El fiscal se opone al sobreseimiento del 'caso PGOU' pero accede a que se aparte a la exedil de Urbanismo

Alba Echevarría, al llegar al juzgado para declarar en mayo de este año. /Josele-Lanza -
Alba Echevarría, al llegar al juzgado para declarar en mayo de este año. / Josele-Lanza -

El instructor deberá decidir ahora si sigue adelante después de que las defensas pidieran que no se continúe con el proceso

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

El fiscal del área de Marbella, Julio Martínez Carazo, se opone al sobreseimiento de la causa conocida como 'caso PGOU que habían pedido las defensas de la exalcaldesa Ángeles Muñoz y del vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas. Así lo pone de manifiesto en un escrito remitido al juez en respuesta a esas peticiones en el que también comunica que no se opone al sobreseimiento en relación a la exconcejala de Urbanismo Alba Echevarría, que también se encuentra en condición de investigada.

La posición del fiscal es en respuesta a las peticiones formuladas por las defensas de Muñoz y De las Cuevas. La de la exalcaldesa argumentó que tras los testimonios y pruebas recabados en la instrucción se comprobó que la denuncia que dio origen a la causa no se ajustaba a la verdad, y la del funcionario, que no ha habido falsedad alguna porque los concejales que votaron el PGOU en 2009 estaban informados de su contenido.

En su escrito, el fiscal sostiene que el vicesecretario no ha podido explicar por qué en el acta del pleno figura que se dio cuenta del documento que informaba de la modificación de 22 de los planos del PGOU cuando en la sesión no se dio, a su juicio, esa información a los concejales.

En ese sentido, señala que el funcionario «quiere justificar el contenido del acta del pleno y su coincidencia con lo que se informó a todos los concejales» con una mención que hace una vez transcurrido el debate. También sostiene que no pudo dar explicación alguna a que en el acuerdo final que se contiene en el acta del pleno no contenga mención a la sustitución de los planos.

En su escrito, el fiscal sostiene que no ha habido acuerdo entre los testigos que han prestado declaración hasta el momento en relación a si la sustitución de 22 de los planos supuso una modificación sustancial y se debería haber sido sometido con carácter previo a exposición pública.

Nuevos testigos

Por todo ello pide que se continúe con la causa y solicita que se cite a nuevos testigos: las dos funcionarias que transcribieron el vídeo del pleno del día 29 de julio de 2009, cuando se aprobó el PGOU; la persona que supuestamente entregó la documentación presentada por el equipo redactor al vicesecretario; el exedil del PP Diego Eyzaguirre, y la exportavoz socialista en el Ayuntamiento Susana Radío.

Según el concejal del PP Carlos Alcalá, «el relato del fiscal coincide a pies juntillas con lo que Muñoz ha manifestado desde el minuto uno, es decir, hubo reuniones en la Junta de Andalucía, hubo un informe del Consejo Consultivo, el equipo redactor del PGOU, que nada tenía que ver con el Ayuntamiento sino que lo puso la Junta, hizo las modificaciones y alteraciones en el planeamiento».

El edil ha asegurado que el PSOE «estira este caso como un chicle para sacarle rendimiento político», para lo cual, ha señalado, «sigue proponiendo testigos y testigos». «Si el fiscal sigue manteniendo el mismo relato, acabará con el archivo del presente asunto. Aquí hay muy poco recorrido. Se trata de una persecución política contra Muñoz, la rival más importante del PSOE en Marbella», ha agregado.

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