Conceden la libertad condicional al empresario Carlos Sánchez, condenado en el 'caso Malaya'

Imagen de archivo del constructor granadino Carlos Sánchez camino del juzgado de instrucción número 5 de Marbella para prestar declaración como imputado en el caso Malaya./Josele-Lanza -
Imagen de archivo del constructor granadino Carlos Sánchez camino del juzgado de instrucción número 5 de Marbella para prestar declaración como imputado en el caso Malaya. / Josele-Lanza -

Le sentenciaron a cuatro años y cuatro meses de prisión por blanqueo de capitales, cohecho y fraude

EFE

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número dos de Madrid ha concedido la libertad condicional al empresario Carlos Sánchez, condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión por blanqueo de capitales, cohecho y fraude en el 'caso Malaya'.

Vigilancia Penitenciaria ha acordado su libertad tras valorar que el interno, de 72 años y clasificado en tercer grado, tiene buena conducta, la antigüedad de los hechos delictivos, la ausencia de adiciones y su colaboración con la justicia.

Además, según el auto, al que ha tenido acceso Efe, también se ha tenido en cuenta que durante el largo periodo de libertad condicional no tenido incidentes negativos, su comportamiento siempre ha sido responsable y su estado de salud, aunque estable, es delicado.

En el auto se explica que se le impone la condición de seguimiento de los servicios sociales penitenciarios, que deberán informar a Vigilancia Penitenciaria "con carácter urgente" en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas.

El juicio del caso Malaya comenzó el 27 de septiembre de 2010 en la Sección Primera del Audiencia Provincial de Málaga con un total de 95 procesados por los delitos de blanqueo, malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación, entre otros.

Tras veintidós meses de vista oral, el juicio terminó después de celebrarse 199 sesiones, en 2013 el Tribunal dictó sentencia y, después de los correspondientes recursos en 2015, el Supremo dictó el fallo.

En enero de 2016 el Tribunal que juzgó el caso comenzó ejecutar la sentencia y ordenó entonces el ingreso de 28 acusados, condenados a más de dos años de cárcel y comenzó a tramitar la suspensión de la pena de prisión para otros 18 condenados si reparaban el daño causado y pagaban las multas que le habían sido impuestas.

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