Comienzan los trabajos para la retirada de la vidriera preconstitucional del Ayuntamiento

La vidriera ha sido cubierta con una lona en el interior del Ayuntamiento. /Josele-Lanza -
La vidriera ha sido cubierta con una lona en el interior del Ayuntamiento. / Josele-Lanza -

Se trabaja desde un andamio a diez metros de altura para desmontar la estructura y la totalidad de las piezas, algunas de las cuales alcanzan los 80 kilos de peso

Mónica Pérez
MÓNICA PÉREZMarbella

El Ayuntamiento de Marbella dirá adiós antes de que termine este año a la vidriera con los símbolos preconstitucionales que desde hace décadas saluda a los visitantes de la casa consistorial de la Plaza de los Naranjos desde las escalinatas de la tercera planta del edificio. Las tareas para la retirada y sustitución por otra cristalera en la que se representará el escudo del Ayuntamiento de Marbella comenzaba ayer, bajo la supervisión del área municipal de Obras, con los trabajos previos de seguridad. En el interior del edificio se ha colocado una lona cubriendo la vidriera. El trabajo se concentrará en la parte exterior, en el patio, donde se ha levantado un andamio de 10 metros de altura.

La tarea no será fácil. La estructura sobre la que encajan cada una de las piezas se encuentra dañada, según se ha comprobado en las primeras intervenciones y se desconoce cómo puede responder cuando se comience a retirar parte del paño. Otro aspecto a tener en cuenta es que se trabaja a gran altura y manejando grandes volúmenes. La vidriera mide unos 9 metros cuadrados, con un grosor de 4 centímetros y con piezas que pueden llegar a alcanzar los 80 kilos de peso.

El calendario con el que se trabaja apunta a que el cambio estará realizado antes de final de año. De hecho, la colocación de la nueva cristalera está programada para el 22 de diciembre. Sólo la intervención para la retirada de la actual estructura y piezas tendrá un coste de 6.000 euros, cantidad a la que habrá de sumarse la nueva vidriera.

La intención es conservar la cristalera retirada, aunque habrá de determinarse el alcance de los daños que presenta la estructura

Fue el pasado 25 de noviembre cuando la alcaldesa Ángeles Muñoz anunciaba en el Pleno, en el debate de una moción presentada por CSSP reclamando la retirada de todos los símbolos preconstitucionales del Ayuntamiento, que ya se habían iniciado los trámites y que en dos meses la cristalera estaría retirada.

Aunque en principio se barajó la opción de sustituir solo las piezas que conforman los símbolos franquistas, el estudio realizado por el taller especializado contratado se decantó por la sustitución completa.

El consistorio marbellí da cumplimiento así de la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 que obliga a los ayuntamientos a retirar los símbolos franquistas. Y lo hace años después de que desde los grupos de la oposición se haya reclamado en reiteradas ocasiones que se hiciera efectiva. De hecho, la sustitución de esta vidriera concreta fue uno de los primeros anuncios que realizó el socialista José Bernal cuando tomó el bastón de mando en 2015 y durante la etapa del tripartito conformado por PSOE, IU y OSP se dieron los primeros pasos. Uno de ellos fue dirigido a determinar el posible valor histórico de la cristalera. Aunque en principio se pensó que su autoría correspondía a Vicente de Espona, este aspecto fue descartado. También se llegó a recoger en el presupuesto municipal de 2017 una partida de 20.000 euros para esta intervención.

La intención del actual equipo de gobierno pasa por embalar y conservar la vidriera retirada, si bien previamente habrá de determinarse el alcance de los daños que presenta la estructura colocada en su día por la Unión de Artistas Vidrieros Arrecubieta de Irún, como así certifica la firma estampada en el cristal. Al parecer, según testimonios orales, en torno a 1974. Los últimos trabajos de búsqueda realizados por un equipo de profesionales comandado por el archivero Francisco López certifica que el proyecto y los planos de esta obra fueron cedidos en su época al archivo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde ha sido imposible la localización de los documentos.

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