andalucía suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones administrativas (1.881 entre diciembre de 2009 y noviembre de 2015 en toda la comunidad), pero las concesiones han seguido llegando vía tribunales de forma escalonada. Un goteo que puede convertirse en tromba a raíz de que el Supremo diera la razón el pasado noviembre a dos empresas a las que la Comunidad de Madrid había denegado un total de 80 licencias. En el gremio del taxi ya se van mentalizando para un aluvión de sentencias que vayan ratificando las diez mil autorizaciones solicitadas hasta noviembre de 2015 en todo el país, de las que un millar se esperan en Málaga.

¿Hay trabajo para todos? La respuesta varía en función del lado de donde proceda. Los taxistas asisten con recelo a un futuro «cada vez más negro» mientras desde la patronal Unauto-VTC y Cabify inciden en que hay suficiente tarta. «Para una población y un territorio tan extenso como Andalucía no son tantas licencias. Taxi y VTC han convivido siempre con naturalidad en la Costa del Sol. La diferencia ahora es que han entrado grandes empresas de transporte y que, tal y como nos permite la ley, también se están realizando trayectos urbanos», apunta el delegado en Andalucía de Unauto-VTC, Pablo García.

En la misma línea se pronuncia la directora de Cabify en Málaga, Marta Campos, quien además de poner el acento en el buen momento turístico que vive la Costa del Sol se muestra convencida no solo de que «la convivencia es posible porque ambos servicios pueden ser complementarios», sino que considera que «se pueden abrir vías de colaboración». En este sentido, matiza que Cabify es «una 'app' que hace de intermediaria entre la persona que necesita un desplazamiento y un conductor» por lo que «con o si Cabify, las VTC seguirán».

Por su parte, el presidente de la Confederación del Taxi de la Costa del Sol, José Royón, procura dejar a un lado el pesimismo que se extiende por el gremio al que representa insistiendo en que «prestando un servicio de calidad y haciendo las cosas bien se podrá salir adelante». Aún así, reclama que el taxi pueda competir con las mismas reglas del juego. «Nosotros estamos muy regulados, tanto en tarifas como a la hora de salir de nuestro municipio mientras las VTC tienen una libertad total para moverse y poner los precios que quieran en función de la demanda», se queja Royón, quien exige «más policías y más inspectores» para controlar la actividad de estos vehículos «que no siempre trabajan de forma adecuada a la ley». «Sólo pueden operar bajo precontratación, pero a algunos los vemos captando clientes y circulando junto a las paradas o en zonas de mayor afluencia esperando a que les salte un servicio. ¿Quién vigila eso?», se pregunta.

Inspecciones

La respuesta la trata de aportar la Junta, asegurando que desde que en 2014 empezó a intensificarse el conflicto «se han redoblado los esfuerzos para aumentar el número de controles» en el marco de los Planes Coordinados de Inspección de Transporte de Andalucía, situándose actualmente en torno a las 2.500 anuales en toda la región. Los últimos datos facilitados por la Dirección General de Movilidad, cerrados al 30 de septiembre de 2017, reflejan la apertura en Andalucía de 220 expedientes sancionadores a intrusos que ejercen de taxistas sin licencia, 131 a taxis y 183 a VTC. Los motivos más frecuentes son no llevar a bordo el contrato de arrendamiento o indebidamente cumplimentado (401 euros), carecer de hoja de ruta (401) o la captación o recogida de clientes que no hayan contratado el servicio previamente (801 euros). Además, tras las protestas primero en Sevilla y luego en Málaga también se ha intensificado la colaboración con los ayuntamientos para formar a los agentes de la Policía Local sobre esta materia más específica y así reforzar la vigilancia en los núcleos urbanos.

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