El PP de Estepona sustituye un cargo de confianza y presume de no despilfarrar con este personal

El PP de Estepona sustituye un cargo de confianza y presume de no despilfarrar con este personal

Los populares se auto impusieron como límite al comienzo de la legislatura la contratación de 13 cargos de confianza y cuentan con 12

Charo Márquez
CHARO MÁRQUEZ

El nombramiento de personal de confianza suele acarrear críticas, pero el equipo de gobierno del PP de Estepona lo utiliza como medio de promoción por las limitaciones que se autoimpone. El Ayuntamiento informó ayer de los cambios que se van a producir en el personal eventual. El equipo de gobierno va a nombrar como personal eventual al abogado Pedro Antonio Ramírez y va a decretar el cese de Teresa García, que abandona sus actuales funciones como asesora con motivo de su jubilación.

A partir del 1 de septiembre, el área municipal de Gestión y Disciplina Urbanística se verá reforzada con la incorporación de Pedro Antonio Ramírez.

Desde el equipo de gobierno aprovecharon para recordar que el PP continuará disponiendo de 12 cargos de confianza, «lo que supone un 23 por ciento menos de puestos con respecto al anterior mandato, y un 42 por ciento menos en comparación con los existentes durante el gobierno socialista», señalaron.

Al inicio de este mandato, el equipo de gobierno fijó en pleno que se podría contratar a un máximo de 13 cargos de confianza frente a los 17 del anterior mandato. Desde el punto de vista económico esto suponía, según el PP un ahorro de 100.000 euros anuales para las arcas municipales.

Por otra parte, desde el equipo de gobierno recalcaron ayer que todos los cargos de confianza actuales cesarán cuando cese el cargo político que los ha contratado, «a diferencia de la política llevada a cabo por el anterior gobierno socialista, que contrató a parte de éstos en las empresas municipales para que posteriormente pudieran consolidar su puesto de trabajo en el Ayuntamiento», criticaron. Añadieron que el anterior gobierno socialista llegó a contratar a cargos de confianza como personal de alta dirección en las empresas municipales, «lo que supuso que percibiesen sueldos que superaban los 100.000 euros anuales».

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