Un juzgado ve indicios de infracción penal en la licencia para el tanatorio de San Pedro

La jueza dispone la incoación de diligencias previas aunque se inhibe del conocimiento de este procedimiento en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, «dado que se encontraba de guardia tanto el día 26 de enero de 2015 como el 22 de noviembre de 2016, «fechas en las que se firmaron, respectivamente, «decreto de modificado del proyecto básico y ejecución del tanatorio y aprobación anterior a los efectos de licencias de obras e instalación, y el decreto de concesión de licencia de apertura».

El pasado mes de octubre, el Fiscal de Medio Ambiente presentaba ante el Juzgado Decano de Marbella una denuncia para investigar si la concesión de la licencia de actividad del tanatorio pudiera ser constitutiva de delito. Lo hacía después de no haber obtenido la información que sobre el caso le había solicitado al Ayuntamiento cinco meses antes, el 25 de mayo. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 2 en el que cayó el caso, los traslada al 5 al entender que es el competente.

El procedimiento tiene su origen en el pleito abierto hace tiempo por un vecino de la zona donde se levantó el tanatorio y que argumenta no solo que en la parcela donde se ha edificado el tanatorio –que adquirió el Ayuntamiento durante la era GIL’ no se puede levantar este tipo de equipamientos, sino viviendas. También alude en su denuncia a que, una vez edificado el tanatorio, el recinto carece de accesos para minusválidos, plazas de aparcamiento y de obras de urbanización necesarias.

La denuncia de este vecino derivó hace unos meses en otra causa que tiene incluso sentencia de un juzgado Contencioso de Málaga que en abril pasado anulaba la licencia de obras que amparó la construcción del tanatorio de San Pedro. La licencia anulada fue firmada el 26 de enero de 2015 por el entonces coordinador de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento, Carlos Rubio, y recurrida por el particular. En esa fecha, según recoge la sentencia, el alto cargo municipal durante el mandato de Ángeles Muñoz firmó un decreto por el que se aprobó el modificado del proyecto básico y de ejecución del tanatorio de San Pedro que al mismo tiempo se consideraba que tenía los efectos de licencia de obras y licencia de instalación.

El juez dio la razón al vecino denunciante al sostener que el delegado de Hacienda y Administración carecía de competencias para firmar una autorización que tenía los efectos prácticos de una licencia de obras y que por lo tanto debería haber sido firmada por un órgano de gobierno municipal.

El equipo de gobierno tripartito recurrió en mayo esta sentencia incorporando un informe de la Asesoría Jurídica Municipal. El PP siempre ha defendido la legalidad del procedimiento, indicando que lo que recurrió el vecino es la aprobación de un proyecto básico y de ejecución del tanatorio de San Pedro Alcántara que contaba con todos los informes favorables y requisitos para poder aprobarse, y que el entonces coordinador de Hacienda, Carlos Rubio, tenía delegada por Junta de Gobierno Local las competencias en materia de contratación, y por tanto era competente para aprobar el modificado del proyecto básico y de ejecución.

El actual teniente de alcalde de San Pedro (cargo que ostentó igualmente con el tripartito), Rafael Piña, ha venido defendiendo sobre la licencia de apertura que firmó en 2016, que cumplía con todos los informes técnicos.