Expertos critican la falta de celeridad en la normalización del urbanismo en Marbella

Luis Merino, Ángeles Muñoz, Francisco Oblaré y Manuel del Valle. / Josele-Lanza -

Aseguran que el municipio no puede permitirse guiar su planeamiento sobre un documento de hace tres décadas durante más tiempo

Mónica Pérez
MÓNICA PÉREZMarbella

Una de las conclusiones de las ponencias enmarcadas en las jornadas organizadas por la Unión Cívica del Sur de España (Civisur) –colectivo constituido para fortalecer las relaciones entre Sevilla y Málaga– tras la anulación del PGOU de Marbella de 2010 hacía una recomendación clara a las administraciones competentes para que, con idea de limitar los efectos de dicha anulación, actuasen con «agilidad, rapidez y dentro de la legalidad para normalizar el desarrollo urbanístico de Marbella». Más de un año después de aquel debate que reunió a un buen puñado de expertos como arquitectos, urbanistas y economistas, se han publicado las conclusiones. Ayer, tocó analizar algunas de ellas echando la vista atrás sobre la situación actual del proceso de normalización urbanística de Marbella. Los profesionales coinciden en un punto: se ha avanzado, pero muy poco e incluso aseguran que «se ha perdido un tiempo precioso».

«Que esto no se entienda como un ataque a Marbella. Este estudio y estas conclusiones lo que tratan es de detectar problemas y aportar soluciones que ponemos a disposición de las administraciones», explicaba desde el atril uno de los codirectores de Civisur, Manuel del Valle, quien previamente había repasado la lista de argumentos que el Tribunal Supremo ofreció para sostener la anulación del planeamiento de 2010, entre ellos, como recordó, que «los planes generales no tienen entidad normativa para solucionar problemas que van contra una legislación superior», en referencia a la posibilidad de normalización de viviendas ilegales que ofrecía el plan del 2010. «Un plan no debe redactarse para resolver problemas del pasado sino para afrontar los del futuro». Del Valle destacó la dificultad que entraña el hecho de que el urbanismo de Marbella de hoy tenga que regirse –como está ocurriendo desde que el anuló el planeamiento de 2010– por un plan de hace 30 años. Por ello, urgió a dar los pasos necesarios que desemboquen en un nuevo documento. «En aquellas jornadas decíamos que era urgente afrontar un problema que afectaba de forma grave a la ciudad y dos años después no sabemos todavía ni cómo se va a afrontar».

En la misma línea fueron el resto de argumentos de los participantes en el encuentro, presidido por la alcaldesa Ángeles Muñoz y el diputado de Fomento, Francisco Oblaré, quien igualmente apuntó la importancia de «dar normalidad y seguridad jurídica cuanto antes a Marbella», y que no se puede seguir trabajando con un planeamiento del siglo pasado. Oblaré defendió la labor del equipo de gobierno liderado por su compañera de partido, Ángeles Muñoz.

La publicación, estructurada en tres partes, recoge las ponencias de cada una de las tres mesas de debate que se organizaron. El vicepresidente de Unicaja, Manuel Atencia, era ayer el encargado de abordar el debate en cuanto al apartado económico, poniendo el acento en que lo que ocurre en Marbella «es un asunto de interés regional», especialmente desde el punto de vista económico. Atencia subrayó la posición de liderazgo que ya ocupaba Marbella en el año 2015 cuando se anuló el plan. «Era punta de lanza de la recuperación económica tanto en bajada del paro como en creación de empleo o en compra y venta de viviendas, con cifras similares a las de antes de la crisis». Atencia ya advertía en las conclusiones de su ponencia en marzo de 2016 de la necesidad de dar agilidad a la normalización del urbanismo, destacando que «la incertidumbre, la falta de seguridad jurídica, real o por contagio, no es lo mejor para la inversión», y añadía entonces: «puede ser en cierta medida un freno para el desarrollo de Marbella, que conviene aclarar».

El freno a las inversiones lo ha constatado el paso del tiempo. Atencia hacía alusión ayer además a la incidencia de la situación sobre la compraventa de viviendas ante las «dificultades para la tasación por los problemas jurídicos» en algunos casos.

Pese a todo, el abogado quiso hacer un «canto a las esperanza» sin olvidar, apuntó, que la ciudad necesita un nuevo planeamiento y rapidez. «Sorprende que, por ejemplo, tenga que pasar tanto tiempo para tener el texto refundido del PGOU».

Los fallos del plan del 2010

Los ponentes tampoco obviaron que a la situación actual se llega por la anulación de un plan que no se realizó correctamente, entendiéndose dicha anulación como una «desautorización» a sus redactores.

Francisco Barrionuevo criticó igualmente la «desmesura en el tiempo» que está viviendo la ciudad para contar con un nuevo PGOU. «Se han cumplido dos años desde la anulación de plan y en las jornadas de marzo de 2016 hablábamos de un horizonte de no más de tres años para tener un nuevo plan, pero vemos que eso está muy lejos»,

Luis Merino, copresidente de Civisur, fue claro al defender que «se está perdiendo un tiempo precioso» en la normalización urbanística en Marbella. «Se ha generado una inseguridad jurídica y legal y creado una nebulosa que puede dar lugar a situaciones no deseadas». En este sentido, puso a disposición de las administraciones, tanto local como autonómica, las conclusiones realizadas ya desde Civisur a la restitución de la normalidad urbanística, así como cualquier otra aportación.

Muñoz defiende la «gestión del día a día» para restituir seguridad urbanística

«Si un año y medio después de aquellas jornadas las reflexiones que se hacían entonces son actuales, eso nos hace pensar que se ha perdido un tiempo magnífico». Es la crítica a la que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, se sumó en el cierre de la presentación de la publicación de Civisur. Para la regidora, la respuesta ante la situación en la que quedó el urbanismo tras la anulación de plan de 2010 debió ser «meditada», pero igualmente afrontada con la suficiente agilidad «para dar una salida a esa situación». Y en ese trabajo, indicó, «es en el que nos teníamos que haber puesto a trabajar todos juntos».

En opinión de lar regidora, durante los dos años que han transcurrido desde la anulación del plan –y que han coincidido con el gobierno tripartito en el Ayuntamiento de la ciudad– «no se ha hecho lo que se tenía que hacer, y se han perdido oportunidades para Marbella, pero también se han generado situaciones indeseables para muchas familias, y no se ha logrado esa seguridad jurídica». Muñoz defendió que ante el tema del urbanismo en Marbella «se debe priorizar la gestión del día a día, con el tratamiento de las licencias, la normalización, la aprobación del texto refundido del PGOU, y con la las normas urbanísticas, que ya va siendo hora de resolver las alegaciones que se presentaron».

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