El PP encuentra el respaldo de IU y Podemos en su apoyo a los vecinos de la Divina Pastora

La edil del PP, Ángeles Muñoz, conversa con los concejales de CSSP antes del pleno.
La edil del PP, Ángeles Muñoz, conversa con los concejales de CSSP antes del pleno. / Josele-Lanza -

La coalición de izquierdas se desmarca por primera vez de sus socios de gobierno y vota a favor de reubicar los contenedores soterrados en el barrio

Mónica Pérez
MÓNICA PÉREZMarbella

El PP de Marbella logró los apoyos suficientes para sacar adelante ayer las dos mociones que defendió en el pleno municipal. Una de ellas, en la que se insta al tripartito a que se elimine la actual ubicación de los contenedores de basura soterrados en la plaza de la Divina Pastora y a abrir un proceso de debate y consenso para la búsqueda de una ubicación distinta. Para ello, los populares contaron con el apoyo de los dos ediles de CSSP-Podemos, así como de los dos concejales de IU, quienes por primera vez en lo que va a mandato se desmarcaron del voto de sus socios de gobierno (tanto PSOE como OSP se abstuvieron en el punto). La moción del PP incluyó dos enmiendas del grupo de CSSP. Una de ellas, dejando claro que para el debate que ahora habrá de abrirse «se deberá contar con la opinión de los vecinos y vecinas usando herramientas telemáticas de debate y presentación de propuestas y de votación entre los empadronados en el distrito mediante el sistema: una persona, un voto». En la segunda, recogen que el Ayuntamiento «abrirá un proceso de debate proponiendo modelos alternativos a las islas ecológicas que incluirá un proceso informativo sobre las ventajas e inconvenientes de cada sistema. Para ello, se podrán usar los canales información del Ayuntamiento con coloquios, entrevistas a expertos o encuestas».

La edil y exalcaldesa Ángeles Muñoz, encargada de presentar el punto, pidió al tripartito «sentido común» en este caso, lamentando que no todos los colectivos que habían solicitado tener voz en el pleno hubieran obtenido una respuesta satisfactoria, como los representantes de la iglesia del barrio o los empresarios. Aun así, la presidenta de la Asociación de Vecinos La Concha, Amparo Vergara, tomó la palabra para pedir directamente al alcalde José Bernal que se reconsidere la postura sobre la ubicación de las islas ecológicas de contenedores soterrados. «Pedimos que el asunto quede fuera del enfrentamiento político. No podemos admitir que no se nos escuche. Esta situación solo crea malestar en una barriada y pedimos una solución para todos. Pedimos al alcalde que tenga en cuenta la demanda de los vecinos. La nueva plaza no se merece tener estos contenedores junto a la iglesia y los queremos en superficie».

Tanto el concejal de Podemos, Kata Núñez, como el portavoz de IU, Miguel Díaz, reprocharon a los populares que mientras gobernaron no dieran voz a los vecinos en conflictos como la demanda del colegio Teresa de León. Aún así ambos grupos apoyaron la propuesta.

Los populares sacan adelante, gracias a la abstención de CSSP, su propuesta sobre el centro ambiental

Desde la bancada socialista, el concejal de Limpieza, Francisco García, reiteró que las alternativas a la ubicación actual «están claras y explicadas: o se ponen en la puerta del bar, o bajo el balcón de los vecinos, o en la puerta de la guardería», expuso, provocando gritos de protesta de los vecinos de Divina Pastora que acudieron al pleno.

García insistió en que las actuales islas ecológicas que se han colocado en la remodelación de la plaza «están solo a un metro y 58 centímetros de los contenedores que existían en superficie», una afirmación rebatida tanto por los vecinos como por la propia concejala Ángeles Muñoz.

Impulso al centro ambiental

No fue este el único punto en el que los populares salieron airosos del debate. La abstención de CSSP-Podemos permitió sacar adelante la propuesta para que los extrabajadores del centro ambiental de Huerta del Peñón que se constituyeron en cooperativa puedan gestionar el centro mientras el equipo de gobierno define si se abre un nuevo concurso o se municipaliza un servicio con el que no cuenta la ciudad desde hace más de un año.

El equipo de gobierno repite hasta la saciedad que los informes de la asesoría jurídica no permiten realizar una cesión directa al estar la planta sobre un terreno calificado como patrimonio municipal. «Marbella no puede permitirse no tener ni un vertedero ni una planta de tratamiento de residuos. No se puede mirar para otro lado», defendió Ángeles Muñoz.

