El interventor municipal de Manilva revela supuestas irregularidades en la gestión

El interventor municipal, a la izquierda, junto al portavoz socialista. /Charo Márquez
El interventor municipal, a la izquierda, junto al portavoz socialista. / Charo Márquez

En un informe señala que hay obras que se realizan sin proyecto, contratos sin consignación presupuestaria y facturas sin conceptos

Charo Márquez
CHARO MÁRQUEZ

El interventor municipal de Manilva ha denunciado en un informe presuntas irregularidades por parte del equipo de gobierno de Compromiso Manilva e Izquierda Unida a la hora de contratar servicios, conceder obras o abonar facturas. José Ángel Sebastián Navarro expone en su informe que las obras, sobre todo cuando las ejecuta una Administración, deben contar con su memoria o proyecto. Y en el caso de Manilva, se da la circunstancia de que hay obras que no lo presentan y esto hace que «sea imposible el cálculo del coste de la actuación ni el porcentaje del coste que ha sido contratado a terceros, lo que impide el ejercicio de fiscalización de los expedientes».

El habilitado asegura que se está incumpliendo la obligación de solicitar una retención de crédito para las contrataciones, lo que ocasiona «gastos sin consignación presupuestaria que están prohibidos por la Ley».

Añade que existen contrataciones menores en las que los presupuestos «no van en sobres cerrados, ni son abiertos por la mesa de contratación» como obliga la norma.

Otra de las denuncias del funcionario es que existen facturas donde no se aclara la prestación realizada por el proveedor. Y llama la atención sobre los contratos menores, aquellos que no pueden superar los 3.000 euros y para los que no se precisa adjudicación. Relata el interventor municipal que existen proveedores que «repetitivamente» son contratados por el Ayuntamiento a través de la figura del contrato menor de 3.000 euros, «dejando las facturas en el entorno de los 2.999 euros en muchos casos, ocultando realmente la existencia de una relación contractual continuada sin haber mediado contrato adjudicado conforme a las normas reguladoras de la contratación pública». Advierte de que se trata de adquisiciones de suministros y prestaciones de servicios que acumulan saldos por proveedor de en torno a los 50.000 euros en unos casos, y de más de 120.000 euros en otros a lo largo de 2017. Incluso pone el ejemplo de un proveedor, que considera «sospechoso», porque emitió 17 facturas e incluso puso en el concepto de las mismas «trabajos de limpieza periódica». Por ello el funcionario recuerda al equipo de gobierno que el fraccionamiento de contratos para disminuir la cuantía y eludir los requisitos de adjudicación son «una práctica prohibida».

Otra irregularidad detectada por Sebastián Navarro es que el Ayuntamiento ha puesto en marcha servicios y actividades sin tramitar el correspondiente expediente para comprobar que cumple todos los requisitos legales, que no supone un riesgo para la sostenibilidad financiera del Consistorio y que se cobra al usuario sin aprobar precios públicos o tasas. El interventor reconoce que se ha enterado por la página web del Ayuntamiento de servicios como la piscina municipal, actividades de deporte y cultura o podología.

José Ángel Sebastián Navarro presentó su informe en la Junta de Gobierno Local del pasado 15 de diciembre y la oposición no ha tenido acceso a él hasta un mes después cuando ha obtenido copia del acta de dicha junta.

El alcalde, Mario Jiménez, aclaró ayer que el equipo de gobierno cumple «escrupulosamente la legalidad» y que se autoimpone el límite de 3.000 euros para contratos menores, cuando la ley establece que debería ser de 50.000 euros. Señaló que hay empresas que han contratado en varias ocasiones con el Ayuntamiento, pero en zonas distintas del municipio para labores de limpieza y jardines, pero que no existe relación contractual periódica.

Respecto a la ausencia de proyectos o memoria en las obras, comentó que no tiene constancia de este extremo. Sí reconoció, respecto a los precios públicos de servicios municipales como la piscina, que se aprobaron con posterioridad a su puesta en funcionamiento, «pero todo se ha solucionado y tiene su consignación presupuestaria y los precios públicos en deportes funcionan desde hace 40 años».

El regidor añadió que los concejales de cada área afectada contestaron al informe del interventor, del que comentó que, «quizás emitió este informe por desconocimiento del municipio, porque no es de Manilva».

El portavoz socialista, Diego José Jiménez, considera que este informe viene a confirmar las denuncias realizadas por los socialistas sobre presuntas irregularidades económicas por parte del equipo de gobierno. «Ya no hablamos de conjeturas o sospechas, sino de realidades plasmadas y verificadas, nada más y nada menos, que por el propio interventor del Ayuntamiento», señaló.

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