Un juzgado condena al dueño de un chiringuito de Banús por obras no ajustadas a licencia ni a la ley

Un juzgado condena al dueño de un chiringuito de Banús por obras no ajustadas a licencia ni a la ley

El particular, que ha recurrido la sentencia, defiende que la obra se hizo conforme al permiso otorgado por el Ayuntamiento en 2008

M. PÉREZ/ E.PRESS MARBELLA.

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha condenado al dueño de un chiringuito de Puerto Banús por un delito contra la ordenación del territorio por hacer obras que, asegura, excedían de lo autorizado, ya que demolió la edificación existente y construyó otra; y que no se ajustaban a la legislación de Costas. También se le condena por desobediencia, al no paralizar la ejecución. Así, se le impone un año y medio de prisión y multa de 5.400 euros por el delito urbanístico, acordando el juez la demolición de lo ilegalmente construido; así como otra multa de 4.320 euros por el delito de desobediencia a la autoridad, señalando la resolución que se pueden aplicar las cantidades abonadas en el expediente administrativo tramitado en el Ayuntamiento.

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el chiringuito (Levante Beach) se asienta «en terreno perteneciente al dominio público marítimo terrestre, suelo clasificado como no urbanizable de especial protección integral». En 2006, pidió licencia para hacer obras de reforma. Fue concedida en 2008, aunque el acusado, según la sentencia, pidió una prórroga para comenzar las obras, que se iniciaron entre finales de 2009 y principios de 2010. Según la resolución se llevaron a cabo unas actuaciones «que diferían de aquellas simples reformas para las que había autorizado, procediendo a la demolición de la edificación preexistente» y construyendo otra».

«El acusado era sabedor de que la nueva edificación no se ajustaba a la legalidad urbanística vigente», indica el juzgador, apuntando que ya había solicitado la demolición del local y le fue denegada la autorización porque el proyecto presentado suponía una nueva instalación que «excedía la ocupación máxima permitida por la legislación de Costas».

Los técnicos realizaron varias inspecciones de las obras y corroboraron que «no se ajustaba a la autorización inicialmente concedida», por lo que se iniciaron expedientes administrativos de paralización de las actuaciones, aunque el procesado «incumplió de forma consciente y deliberada y prosiguió con la ejecución». Además, se le denegó la legalización de las mismas.

«Es un caso kafkiano»

En declaraciones a SUR, el propietario, que ha recurrido la sentencia, califica el caso de «kafkiano» y defiende que la obra se ejecutó «conforme a la licencia otorgada por el Ayuntamiento en 2008 y no revocada». Asegura el empresario que el juez «no ha tenido en cuenta una serie de documentación aportada al proceso» y con la que se demostraría «que todo se hizo conforme a la ley y a lo que me autorizaron».

El propietario apunta a una «posible confusión», al haberse tramitado dos expedientes de solicitudes de obra en su nombre «pero para dos establecimientos diferentes ubicados en la misma playa. «Es cierto que hay una licencia que se me denegó y yo acaté, pero no era para este local, era para otro», explica.

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