NI UNA LUZ DE ESPERANZA

NI UNA LUZ DE ESPERANZA

LAS POSIBILIDADES DE QUE LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COSTA DEL SOL SE DESBLOQUEE EN UN FUTURO PRÓXIMO SON CERO

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

HAY equivocaciones que permiten darse de cara con la realidad. La Junta de Andalucía envió el pasado jueves una convocatoria de prensa sobre la visita, al día siguiente, de la consejera de Salud, Marina Álvarez, a la provincia de Málaga. La convocatoria anunciaba que Álvarez abordaría en su visita el proyecto del nuevo hospital y por un momento una lectura superficial y apresurada encendió una luz que apenas tardó una fracción de segundo en apagarse. La visita de la consejera tendría dos paradas en la provincia de Málaga. La primera, en Málaga capital, era para abordar con el alcalde el proyecto del futuro hospital. La segunda etapa de la visita, en Marbella, no era para abordar ningún proyecto ni para dar noticias acerca de la ampliación del centro sanitario, sino para presidir el acto de entrega de la placa que acredita el Premio Nacional Best in Class (BIC) a la Agencia Sanitaria Costa del Sol en la categoría de Mejor Hospital 2017.

Es decir, que la consejera no venía a Marbella a encender ninguna luz de esperanza sobre la ampliación del hospital de Marbella, sino a certificar la calidad y profesionalidad de los sanitarios que allí trabajan, algo que por otra parte ya sabíamos.

Después de varios intentos de llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria y que todos se frustraran a la hora de hacer cuentas y determinar cuánto dinero tenía que soltar, la Junta de Andalucía ha tirado la toalla en el asunto del hospital.

Ellos tienen un relato y Marbella tiene una obra parada que va camino de cumplir una década.

Gran parte del debate político de esta semana ha estado centrado en la asociación 'Despertar sin violencia', una entidad supuestamente dedicada a defender y proteger a víctimas de maltrato que se situó en el centro de la polémica tras compartir en su página de Facebook un artículo que defendía a los miembros de 'la manada' y atacaba a la víctima de la agresión sexual protagonizada por estos. La asociación Marbella Feminista reclamó que se le retire la subvención que el Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, le concedió este año, petición a la que se sumaron primero Izquierda Unida y Podemos y posteriormente el PSOE.

Después de que el asunto saltara a los medios nacionales, con la falta de rigor a que muchos de ellos nos tienen acostumbrados cuando abordan cuestiones relativas a Marbella, el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, anunció el pasado jueves que pediría un informe sobre la posibilidad de que la ayuda le sea retirada -una iniciativa difícil de concretar por las dificultades legales que acarrearía- y la alcaldesa, Ángeles Muñoz, compartió un mensaje en la que aseguraba que el asunto está desde el primer momento en manos de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, ya que una asociación que dice defender a las víctimas de violencia de género y comparte estas afirmaciones «no merece ninguna ayuda pública».

Lo cierto es que aunque es ahora cuando la asociación ha saltado a la luz pública, ni las subvenciones que recibe del Ayuntamiento ni sus posturas al menos discutibles y polémicas sobre el grave problema de la violencia de género son nuevas. 'Despertar sin violencia' viene recibiendo ayudas públicas municipales desde 2011. Primero, entre 2.000 y 2.500 euros anuales, cantidad que creció hasta los 4.000 euros anuales en 2014 y a 6.350 euros en 2016, año en el que también se le cedió un local municipal en San Pedro. Al año siguiente, al cambiarse el sistema de concesión de este tipo de ayudas -que pasó de ser nominativa a por concurrencia- la asociación no optó a las mismas, y este año, cuando el sistema volvió a ser nominativo, se le concedieron 9.000 euros, atendiendo a que el año anterior no había recibido nada.

La asociación emitió el pasado jueves un comunicado en el que anunciaba que retiraba de su página de Facebook el artículo que había levantado polémica y explicaba que su criterio es colgar todo lo que puede resultar de interés, sin entrar a valorar su contenido. Aunque es cierto que de la visita a esa página no se puede deducir un criterio sobre cuál es la postura de la asociación sobre la violencia machista, la propia falta de criterio resulta bastante aleccionadora sobre la naturaleza de esta entidad.

De hecho, se trata de una asociación que no utiliza la expresión violencia machista, ni violencia de género, sino violencia doméstica, y que en algunas de las entradas de su página web lamenta que en España la ley «solamente contempla la violencia contra la mujer». En varias comparecencias públicas, su portavoz ha defendido que también existe violencia de las mujeres contra los hombres, lo que la ha llevado a polemizar con colectivos feministas, que ponen sobre la mesa las abrumadoras cifras que demuestran un grave problema de violencia machista, y no a la inversa, en España.

Por eso, quizás la pregunta no debería ser si se le debe retirar la subvención, sino cómo es posible que haya recibido ayudas públicas durante tanto tiempo. Más allá de los inevitables episodios de oportunismo político, y teniendo en cuenta que esta dudosa asociación ha recibido fondos públicos con gobiernos de diferente signo, este episodio debería invitar a actuar con mayor rigor a la hora de decidir el destino del dinero de todos.

El debate se centra ahora en cómo retirarle la última ayuda que ha recibido, de 9.000 euros y si hay margen legal para hacerlo. Posiblemente baste con advertirles que después de cómo se han comportado tendrán muy difícil justificar el año próximo los gastos realizados, por lo que podrían verse obligados a devolver lo que, con una confianza que ha sido defraudada, se les ha entregado.

El pasado jueves a mediodía el centro de Marbella permaneció paralizado por una amenaza de bomba que resultó ser falsa pero que obligó a desplegar el protocolo previsto para estos casos, con un corte del tráfico en Ricardo Soriano que colapsó la ciudad durante dos horas.

Ante la falta de certezas, y también por las normas deontológicas que aconsejan no difundir este tipo de amenazas anónimas debido al efecto multiplicador que esas conductas generan, algunos medios optamos por la prudencia, lo que no evitó que la red se llenara de bulos y noticias falsas que iban, a cual más disparatada y alarmante, desde un atraco con rehenes a una amenaza del terrorismo yihadista.

Durante dos horas, a través de páginas de las redes sociales y de los grupos de WhatsApp estas falsas noticias y especulaciones alarmaron a personas que no sabían qué estaba pasando. Fue una oportunidad, una más, para reflexionar acerca de mal llamado periodismo ciudadano, de la obligación de los periodistas, cualquiera sea el soporte sobre el que trabajan, de publicar certezas y no especulaciones, de la obligación de imponer el rigor a la inmediatez y de la necesidad de dejar algo tan sensible y necesario para el conjunto de la sociedad, como es la información, en manos de profesionales.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos