El Juzgado del 'caso Malaya' también pide la extradición de Carlos Fernández

Carlos Fernández, cuando fue detenido en Argentina. / SUR

El titular de Instrucción 5 de Marbella considera que la responsabilidad penal por los delitos en los que el exedil está investigado no se ha extinguido

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

El Ministerio de Justicia ya tiene sobre la mesa dos solicitudes de extradición del exconcejal Carlos Fernández. El titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Marbella dictó ayer un auto en el que realiza esa petición, que se suma a la cursada la semana pasada por la sección Tercera de la Audiencia Nacional en relación con el 'caso Saqueo 2'.

La petición del juzgado de Marbella se realiza en relación con el 'caso Malaya', que se instruyó en ese juzgado y en el que Carlos Fernández está siendo investigado como presunto autor de un delito de cohecho en el momento de su fuga. El juez también ha dictado un auto de prisión incondicional contra el exconcejal y ha solicitado a Interpol su detención preventiva, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

FUNDAMENTOS

uCondena a exconcejales
La sentencia del Supremo en relación a 'Malaya' condena a los exediles por cohecho pasivo injusto con carácter continuado.
uPena
La pena prevista para ese delito es de uno a cuatro años de prisión e inhabilitación de seis a nueve años.
uPrescripción
El carácter continuado del delito eleva la pena prevista por encima de los 10 años, por lo que el plazo de prescripción es de 15 años.

En varios autos dictados ayer, el juez instructor atiende las peticiones formuladas en ese sentido por el ministerio fiscal. En primer lugar, se deniega la prescripción judicial del delito de cohecho por el que estaba siendo investigado el ex edil puesto que este ilícito tiene un periodo de vigencia de 15 años. Este tiempo sigue vigente, según el criterio del juez, no sólo porque no han transcurrido quince años desde el inicio de la instrucción del 'caso Malaya', sino también debido a los posteriores trámites y resoluciones judiciales que se fueron adoptando en el citado proceso.

El juez de Instrucción ha acordado el inicio de los trámites de extradición del ex concejal desde la Argentina. Con ese fin, ayer dirigió la petición a la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia para que proceda a dar curso a la solicitud en virtud del Convenio de Extradición suscrito entre España y el país sudamericano. En este punto, el magistrado ha acordado también la prisión provisional, comunicada y sin fianza del fugado tal como establece el artículo 825 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige que sea decretada la prisión del investigado, según las fuentes.

El juez ha cursado también una orden directa a Interpol para que mantenga en prisión preventiva al fugado mientras se llevan a cabo los trámites de extradición. Fernández se encuentra ingresado desde el pasado 15 de septiembre en una prisión de la provincia argentina de San Juan, donde residía. Pese a haber solicitado la excarcelación mientras se decide sobre su extradición, el juez federal argentino que entiende en la causa se la ha denegado.

Ayuntamiento de Marbella

La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella se ha conocido el mismo día en que el Ayuntamiento de Marbella comunicó su postura sobre este asunto. La institución municipal, que está personada como acusación en 'Malaya', también se ha posicionado, en la misma línea de la Fiscalía, con la solicitud de extradición.

El Ayuntamiento de Marbella considera que esa causa no ha prescrito y en ese sentido ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad en el que informa de su posición en relación a la situación del exedil. En el informe, elaborado por los servicios jurídicos municipales, se sostiene que que el plazo para la extinción de la responsabilidad penal es de 15 años y no de diez.

El portavoz del equipo de gobierno municipal, Félix Romero, recordó que la sentencia del Tribunal Supremo en este procedimiento corrigió a la Audiencia al considerar que los concejales habían cometido un delito de cohecho continuado. Al tratarse de un tipo penal más grave, según este criterio, el plazo para la extinción de la responsabilidad es de 15 años y no de diez, por lo que no se dan las circunstancias para la prescripción de la causa. Romero señaló que se trata del criterio que ha seguido el Supremo en relación con el resto de los concejales condenados y por lo tanto, el que se debe aplicar a Fernández.

Estos ediles, según la sentencia ya firme, aprobaron resoluciones injustas sucesivamente en el tiempo a cambio de las dádivas de Juan Antonio Roca, ha recordado el portavoz municipal. Los concejales fueron condenados a tres años y medio de prisión.

Fondos saqueados

Romero señaló que para el equipo de gobierno municipal la prioridad en relación con los casos de corrupción que ocurrieron en el Ayuntamiento de Marbella durante los años del GIL es recuperar el dinero saqueado, y que Carlos Fernández deberá regresar para dar cuenta del destino de esos fondos.

Además, aseguró que es necesario que la ciudad cierre las heridas abiertas en aquellos años y para ellos es necesario que todos los responsables den explicaciones en sede judicial. «Faltaba que respondiera el último», dijo.

La extradición de Carlos Fernández ya ha sido solicitada por la Audiencia Nacional en relación con el 'caso Saqueo 2' y se está pendiente de que varios juzgados de Instrucción de Marbella, donde hay más causas pendientes, tomen una decisión al respecto.

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