La defensa de Carlos Fernández pide que se declaren prescritas sus causas tras 11 años prófugo

Carlos Fernández, cuando fue juzgado en 2003 por malversación. /SUR
Carlos Fernández, cuando fue juzgado en 2003 por malversación. / SUR

Ha remitido escritos a los juzgados en los que pide que se emitan declaraciones de oficio que le permitirían volver sin pisar la cárcel

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

La defensa del exedil de Marbella Carlos Fernández ha remitido sendos escritos a dos juzgados de Marbella en los que el exconcejal tiene causas pendientes para que emitan una declaración de oficio sobre la prescripción de las mismas. Uno de estos juzgados es el de Instrucción número 5 de Marbella, donde se tramitó el ‘caso Malaya’. El otro es el Juzgado de Instrucción número 3, donde Fernández también tiene causas pendientes.

Según ha explicado a este periódico Antonio Fernández, abogado y hermano del exedil, la defensa considera que ambas causas ya están prescritas, por lo que pide que se expida la correspondiente declaración de oficio de la prescripción. En ‘Malaya’, Carlos Fernández estaba señalado como posible autor de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y cohecho pasivo, aunque nunca llegó a ser formalmente imputado porue huyó antes de ser detenido en la segunda fase de la operación. Los acusados que estaban en una situación similar a la suya fueron condenados por cohecho pasivo.

La defensa, cuya personación no ha sido aún reconocida aún por los juzgados, rastrea si existen otras causas en las que pudiera estar implicado el exconcejal.

Fernández no adelantó si su hermano tiene previsto regresar a España, de donde lleva más de once años huido, pero afirmó que independientemente de su decisión tiene el derecho a que se declare la prescripción de las causas en las que está incurso.

El exconcejal, elegido primero por las listas del GIL y posteriormente por las del Partido Andalucista, fue condenado en 2005 a dos años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos por apropiarse de más de 80.000 euros del club de futbol de San Pedro. Esta condena, según su defensa, también está prescrita.

El rastro de Carlos Fernández se perdió el 27 de junio de 2006, durante el desarrollo de la segunda fase de la ‘operación Malaya’. Los policías que acudieron a detenerlo a su domicilio familiar se pusieron en contacto telefónico con él. Fernández les informó de que estaba haciendo el Camino de Santiago y que emprendía inmediatamente viaje de regreso a Marbella. Los policías le instaron a acudir a la comisaría más cercana. Fue la última noticia que se tuvo del exconcejal.

De todas las versiones que se dieron sobre su paradero, la más extendida fue que se había refugiado en Argentina. Marisol Yagüe llegó a afirmarlo durante su declaración en el juicio del ‘Malaya’, lo que motivó que el presidente del tribunal ordenara que esa declaración se remitiera a la policía. En el país sudamericano no consta que haya entrado con su nombre y número de pasaporte reales, según ha comprobado este periódico.

En el entorno familiar del exconcejal se asegura que vive en el extranjero «en contacto con gente muy poderosa» y que viene a España esporádicamente.

¿Qué condena le hubiese caído por el ‘caso Malaya’?

¿Cuál es la pena que le hubiese correspondido a Carlos Fernández de ser condenado por el ‘caso Malaya’? En su escrito de acusación, el fiscal situaba al edil huido en un plano de responsabilidad similar al de dos de las principales acusadas en el caso, la exalcaldesa Marisol Yagüe y la exteniente de alcalde Isabel García Marcos. En la sentencia, el tribunal siguió esta tesis y consideró que los tres eran los encargados de recoger y repartir los sobres del dinero que les entregaba Roca procedente de las aportaciones de los empresarios. Por esta causa, ambas fueron condenadas a tres años y medio de prisión (aunque a Marisol Yagüe le correspondieron dos años más por otro delito). Las dos siguen aún ingresadas en la cárcel. De allí puede deducirse que de haber sido juzgado y con las pruebas aportadas en el juicio, el exconcejal ahora prófugo podría haber sido condenado a una pena similar.

¿En qué momento prescribe?

La ley establece que el tiempo de prescripción para este tipo de delitos son diez años a partir del momento en que la causa deja de estar viva. Existen diferentes interpretaciones sobre el momento en que debería comenzar a correr ese plazo. Una considera que se debe contar desde el momento en que se interrumpió la causa contra el exedil al dictarse, en la ‘operación Malaya’ su busca y captura, situación que se produjo el 30 de junio de 2006. La otra entiende que la causa se mantuvo viva, por lo que debería iniciarse la cuenta desde el momento en que Fernández fue declarado en rebeldía,es decir, en mayo de 2010 cuando el juez instructor dictó el auto de apertura de juicio oral.

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