El PP cuestiona la legalidad de contratos de asesoramiento para el palacio formalizados por el tripartito

Félix Romero muestra los contratos denunciados. / Josele-Lanza -

El Ayuntamiento asegura que se realizaron «bajo un caso ficticio de concurrencia pública y sin expediente, aval ni pliego de condiciones»

Mónica Pérez
MÓNICA PÉREZMarbella

El equipo de gobierno bipartito del PP y OSP ha puesto en manos de los servicios jurídicos municipales la posibilidad de trasladar a la Fiscalía y a la Cámara de Cuentas, dos contratos realizados por el anterior Ejecutivo local tripartito para un servicio de asesoría jurídica externapara la sociedad municipal Palacio de Congresos. El concejal portavoz del PP, Félix Romero, asegura que estos contratos son «fraudulentos» y sostiene que ahora el objetivo será «dirimir las responsabilidades jurídicas y contables que se pudieran derivar».

Según los datos aportados por el concejal, se trata de dos contratos formalizados durante la gestión de Javier Porcuna como edil de Turismo y consejero delegado de la empresa del Palacio de congresos, con el bufete 2MS Abogados, con sede en Marbella, por importe de 17.500 y de 36.000 euros. El primero de ellos se formalizó en 2016 y el segundo sigue en vigor hasta febrero de 2019.

«Es una contratación chapucera que se tramita bajo un caso ficticio de concurrencia pública. Aparentemente se solicitaba el servicio a tres empresas distintas pero resulta que son todos miembros de un mismo despacho profesional», asegura Romero, quien tilda de «escandaloso» que desde el Ayuntamiento a través de las sociedades municipales «se pueda realizar una contratación con una simple orden, sin ningún tipo de expediente, de pliego de condiciones, ni aval. Entendemos que puede incurrir en una ilegalidad que lleve aparejado un perjuicio económico para las arcas municipales».

Según ha concretado el concejal del PP, el pliego de condiciones se sustenta en «folio y medio firmado por quien fue consejero delegado y portavoz del anterior equipo de gobierno, Javier Porcuna, sin justificación de por qué se llevaba adelante esa contratación». Félix Romero incide en la idea de que del asesoramiento jurídico de las sociedades municipales «se encarga al personal del Ayuntamiento a través de su asesoría jurídica». Y en este sentido critica que «un político no puede disponer del dinero de la Corporación adjudicándolo caprichosamente a quien lo desee».

El concejal popular ofrecía ayer más datos sobre el caso destacando que «en el segundo se incluyó también a un procurador de Fuengirola y la adjudicación, que se realiza de forma directa, se hace de nuevo a la misma empresa». En total, indica, «son más de 50.000 euros que se gastan sin ningún tipo de control, fiscalización e informe». En este punto, el portavoz del grupo municipal popular pone el acento en que «entendemos que se han vulnerado todas las cuestiones de la ley de contratos del sector público porque cualquier contratación que se realice desde cualquier sociedad debe tener las mismas cautelas y cumplir los requisitos que cualquiera que se haga desde el Ayuntamiento».

Romero asegura que «se están analizando» otros casos similares y defiende que desde la oposición «ya planteamos que muchas de la maneras que habíamos percibido del anterior Gobierno nos recordaban a las que habíamos conocido en la época de Gil».

La alcaldesa Ángeles Muñoz anunciaba en su día al recuperar la alcaldía que no se iban a revisar de oficio concesiones administrativas del anterior gobierno. Cuestionado sobre este asunto, Félix Romero responde que si bien «nuestro planteamiento ha sido no andar levantando alfombras», «otra cosa es que tengamos que pagar por cuestiones que no sean legales ni dar explicaciones que tienen dar otros». «No ha habido interés en buscarle las cosquillas al anterior equipo de gobierno pero no se pueden utilizar los fondos por capricho, ni se puede decidir de esa forma a quién le adjudicas los contratos del Ayuntamiento».

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