El juez archiva el ‘caso PGOU’ de Marbella al apreciar que no hay indicios de delito

El vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas, cuando prestó declaración
El vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas, cuando prestó declaración / Josele-Lanza -

El auto sostiene de forma tajante que los cambios de última hora los realizó el equipo redactor y que no hubo intención de que pasaran desapercibidos

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

Ya no hay ‘caso PGOU’. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha dispuesto el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta en 2015 por la presunta falsedad de las actas del pleno en el que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de 1986.

El auto, al que ha tenido acceso este periódico, fue dictado el miércoles de la semana pasada y comunicado en la mañana de ayer a las partes, que disponen de cinco días para recurrir. De esta manera, el juez contradice el criterio del fiscal, que se había opuesto al sobreseimiento de la causa solicitado por las defenssas de la exalcaldesa Ángeles Muñoz, que estaba en situación de denunciada pero no investigada por el aforamiento derivado de su condición de senadora, y del vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas.

El juez es contundente al señalar que no hay indicios de delito ni en la modificación de los documentos aportados a última hora antes del pleno en el que se aprobó el Plan General, celebrado el 29 de julio de 2009, ni en el acta de esa sesión.

La causa, en la que el grupo municipal del PSOE se encuentra personado como acusación, se inició por una denuncia del fiscal, que consideró que el contenido del acta no coincide con la información que se dio al pleno y que se sometió a votación. La acusación se basaba en la modificación de 22 de los 71 planos del PGOU entre los que se encuentra el relativo a las lindes entre Marbella y Benahavís.

Tras analizar la documentación aportada durante el proceso y las declaraciones de los testigos, el juez ha llegado a la conclusión de que los cambios fueron introducidos por el equipo redactor del Plan de conformidad con lo dispuesto por un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, «que fue seguido por el equipo redactor dadas las instrucciones de la Junta de Andalucía, que les manifestó que debían ajustarse a su contenido y establecer las mismas lindes fijadas en el PGOU de 1986». En el auto queda constancia de que este criterio era contrario al del propio equipo redactor, que entendía que debían mantenerse los límites de la cartografía del Instituto Cartográfico de Andalucía.

El juez hace referencia a las afirmaciones realizadas durante el pleno por Ángeles Muñoz durante el pleno, recogidas en el acta, en las que aseguraba que lo que se aprobaba ese día -relativo a las lindes- era lo mismo que lo del Plan de 1986. «Es decir -señala el magistrado- que el PGOU que se iba a aprobar seguía lo dispuesto en el dictamen del Consejo Consultivo del 15 de julio de 2009, el cual a su vez, y en contra de la opinión del equipo redactor, fijaba las mismas lindes que el PGOU de 1986 y que fue aprobado en su día».

Sin intención

En ese sentido, el auto sostiene que se pone de manifiesto «de manera clara y rotunda» que no hubo ninguna intención «ni mala ni buena» por parte del equipo de gobierno de que las modificaciones introducidas a última hora pasaran desapercibidas, «pues el escrito (con las modificaciones) ni fue presentado por dicho equipo de gobierno, ni fue redactado por éste, ni fue quien introdujo los cambios mencionados».

Por ello, el juez concluye que no se aprecia razón alguna para esconder la realidad de lo sucedido en el pleno en relación con lo que se reflejó en el acta de esa sesión

El instructor también subraya que en el acta de la comisión de Urbanismo previa al pleno, celebrada dos días antes de éste, también figura una referencia a la reunión que ese mismo día iba a tener lugar en la Consejería de Ordenación del Territorio para concretar cambios ya pactados previamente.

Asimismo, el juez explica que en la grabación del pleno se comprueba que sí se hicieron referencias al escrito presentado el día anterior relativo a las modificaciones de los planos. «Bien es cierto que no se hizo con la amplitud que se hubiera deseado, pero sí se mencionó y se puso en conocimiento de los concejales, poniendo de manifiesto que esos escritos estaban unidos al expediente».

«Se pone de manifiesto de manera clara y rotunda que no hubo ninguna intención, ni mala ni buena, de que dicho escrito pasara desapercibido»

Según indica el titular del Juzgado en el acta, los concejales deberían haber revisado el expediente, informarse de los cambios o solicitar la suspensión del pleno, petición que no se produjo. «Incluso se puede ir más allá -sostiene-, pues se podía haber votado en contra de su aprobación, lo cual se hizo sólo por dos concejales y en su caso no haber dado su aprobación posterior al acta». Por todo esto, el juez concluye que durante el pleno sí se hizo referencia breve a las modificaciones de los planos.

«Se trata de determinar si se produjo una falsedad en el acta, en el sentido de si la misma refleja lo que se acordó en el pleno y en concreto si en el pleno se dejó constancia de la recepción de los escritos presentados el mismo día o el anterior», sostiene el auto. Para el juez no cabe duda de que fue así, «aunque no con la amplitud que hubiera sido la deseada».

En su razonamiento, el instructor explica que para que exista un delito de falsedad documental debe producirse una mutación de la verdad, que ésta recaiga sobre elementos esenciales del documento y que haya voluntad de transmutar la realidad, y en su opinión no concurren ninguna de estas circunstancias, por lo que ordena el sobreseimiento y el archivo de las diligencias.

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