El TS declara firme la readmisión de un trabajador del servicio de ayuda a domicilio de Estepona

Los trabajadores han reclamado en varias ocasiones su readmisión en los plenos. /Charo Márquez
Los trabajadores han reclamado en varias ocasiones su readmisión en los plenos. / Charo Márquez

Se trata del primer auto del Supremo que pone fin a un proceso judicial que afecta a otras 15 trabajadoras

Charo Márquez
CHARO MÁRQUEZ

El Ayuntamiento de Estepona tiene abiertos dos frentes judiciales en materia laboral: las denuncias de los trabajadores municipales afectados por el ERE de 2012 y las de los empleados del servicio de ayuda a domicilio que fueron despedidos en 2016, a las que se suman las de las trabajadoras de este mismo colectivo que posteriormente fueron subrogadas a la empresa Arquisocial, concesionaria del servicio.

En este último frente, los trabajadores han ganado una importante batalla. El Tribunal Supremo ha declarado firme las sentencias, primero del Juzgado de los Social de Málaga y, posteriormente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que se declaraba improcedente uno de estos despidos y se obligaba al Ayuntamiento de Estepona a la readmisión. Se trata del único hombre del primer grupo de 16 trabajadores despedidos en 2016 y del primer auto del Supremo que declara firmes las sentencias.

El ponente del TS asegura en su auto, al que ha tenido acceso SUR, que la contratación temporal fue fraudulenta, que son firmes las sentencias anteriores y no admite el recurso interpuesto por el Ayuntamiento que pretendía unificar doctrinas basándose en otro despido, que sí se consideró procedente. Contra esta sentencia no cabe recurso, por lo que el equipo de gobierno deberá readmitir al trabajador.

El abogado sostiene que el Supremo mantendrá el mismo criterio con las otras 15 despedidasEl Ayuntamiento afirma que acata la sentencia pero no está de acuerdo con consolidar como fijos a los trabajadores

El magistrado ha rechazado las pretensiones del Ayuntamiento que comparaba el caso de este trabajador con el de una auxiliar administrativa que fue contratada para tareas de apoyo en la aplicación de la Ley de Dependencia a través de una subvención que la Junta de Andalucía concedió al Ayuntamiento. «El que el fondo de lo planteado sea el mismo no es suficiente puesto que de la exposición se evidencia la falta de identidad entre los supuestos enjuiciados y por tanto la ausencia de contradicción», que era lo que pretendía demostrar el Ayuntamiento en este recurso.

El auto argumenta que, en el caso de la administrativa, sus funciones estaban claramente definidas, que su puesto dependía de una subvención, que el contrato era temporal y por lo tanto era válida la extinción del contrato. Sin embargo, en el caso del trabajador de ayuda a domicilio, «el objeto del contrato es genérico, la obra no está identificada de forma clara y taxativa, sin que tampoco conste el servicio concreto en que el trabajador debía desempeñar sus funciones».

El abogado del colectivo de despedidos, Eduardo Alarcón, explica que el Ayuntamiento tendrá que readmitir ahora, «ya sin ninguna excusa», al trabajador además de estar obligado al abono de los salarios de tramitación. El letrado estima que la cantidad podría ascender a unos 35.000 euros de los que el denunciante tendrá que reintegrar lo que haya percibido en concepto de desempleo.

Los trabajadores afectados y los partidos de la oposición han reclamado en numerosas ocasiones al PP que cumpliera las órdenes de readmisión tras las sentencias favorables de los Juzgados de los Social y del TSJA, pero el alcalde, José María García Urbano, siempre ha mantenido que no cumpliría las sentencias hasta que fueran firmes.

El Ayuntamiento de Estepona respondió ayer que acata la sentencia del Tribunal Supremo; si bien, no comparte el criterio que en este caso han aplicado los tribunales pues considera que «permite que estos extrabajadores de ayuda a domicilio, que no han pasado por un procedimiento de oposición pública, se puedan consolidar como personal fijo de la Administración pública a través de esta reclamación judicial».

Las fuentes municipales recordaron ayer que el Consistorio contrató a los citados trabajadores de ayuda a domicilio a través de la bolsa municipal de empleo. «El objetivo de esta bolsa de empleo era realizar contrataciones de forma abierta, rotatoria y nunca por un plazo superior a los 12 meses. De esta forma, se garantizaba que un mayor número de personas pudieran optar a estos empleos», argumentaron.

De las 16 denuncias iniciales, esta es la primera que concluye su recorrido en el Tribunal Supremo dando la razón al trabajador. Otra también llegó al Supremo pero el Ayuntamiento no presentó en tiempo su escrito de recurso, por lo que también se considera firme. Dentro de las 14 restantes, una afectaba a una trabajadora embarazada y los tribunales declararon el despido nulo. Por lo tanto restan 13 casos que ya cuentan con sentencias favorables en los juzgados de lo Social, y algunas de ellas también en el TSJA .

El abogado está convencido de que el Supremo se pronunciará de igual forma en el resto de casos y mantendrá el criterio de considerar fraudulentos los despidos teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha utilizado el mismo argumento para sus recursos. Respecto a los salarios de tramitación, la cantidad total a la que tendrá que hacer frente el Consistorio, si finalmente se producen todas las readmisiones, puede superar los 500.000 euros. Arquisocial deberá incorporar al trabajador en las mismas condiciones que disfrutaba cuando fue despedido en agosto de 2016.

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