Las palabras de la popular recibieron un aluvión de críticas desde la bancada contraria por cuanto se sacó a relucir que el gobierno del PP, «como también hizo el del GIL», -criticó el concejal de IU, Miguel Díaz- «mantuvo abierto un vertedero que era ilegal y que se dedicada a enterrar miles de toneladas de residuos diarios». En este mismo punto, Kata Núñez habló de la «doble moral del PP». «Traigan los argumentos jurídicos que permitan ceder esta actividad directamente a la cooperativa de extrabajadores y se lo aprobaremos», espetó por su parte el concejal de Hacienda, Manuel Osorio al PP. Ángeles Muñoz defendió durante su intervención la «existencia de fórmulas legales para que de forma provisional se hagan cargo de esta actividad».

En cualquier caso, como explicó el concejal de Sostenibilidad, Miguel Díaz, cualquier paso que se dé sobre este asunto debe aún esperar a que el Consejo Consultivo de Andalucía resuelva sobre el conflicto abierto con la antigua concesionaria que, pese a renunciar unilateralmente a seguir trabajando, ha recurrido el proceso de resolución de la concesión iniciado por el Ayuntamiento.

El pleno, en el que tanto los concejales del PP como los de CSSP incidieron en la falta de limpieza en el municipio, dio luz verde precisamente a la nueva ordenanza reguladora de Recogida de Residuos y Limpieza, que finalmente recibió el respaldo de todos los grupos. La ordenanza renueva la que estaba vigente desde el año 2001 que, como subrayó Francisco García, «estaba totalmente obsoleta». Entre las novedades que introduce destacan la separación de la limpieza viaria de la recogida de residuos y la diferenciación de las sanciones, ya que las de residuos pueden llegar a cuantías mucho más altas que las de la vía pública. Además, se regula el funcionamiento de puntos limpios y se hace una separación entre la limpieza de vía pública por el uso de ciudadanos con la de diferentes usos específicos y su correspondiente responsabilidad.

Al responsable de Hacienda, Manuel Osorio, le tocó dar cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2016. El ejercicio se cierra con un remanente de Tesorería de 54 millones de euros. La ejecución presupuestaria se queda en el 74%, «si bien no corresponde a un año completo, sino que tuvimos cuatro meses menos», defendió Osorio. Fue este porcentaje en el que se centraron las críticas de la oposición. Desde el PP, Kika Caracuel criticó la «baja ejecución en el capítulo dei inversiones, con actuaciones pendientes como el arreglo del paseo marítimo -dijo- o el plan de barrios, o la no puesta en marcha de dos planes de empleo pendientes», algo que calificó de «sangrante».

Valentía o cobardía política

Para la edil de CSSP, Victoria Mendiola, «cumplir los objetivos comprometidos no es mérito», instando ademas al tripartito a incumplir la regla del gasto poniendo en marcha un plan económico y financiero, una medida que no es la primera vez que se propone desde la formación y que, según la edil, «está funcionando en los ayuntamientos del cambio». Mendiola pidió a Osorio «valentía política» para hacerlo. El concejal de Hacienda respondió acusando a los ediles de Podemos de «cobardía política» . «Estar ahí escondidos sin querer gobernar. Eso es cobardía política. No me hablen a mi de valentía política».

Más fondos para la lucha contra la violencia machista y el Plan Municipal de Igualdad para los trabajadores municipales fueron otros puntos que salieron adelante en el pleno por unanimidad.

Facturas de la luz en la A-7

También lo hizo la moción de IU reclamando al Gobierno central que termine con los «puntos negros» de la autovía A-7. De un lado, se exige a Fomento que asuma el pago de las facturas por la iluminación de algunos tramos de la autovía que actualmente viene abonando el Ayuntamiento; así como a la concesionaria del peaje en la autopista para que se haga cargo del pago en los tramos que conectan el túnel de Nagüeles hasta La Cañada y hasta Río Verde.

Desde Marbella se reclama además al Ministerio «que resuelva los problemas de señalización, balizado y de seguridad de peatones y conductores en tramos de la A-7 y la AP-7; que se inicie la consolidación de una pasarela peatonal a la altura de la rotonda de Benabolá con Puerto Banús con la mejora a las conexiones peatonales en el paso inferior de la A-7 en esta zona; y que libere el peaje entre el enlace de San Pedro Alcántara y Marbella para prolongarlo, al menos, hasta el cruce con la carretera de Benahavís, lugar en el que tendría que establecer un nuevo enlace y un nuevo punto de peaje».

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