Juristas piden una mayor concreción en el decreto andaluz de alquiler de viviendas con fines turísticos

La Junta cifra en toda la provincia más de 15.800 inmuebles de este tipo y afirma que la mayoría de ellos se acogen a lo establecido en la norma

PABLO COLLANTES MARBELLA.

El auge de las viviendas turísticas gracias a la aparición de plataformas de alquiler online ha desatado el crecimiento de un nuevo mercado en toda la provincia. Según estimaciones de la Junta de Andalucía, en Málaga se contabilizan más de 15.800 viviendas de este tipo, muchas de ellas ubicadas en Marbella.

Sin embargo, más allá de la saturación o la competencia que suponen para el sector hotelero este tipo de inmuebles, la legalidad actual en la que se amparan sus dueños encuentra recovecos que hacen que cualquier ciudadano de a pie pueda alquilar una propiedad sin que ésta cumpla con las garantías mínimas que exige el propio concepto de vivienda turística.

Sobre este y otros ejes giró ayer una de las últimas ponencias de la decimotercera edición del Congreso Jurídico de la Abogacía organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga (ICA). La directora de formación del ICA, Belén Villena, junto con la letrada Beatriz Conejo, debatieron mano a mano con el Jefe del Servicio de Turismo de la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Turismo de la Junta, Rafael Salas Gallego.

Villena introdujo la problemático e insistió en la «maraña legal» que suscita la propia definición de vivienda turística. De esta forma, según el decreto sobre viviendas turísticas en entornos urbanos de Andalucía, aprobado en 2016, un inmueble de este tipo no puede ser arrendado por más de dos meses y la finalidad última del propietario debe ser la de garantizar un servicio turístico. «Visto así, y pese a que algunos insistan en lo contrario, el alquiler a través de plataformas es un negocio muy lucrativo que debería estar regulado legalmente como tal», sostuvo la formadora.

En este sentido, Villena aclaró que es «realmente difícil» distinguir entre aquellos propietarios que prestan un servicio turístico y los que no. En relación al ámbito legislativo, Salas detalló que la Junta de Andalucía comprueba «con exactitud» cada una de las viviendas que se acogen al decreto, y reconoce que hay algunos casos en los que estas viviendas están muy por debajo de los «pocos requisitos» que se les exigen. «Nos hemos encontrado viviendas infames, aunque son una excepción», detalló el jefe de servicio, que admitió a su vez que estos alquileres «irrumpen de manera importante en el modelo productivo».

Respecto a los conflictos vecinales que acarrea el alquiler en zonas residenciales, Salas aclaró que Andalucía suma ya un centenar de reclamaciones, «que deben ser atendidas por los Ayuntamientos y no por el gobierno autonómico», concluyó.

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