Un empleado exige su readmisión después de que el TSJA declarase nulo su despido

PABLO COLLANTES

marbella. A Miguel Ramos todavía le cuesta conciliar el sueño cada noche. Desde hace más de dos años, vive inmerso en un lento proceso judicial para recuperar el puesto como jardinero del que nunca debieron echarle. En 2009, Ramos tomó la decisión de fundar junto a algunos de sus compañeros un comité de empresa para denunciar irregularidades en Sagesa, la empresa de mantenimiento marbellí para la que tr abajó durante más de una década.

Desde ese momento, el empleado se percató de que la relación con sus jefes se tornaba más hostil y denunció la presión que recibían tanto él como sus compañeros. «Limitaron nuestras funciones, me destinaron lejos de casa y me redujeron la jornada». Lejos de conformarse, Ramos continuó su batalla personal, hasta que en 2015 le abrieron un expediente disciplinario por denunciar desde el comité la reducción de un 5% en los salarios. El expediente fue solo el preámbulo de lo que ocurriría meses más tarde. En mayo de ese mismo año, Ramos fue suspendido de empleo y sueldo por testificar a favor de un compañero que también había denunciado a la empresa. «Me echaron por informar a mis compañeros de sus derechos», explica.

El embrollo judicial debía haber terminado el pasado 9 de junio, después de que el TSJA ratificara la demanda interpuesta a su empresa y exigiera a esta última «su readmisión de inmediato». Sin embargo, tres meses más tarde, 'Miki', como le conocen sus compañeros y amigos, tiene las puertas cerradas de la empresa después de que se negasen a readmitirlo activando un segundo despido «bajo excusas inconsistentes». La empresa acumula ya varias sentencias judiciales por vulneración de derechos fundamentales. Mientras toma las medidas legales oportunas, se concentrará hoy junto a sus compañeros a las 11.00 horas en el Parque de la Alameda para denunciar una represión que parece no tener fin.

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