Gobierno y Junta firman un protocolo para depurar aguas con 149 actuaciones

El acuerdo, que tiene una vigencia de cuatro años, estará dotado con 790 millones que aportarán ambas administraciones

CHARO MÁRQUEZ ESTEPONA.

Gobierno central y Junta de Andalucía van de la mano en la depuración de aguas y así lo pusieron de manifiesto ayer la Ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, con la firma del Protocolo General sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía, en el que se definen las líneas a seguir para el cumplimiento de la Directiva comunitaria.

Este Protocolo contempla la ejecución de un total de 149 actuaciones de saneamiento y depuración hasta 2021 con una inversión estimada de 790 millones de euros. La Junta aportará 531 millones procedentes en su mayoría del canon de mejora del agua que se cobra a los andaluces y de fondos europeos; mientras que el Gobierno lo dotará con 231 millones de euros. Del total, 31 actuaciones han sido asignadas a la Administración General del Estado.

De este modo se pondrán en funcionamiento nuevos sistemas de saneamiento y depuración que darán servicio a una población de 2,4 millones de habitantes.

De estas actuaciones, 31 tendrán lugar en la provincia de Jaén; 28 en la de Sevilla; 23 actuaciones en la provincia de Granada; 16 en la de Málaga y en la de Córdoba; 15 en la de Cádiz; 12 en la de Huelva; y 8 en la de Almería.

García Tejerina destacó ayer un dato: que España produce el 50 por ciento de todo el agua reutilizada de Europa. «En el Gobierno entendemos el medio ambiente como un aliado del crecimiento y de la generación de empleo y tratamos de compatibilizar la protección y defensa del litoral con el desarrollo y la promoción turística de nuestra costa y hoy lo hacemos cuidando la calidad de nuestras aguas», comentó.

El esfuerzo económico al que ayer se comprometieron Gobierno y Junta de Andalucía permitirá, según la ministra, seguir avanzado en el objetivo de «mejorar la calidad de nuestras aguas, proteger nuestra costa y tener más protegidos nuestros ríos»

Fiscal calificó de «histórico» este protocolo y resaltó que Málaga tendrá un respaldo importante en las actuaciones de depuración que restan en la provincia. «Es un ejemplo bueno de colaboración entre las administraciones, aunque mediáticamente tiene más recorrido el enfrentamiento» ironizó.

El protocolo tiene una vigencia de cuatro años con la posibilidad de prórroga de otros cuatro.

Tanto la ministra como el consejero coincidieron en que el tema del agua debe ser una «cuestión de estado»

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