El jeque presenta recurso contra el fallo que lo aparta de La Bajadilla y la Junta pide que no se le admita

El jeque Al-Thani, en el aeropuerto de Málaga. /Ñito Salas
El jeque Al-Thani, en el aeropuerto de Málaga. / Ñito Salas

Al-Thani recurrió ante el TSJA en nombre de la UTE que formaba con el Ayuntamiento, que no fue informado de la iniciativa

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

El laberinto judicial en el que ha entrado el proyecto de ampliación del puerto de La Bajadilla está dando lugar a situaciones inéditas. La última encuentra a una administración pidiendo a un tribunal que no se admita un recurso contra una sentencia dictada en su contra y a otra institución desconociendo ese mismo recurso presentado en su nombre.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)anuló en una sentencia dictada el pasado septiembre la mesa de contratación en la que, en 2011, se admitió como licitadora para la concesión del puerto de La Bajadilla a la UTE formada por una sociedad del jeque Al-Thani con una representación testimonial del Ayuntamiento. Esta sentencia, que consideraba que el jeque no cumplía con los requisitos del concurso no condenaba a la UTE, sino a la administración que admitió su participación y posteriormente le concedió la licitación, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).

Ahora Al-Thani ha presentado un recurso contra esa decisión en nombre de la UTE formada en su día con el Ayuntamiento, pero mientras la institución municipal asegura desconocer esa iniciativa, la administración condenada, la APPA, se opone a que se admita por entender que la citada UTE ya no existe. Tras más de seis años de incumplimientos, el jeque se ha quedado solo.

Al-Thani cuestiona que el Ayuntamiento no tenga intención real de invertir La Junta advierte de que admitir el recurso dilataría la posible ejecución de la obra

La sentencia, que dio la razón a un recurso presentado por el otro grupo licitador -formado por Marinas del Mediterráneo, el grupo Alfil y CYES- señalaba que al no cumplir los requisitos de solvencia técnica y económica, el jeque recurrió al Ayuntamiento, que pese a figurar como parte de la UTE, en el curso del proceso quedó demostrado que no tenía intención de invertir recursos económicos propios para la ejecución del contrato y ni de poner fondos a disposición del proyecto.

El recurso interpuesto por Al-Thani, al que ha tenido acceso SUR, señala que la sentencia incurre en error al apreciar que el Ayuntamiento de Marbella no tiene intención de invertir recursos económicos propios para la ejecución del contrato, «interpretando que la constitución de la UTE no es elemento probatorio suficiente y exigiendo, de este modo, más requisitos que los legal y jurisprudencialmente establecidos».

También argumenta que el compromiso del Ayuntamiento de Marbella de poner sus medios económicos a disposición de la ejecución del contrato se plasmó en un convenio y además «deriva de la propia constitución de la UTE».

El gobierno municipal de Marbella se desmarcó ayer de este recurso. Fuentes municipales han explicado que el Ayuntamiento no ha participado en el mismo y ni siquiera tenía conocimiento de su presentación.

Asimismo, la APPA, dependiente de la Consejería de Fomento, ha pedido que el recurso no sea admitido por falta de personalidad y capacidad de obrar de la UTE, ya que la misma se extinguió tras la constitución de Nas Marbella Sociedad Anónima, la entidad encabezada por el jeque que quedó subrogada en aquella.

En un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que también ha tenido acceso este periódico, se recuerda que en la misma sala se sigue actualmente un procedimiento relativo a la resolución del contrato con la entidad encabezada por Al-Thani.

«Dicha extinción de contrato ha resultado de graves incumplimientos del concesionario, relacionados no sólo con los impagos y omisión en la prestación de servicios en las instalaciones preexistentes a la ampliación, sino en la absoluta inacción respecto a la redacción del proyecto definitivo e inicio en la ejecución de las obras», sostiene el escrito.

La APPA argumenta que la dilación que supondría admitir el recurso de Al-Thani perjudicaría al interés público al postergar la ejecución de una obra pública de carácter estratégico.

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