La Fiscalía rechaza que se hayan vulnerado derechos en la instrucción del 'caso Hidalgo'

El ministerio público defiende que los autos judiciales cumplían con los requisitos de proporcionalidad y motivación

SUR MARBELLA.

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado que se haya producido vulneración de derechos fundamentales como alegaron los abogados defensores y ha asegurado que hubo indicios suficientes en los informes policiales para pedir la entrada y registro y las intervenciones de las comunicaciones.

Ayer se celebró en la Ciudad de la Justicia de Málaga la segunda sesión de este macrojuicio, en el que se juzga a doce encausados por blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública en torno a un despacho de abogados ubicado en la localidad malagueña de Marbella.

El ministerio público, que ha abierto el turno de respuesta de las acusaciones a las cuestiones previas planteadas por las defensas, ha defendido que los autos judiciales cumplían todos los requisitos de proporcionalidad y de motivación.

Debido a ello, el fiscal ha considerado que todas las pruebas obtenidas por los investigadores son legítimas y deben ser sometidas a valoración en la vista oral.

Investigación prospectiva

También ha indicado que no hubo investigación prospectiva ni general, como ayer aseguraron las defensas, y ha explicado que el auto de inicio de las pesquisas se refiere a personas y delitos concretos, aunque paulatinamente se fue ampliando el objeto de la investigación.

Sobre la falta de imparcialidad del juez instructor, dice que se ha alegado de una forma genérica, sin haber concretado los abogados en qué resoluciones y qué consecuencias habrían tenido y ha destacado que no es un trámite para cuestionar la labor del juez sino para delimitar el objeto del juicio.

En su día, los investigadores señalaron el despacho de Cruz-Conde en Marbella como el principal eje de la trama delictiva de esta causa, que se destapó en abril del 2007 con una operación policial en la que se practicaron veintitrés detenciones, que se elevaron posteriormente a una treintena.

Finalmente Anticorrupción solicitó juicio oral contra catorce personas, aunque son nueve los que siguen sentados en el banquillo de los acusados, tras dos retirada de acusación, el acuerdo con uno de los procesados y dos que están enfermos.

Ayer los abogados defensores criticaron la instrucción, y lamentaron «expresiones alarmistas» en los informes policiales para «lograr la artificiosa criminalización de los abogados», con informes policiales tendenciosos y vacíos, según estos letrados.

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