El Gobierno local mantiene a los directores generales en sus puestos y prepara un recurso

Ángeles Muñoz, ayer, en el Comité Ejecutivo Local del PP en Marbella./Josele-Lanza
Ángeles Muñoz, ayer, en el Comité Ejecutivo Local del PP en Marbella. / Josele-Lanza

Ángeles Muñoz sostiene que la medida cautelar del TSJA afecta al reglamento pero no al nombramiento de los cargos

Mónica Pérez
MÓNICA PÉREZMarbella

El equipo de gobierno municipal en Marbella mantendrá en sus cargos a los directores generales y prepara ya, a través de la asesoría jurídica, el recurso a las medidas cautelares dictadas por la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJA en Málaga contra el nombramiento de los cargos. Tanto la alcaldesa Ángeles Muñoz como el portavoz municipal, Félix Romero, insistían ayer en este punto. «Los directores generales siguen en su puesto y estamos a la espera de ver cómo se prepara el recurso que se presentará en los próximos días», afirmaba Muñoz antes de entrar a la reunión del Comité Ejecutivo Local del PP en la ciudad. La regidora defiende que las medidas cautelares afectan al reglamento por el que se rige la elección de los cargos, pero no a los nombramientos ya formalizados. En este escenario los únicos afectados serían el puesto que quedó vacante en San Pedro, y el adjunto a la dirección de asesoría jurídica, cuyo contrato aún no estaba firmado, según fuentes municipales.

En la misma línea, Félix Romero indicaba por la mañana, en su comparecencia tras la Junta de Gobierno Local, que los directores generales siguen en sus cargos, «ya que ninguno de ellos ha sido notificado de lo contrario». Romero reiteraba el argumento defendido el viernes, cuando se daba a conocer el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, defendiendo la legalidad del procedimiento llevado a cabo. «Estoy totalmente convencido de que nuestro planteamiento es correcto y acorde a la legalidad». Los servicios jurídicos municipales estudian ahora, indicó Félix Romero, «cómo llevar a cumplimiento la resolución judicial y determinar cuál es la actitud procesal que debe realizar el Ayuntamiento». El también parlamentario andaluz defendió que «en cualquier caso, se trata de una medida provisional que no entra en el fondo del asunto», y puso de manifiesto su convencimiento en que «la justicia debe darnos la razón porque hemos actuado conforme a ley, con los informes de los servicios técnicos y jurídicos», al tiempo que criticó, en alusión al PSOE, que «ya estamos acostumbrados a que la política municipal esté en la justicia permanentemente porque alguno se ha aficionado a que así sea. A lo mejor es que hay que explicar mejor las cosas».

En el debate sobre el asunto entraba igualmente el portavoz del grupo municipal de IU, Miguel Díaz, quien incidía en las «repercusiones que tendrá la medida y que se deben aclarar». En este sentido indicó que «tendrán que explicar si los directores generales si van a ser cesados de forma inmediata, si se ha notificado ya, y si van a volver al puesto de cargo de confianza que tenía alguno, si es que el cargo existe y no se ha amortizado».

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