El PP considera una anomalía que todos los municipios tengan el mismo peso en la Mancomunidad

Félix Romero y Javier García. :: josele-lanza/
Félix Romero y Javier García. :: josele-lanza

Félix Romero adelanta que su partido recurrirá contra la sentencia que anula el cambio de estatutos

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

El Partido Popular recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJA que anula la modificación de estatutos de la Mancomunidad por la que se reemplazó la representación paritaria de todos los organismos que la conforman por una proporcional al número de habitantes. Así lo adelantó ayer el portavoz del PP en el organismo, Félix Romero, que aseguró que el cambio, aprobado en octubre de 2014 sólo con los votos de su formación política, obedecía a la necesidad de cumplir un mandato de la norma autonómica.

Romero recordó que la sentencia de primera instancia avaló el cambio, y que aunque el TSJA ha fallado en contra, se trata de un proceso judicial que todavía no ha terminado. «Somos respetuosos de lo que dice la justicia y sabemos que el proceso tiene una serie de escalones», dijo. En ese sentido, explicó que la decisión del TSJA no cuestiona el contenido de los nuevos estatutos, sino el procedimiento seguido para su aprobación. La sentencia señala que el cambio debió haber sido aprobado en cada uno de los plenos de los once ayuntamientos que integran el organismo, y no en el pleno de la Mancomunidad.

Según el dirigente popular, el cambio estuvo fundamentado. «No fue un deseo caprichoso, sino que la propia norma autonómica establecía que había que modificar los estatutos en ese sentido». Romero aseguró que lo que se estableció fue un procedimiento en el cual en lugar de aprobarse en cada uno de los plenos se planteó «con fundamento en normativa legal la aprobación de esa modificación por mayoría absoluta en la Mancomunidad de Municipios con los representantes que cada uno de los ayuntamientos mandaba a la Mancomunidad».

Procedimientos correctos

El portavoz popular subrayó que la sentencia de instancia estableció que los procedimientos eran correctos y que los estatutos eran conforme a ley, y que esta segunda sentencia dice que el procedimiento debería haber sido con aprobación en cada uno de los plenos de los ayuntamientos implicados

Ahora, ante la posibilidad de plantear un recurso de casación en el Supremo, los abogados del PP están estudiando cómo plantearlo para lo cual hay 30 días. «Nuestro planteamiento-dijo- es que es una modificación mandada por la ley que establece que debe haber una representación proporcional de cada uno de los ayuntamientos».

Romero cuestionó que los municipios pequeños puedan tener capacidad de veto en esto asunto, y aseguro que si un ayuntamiento de 4.000 habitantes pesa lo mismo que uno de 140.000, «evidentemente hay una anomalía y lo que dice la ley es que eso hay que reconocerlo de alguna forma, lo que no puede quedar ese procedimiento al albur de lo que decida el pueblo de 4.000 habitantes».

También afirmó que si la ley dice que hay que cambiar los estatutos y la justicia dice que hace falta una unanimidad de todos los ayuntamientos y hay una serie de ayuntamientos pequeños que bloquean la aplicación de la ley, en su opinión «hay argumentos jurídicos de peso para que en la casación se entienda que nos deben dar la razón. No debe haber una minoría de bloqueo», concluyó.

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